La integridad de las elecciones argentinas, en juego

Argentina conmemora 40 años de democracia ininterrumpidos, el periodo más largo de su historia en el cual, a pesar de crisis políticas agudas y penurias económicas crónicas, ha renovado sus autoridades y representantes, resuelto una consulta popular y modificado su Constitución, mediante elecciones limpias y justas cada dos años.

La aseveración que un proceso es justo debe sustentarse en tres pilares: la existencia de reglas claras y estables legalmente consagradas; un procedimiento en el que los competidores puedan controlar cada paso de la organización y ejecución; y un árbitro imparcial que resuelva los conflictos y consagre los resultados y estos reflejen sin dudas la voluntad popular expresada en los comicios.

En estos años, con gobiernos de diverso signo político, las libertades de asociación, expresión y sufragio no han sido restringidas en modo alguno y la validez y veracidad de los procesos y resultados electorales se sustentan en un procedimiento simple pero robusto, donde la Justicia Electoral, autónoma respecto de los gobiernos, es la autoridad máxima y las agrupaciones políticas y la ciudadanía protagonistas.

En definitiva, nuestro sistema es suficientemente sólido como para no ser vulnerado, y suficientemente simple y controlado como para que cualquier intento de alteración de la legalidad electoral sea detectada y remediada.

Es cierto que en cada contienda electoral se agitan temores sobre la transparencia comicial, pero los mismos nunca superaron el nivel de trascendido periodístico, o afirmación en redes sociales y han existido escasas denuncias formales ante las autoridades electorales y, tras ser investigadas, se descartó una maniobra delictiva.

Sin embargo, durante el presente proceso electoral han aparecido manifestaciones que fueron desde insinuaciones de irregularidades hasta afirmaciones de fraude que, sin perjuicio que deben considerarse, no parecen tener asidero en la realidad y se fundan en mayor medida en el desconocimiento del proceso electoral, a presar de los 40 años seguidos de elecciones, que en la verificación de hechos concretos.

Describiré en breve síntesis los rasgos salientes del proceso electoral. La Justicia electoral (no el Gobierno) tiene a su cargo la confección del padrón electoral (censo); el registro de los partidos políticos y alianzas electorales, la inscripción de candidaturas, la designación de las autoridades de mesa y el recuento definitivo de los resultados, así como dirimir los conflictos que ocurran en cada una de esas instancias.

Los partidos políticos tienen el derecho y el deber de controlar la confección de los padrones, objetar candidaturas por vicios legales, designar fiscales (representantes) informáticos, apuntar fiscales en cada una de las mesas de votación, controlar la transmisión de resultados provisionales y presenciar, controlar el escrutinio definitivo de los votos y formular objeciones o apelar las resoluciones que consagran los resultados.

Existe, por lo tanto, un control horizontal, cruzado, entre partidos y un control vertical que se aplica a todo el proceso ejercido por la justicia electoral.

Ampliando respecto de los cuestionamientos formulados a último momento por una de las fuerzas que compiten, la fortaleza de los controles se basa en la existencia de tres tipos de documentos que acreditan el resultado electoral, dos de carácter vinculante y uno meramente informativo. En cada mesa de votación se cuentan los votos con la participación de los fiscales de los partidos en disputa, se completan tres tipos de formularios uno llamado acta, para la Justicia electoral y que será el instrumento con el que se realiza el escrutinio definitivo, otros documentos iguales entre si llamados certificados de escrutinio cuyos originales firmados por la autoridad de la mesa se entregan a los fiscales de los partidos políticos y un telegrama que se remite al Ministerio del Interior para proceder al recuento provisional y publicar los resultados provisorios la noche electoral.

Como vemos hay dos recuentos, uno provisional, informativo y no vinculante –aunque usualmente muy preciso– que se realiza en forma centralizada, por el Ministerio del Interior y mediante el cuales publican resultados en la propia jornada y otro llamado definitivo, vinculante, realizado en cada capital de provincia por la Justicia Electoral donde se califica la validez de las actas, se cuentan los votos, se resuelven las observaciones, impugnaciones y otras protestas y se define la validez de le elección y sus resultados.

En ambas instancias participan y tienen derecho a peticionar las fuerzas políticas contendientes.

En la elección del 22 de octubre, no hubo una sola decisión respecto de la validez de esta y sus resultados que fuera confrontada por ninguna de las fuerzas políticas.

Las afirmaciones de fraude, entonces, no se corresponden con la conducta de los partidos políticos en las instancias donde podían denunciarlo y remediarlo, lo que, en lugar de poner en duda la elección, la pone sobre la intención de quienes las formulan.

Durante años, hubo fuertes consensos políticos para proteger la integridad de las elecciones porque estas son patrimonio común de la sociedad.

En los últimos años, en varios países, crecientemente asistimos a tendencias a cuestionar las elecciones mediante la siembra de sospechas sobre la integridad que no tienen en miras contribuir a su mejora sino sacar ventaja en la competencia o poner en duda la legitimidad del ganador.

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