Presiones, copias secretas y la orden de enjuiciar oficiales, la trastienda del Juicio a las Juntas de la dictadura argentina

El viernes se formó una fila larguísima en uno de los extremos de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La organización había programado en una sala pequeña, para un centenar de personas, la charla que iban a protagonizar los magistrados del Juicio a las Juntas, el primero celebrado en Argentina por los crímenes de la dictadura. La multitud obligó a trasladar el evento a una sala con mayor capacidad y fue una muestra del rebrote de popularidad de estos jueces a raíz de la película Argentina, 1985, de Santiago Mitre. Los invitados contaron la trastienda del histórico juicio, que sentó las bases para las causas posteriores. En diálogo con EL PAÍS coincidieron en la necesidad de que, a 40 años de la restauración de la democracia, los juicios por delitos de lesa humanidad terminen.

Cinco días después de asumir como presidente de Argentina, el 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín dio la orden de someter a juicio sumario a los integrantes de las juntas militares que dirigieron el país desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1983. El juicio iba a recaer en un tribunal militar, pero ante el rechazo, quedó en manos de tribunal civil: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires. De los seis jueces que la integraban, tres estuvieron presentes en la Feria del Libro: Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz.

“Para cobrar dimensión de la actitud de Alfonsín, hay que tener en cuenta que no existía ningún precedente en el mundo de que un tribunal civil pudiera juzgar crímenes en el Estado”, señaló Gil Lavedra para contextualizar la singularidad del Juicio a las Juntas. Otros procesos judiciales históricos, como el de Nüremberg, estuvieron a cargo de un tribunal militar.

El juicio se llevó adelante, además, en un contexto interno y externo hostil. “Ni los empresarios, ni la Iglesia, ni los medios querían juicio”, aseguró Gil Lavedra. Fuera de sus fronteras, la decisión tensó la relación de la joven democracia con los países vecinos, todos dirigidos aún por dictaduras: Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Ante el temor de que las grabaciones del juicio se perdiesen o se destruyesen, de forma accidental o voluntaria, los magistrados hicieron una copia en secreto en 96 casetes. Ledesma contó que los sacaron del país “escondidos en valijas entre medias y pañuelos” hasta Noruega, donde se conserva una de las cuatro copias existentes hoy en día. Otra de ellas está en la Universidad española de Salamanca.

“Estamos muy agradecidos por la película Argentina 1985″, afirmó Gil Lavedra, “porque permitió volver a poner en la consideración pública un hecho histórico tan importante para la transición democrática”. Valerga Aráoz destacó la capacidad de la película de llegar a las nuevas generaciones y “renovar el interés en la gente joven en averiguar qué es lo que pasó”.

Los jueces revelaron también que recibieron amenazas y presiones para que el juicio no fuese oral y público. “Fuimos presionados al principio para que se hiciera a puertas cerradas y otras ofertas que no voy a decir por quién”, recordó Ledesma.

Durante el encuentro, los magistrados subrayaron la importancia de seleccionar casos paradigmáticos de todo el país y de todas las épocas como estrategia para el juicio. Cinco de los jerarcas militares fueron condenados —entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a perpetua— y cuatro absueltos, pero el punto de mayor tensión con el Gobierno y con las Fuerzas Armadas fue la orden de juzgar a los oficiales superiores que tuvieron responsabilidad operativa en los crímenes de la dictadura.

“No podíamos no dictarlo porque estábamos frente a delitos”, argumentó Ledesma al defender la inclusión en el fallo del punto 30, que abría la puerta a nuevos juicios. El Congreso, sin embargo, la cerró con rapidez. Entre 1986 y 1987 se aprobaron las dos leyes de impunidad, la de Punto y Final y la de Obediencia Debida, en un clima de creciente inestabilidad y de levantamientos militares.

Leyes de impunidad

“Nos molestó a todos, pero creo que en ese momento debimos haber también comprendido la situación difícil en la que se encontraba Alfonsín y no nos pareció a ninguno apropiado declarar la inconstitucionalidad de esa ley”, dijo Valerga Aráoz en referencia a la ley de Obediencia debida que exculpaba de los crímenes a los oficiales y suboficiales por considerar que se limitaron a cumplir órdenes.

Los juicios por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura se reanudaron a partir de 2003, tras la anulación judicial de ambas leyes. En total, la justicia argentina ha dictado 318 sentencias y ha condenado a 1.126 personas, en su gran mayoría ex integrantes de las fuerzas de seguridad, por delitos como secuestros, torturas, robo de bebés y desapariciones forzosas.

Los magistrados del histórico juicio inicial discrepan al valorar el camino recorrido por la Justicia en los últimos 40 años, en especial respecto a la dilatación de los juicios de lesa humanidad, de los que aún hay 16 en curso.

“Está muy bien que estos crímenes terminen con verdad y justicia, pero lamentablemente han demorado en exceso. Ojalá finalice y haya sentencias rápidamente”, respondió a EL PAÍS Gil Lavedra. Valerga Aráoz coincide que “tendría que ser un tema ya resuelto y achaca “al manejo político de determinados Gobiernos” la extensión en el tiempo de los juicios. Ledesma va más allá que su colega. “Me parece atroz que se siga juzgando esos hechos a más de 40 años”, subraya. “Me parece que esto es una venganza”, sentencia.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.