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Milei logra el apoyo de parte de la oposición para que su ley de reforma del Estado pase al Congreso

El dictamen es la llave que el oficialismo necesita para que su proyecto ómnibus avance hacia la Cámara de Diputados, donde se espera que empiece a ser tratado este jueves

Javier Milei en el foro de Davos (Suiza), el 17 de enero.
Javier Milei en el foro de Davos (Suiza), el 17 de enero.Markus Schreiber (AP)

La ley de reforma del Estado del presidente argentino, Javier Milei, será votada en el Congreso para su aprobación o rechazo. El oficialismo ha conseguido la madrugada de este miércoles que se firme un dictamen de mayoría, aunque con disidencias, sobre su iniciativa. Parte de la oposición ha dado al ultraderechista el apoyo necesario para que el proyecto, con el que Milei pretende modificar buena parte de la estructura política, económica y social del país, avance en el trámite legislativo. Se trata de un paso que normalmente pasa desapercibido en el camino de las leyes hacia el Parlamento pero que en las últimas semanas ha tenido enganchado a los argentinos.

El dictamen es la llave que el oficialismo necesita para que su proyecto avance hacia la Cámara de Diputados, donde se espera que empiece a ser tratado a partir del próximo martes. El texto original, con más de 600 artículos, ha sido modificado en parte pese a la postura inicial del Gobierno de no negociar. Un centenar de puntos han desaparecido y otros han sido modificados después de que el Ejecutivo reconociera “errores” de redacción y atendiera las “inquietudes” de algunos legisladores. En el centro, sin embargo, permanece el programa económico del presidente ultraliberal y la ley aún contempla puntos polémicos como la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo o las limitaciones a la protesta. En el recinto, los legisladores abordarán cada artículo en particular y el proyecto podría caer ahí, donde el oficialismo está en minoría.

Argentina lleva casi tres semanas enganchada a las negociaciones entre el Gobierno y la oposición. A las nueve de la noche de este martes, los canales de televisión empezaron a transmitir en vivo el debate en el plenario de comisiones. Tras más de cinco horas, votaron los 115 legisladores que conformaban las grupos. El oficialismo obtuvo un dictamen de mayoría con 55 firmas (34 en disidencia) de La Libertad Avanza, el partido de Milei; del PRO, fundado por el expresidente conservador Mauricio Macri; de la centroderecha de la Unión Cívica Radical (UCR); de una parte del bloque Hacemos Coalición Federal y de otros espacios. El primer dictamen de minoría fue el del peronismo de Unión por la Patria con 45 firmas y hubo, además, otros cuatro dictámenes de minoría.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley, que llamó Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, a finales de diciembre. Mientras se conocía la noticia, decenas de miles de trabajadores —más de 20.000 personas, según los organizadores— estaban manifestándose en la calle para protestar contra otra de las medidas de Milei, un decreto de necesidad y urgencia que ya está en vigor, pero acumula decenas de amparos en la justicia. El dictamen de este miércoles se conoció horas antes de que los sindicatos vuelvan a plantear en las calles otro desafío al Gobierno con una huelga general y movilización convocadas para este miércoles. Esta vez, contra el proyecto de ley que será votado en el Congreso en sesiones extraordinarias.

En medio del receso de verano, los legisladores decidirán ahora si aprueban o rechazan la iniciativa que presentó el ultraderechista y que ha sido modificada ante los reclamos de parte de la oposición. La ley ómnibus, llamada así por su extensión y por la variedad de temas, declara el país en “emergencia pública” y plantea medidas que el Gobierno y parte de la oposición consideran “importantes” para la recuperación económica del país, que en diciembre superó el 211% de inflación anual. El Ejecutivo incluye medidas como la privatización de empresas estatales, un blanqueo de capitales o el aumento del impuesto a las exportaciones. Sin embargo, el texto también aborda medidas consideradas accesorias.

Esa ha sido una de las críticas de la oposición expuestas durante el debate en comisiones. “Muchas reformas son importantes pero no hacen a la situación de emergencia que tiene que resolver el presidente ahora y ameritan una discusión más profunda a lo largo del año”, señaló el diputado Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical, que firmó el dictamen de mayoría. Del otro lado estuvieron legisladores que calificaron el mamotreto de “inabordable”, “horrible” o “invotable” y la discusión del proyecto de “insuficiente”. “No ha habido un ámbito de reflexión ni el tiempo de debate. El respaldo ciudadano no es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa”, señaló la diputada Margarita Stolbizer.

Durante las jornadas de debate, mientras una parte del Gabinete expresaba la predisposición a discutir “entre lo necesario y lo oportuno”, el presidente arremetía contra el Congreso para presionar en la aprobación de la ley. Milei ha calificado a los legisladores de corruptos por pretender debatir el proyecto y su presión ha llegado también a los gobernadores. “Si la ley no se aprueba, va a ser peor para todos, en especial para las provincias”, dijo el presidente en la reunión de Gabinete de este martes, según transcendió en los medios nacionales. La posición fue refrendada en rueda de prensa por su portavoz, Manuel Adorni, que dijo que si la ley no sale adelante “revisarán las partidas” de las provincias.

Un día antes se había conocido un nuevo texto de la iniciativa que elimina más de un centenar de artículos de la megaley y modifica otros. Se trata de algunos de los puntos que más preocupaban a la oposición. De acuerdo con ese borrador, la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo por hasta cuatro años queda limitada a un año cuya prórroga deberá ser votada en el Congreso; la petrolera YPF, incluida originalmente dentro de la ley en una lista de empresas susceptibles de privatización, desaparece del listado; desde abril, las jubilaciones serán actualizadas mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor y no por decreto, como establece la primera versión de la iniciativa, y en el Gobierno da marcha atrás en su intención de cerrar el Fondo Nacional de las Artes.

Cientos de reformas o derogaciones que plantea la ley, sin embargo, permanecen intactas en el texto definitivo que pasará al debate en el recinto. “El déficit cero no se negocia”, avisó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, este martes. Para algunos de los legisladores que rechazan el texto, el programa económico que plantea el proyecto sigue siendo “un desastre”, según calificó la diputada izquierdista Myriam Bregman, para quien “cada artículo tiene el nombre y apellido de un lobby empresario”. Otros han hecho hincapié en criticar la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo. “Es un gravísimo error darle más facultades a este presidente que quiere atropellar todo”, dijo Germán Martínez, líder de la bancada peronista de Unión por la Patria, quien también criticó que la ley ómnibus “perjudica a los jubilados, a los sectores productivos y a las economías provinciales”.

Tan amplia es la ley, que las advertencias y el rechazo han llegado desde diferentes sectores. Asociaciones de abogados ambientalistas han valorado que, aun con los cambios, la ley sigue representando “una clara regresión ambiental” respecto de la normativa vigente y los estándares internacionales. Desde sectores de la cultura, han criticado, por ejemplo, la derogación de una ley que unifica el precio de venta al público de libros y protege a las librerías frente a las grandes cadenas. Muchos expresarán sus reclamos en la movilización convocada para este 24 de enero por la Confederación Argentina del Trabajo a partir del mediodía (hora local).

El Gobierno sabrá si su ley es aprobada o rechazada en la Cámara de Diputados cuando la ley sea votada en sesiones extraordinarias en los próximos días. Este martes por la noche, durante las últimas horas del debate, un diputado de La Libertad Avanza recordó la postura del Gobierno que lidera Milei, quien asumió de espaldas al Congreso y ha mostrado su desprecio por las cámaras: “Nosotros no creemos que la política va a ser la solución, creemos que la solución son los ciudadanos. Necesitamos que el Estado nos quite el pie de encima a los argentinos, para que podamos trabajar, para que podamos emprender”.

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