Los piqueteros argentinos afines al peronismo tensan la cuerda contra su propio Gobierno

Los movimientos piqueteros peronistas han marchado este miércoles contra su propio Gobierno. Lo hicieron frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde algunos de sus principales dirigentes controlan como funcionarios el reparto de la ayuda estatal a los más pobres. Al frente de la protesta estuvo la CTA Autónoma, una central obrera que va por fuera de la tradicional CGT, a la que se sumaron grupos como el Movimiento Evita. Su principal dirigente, Emilio Pérsico, maneja toda la estructura de los planes sociales, pero ahora enfrenta a la ministra, Victoria Tolosa Paz, por lo que considera un recorte de fondos impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde la Casa Rosada se cansan de desmentir que no hay recorte alguno en la ayuda social; mucho menos que el FMI esté atrás de un eventual recorte de fondos. Pero la grieta entre los movimientos sociales y el Gobierno del peronista Alberto Fernández se agiganta cuando solo faltan seis meses para las elecciones generales.

El Movimiento Evita marchó bajo el lema “Basta de ajuste del FMI”, un mensaje que hasta ahora era patrimonio de los piqueteros de la izquierda no peronista. La tensión entre Pérsico y la ministra subió la semana pasada, tras un informe del FMI que recomendaba “reforzar la focalización del programa emblemático de empleo social (Potenciar Trabajo)”, para “garantizar la estabilidad macroeconómica”. El Potenciar Trabajo es el plan estrella del Gobierno. A cambio de una prestación laboral de cuatro horas en alguna “unidad ejecutora”, 1,4 millones de personas reciben cada mes 52.000 pesos (unos 250 dólares al cambio oficial). Las unidades ejecutoras pueden ser Gobiernos provinciales o municipales, universidades y organizaciones civiles como los movimientos sociales. Son estos últimos lo que administran más de la mitad de los planes a través de la presentación de las listas de eventuales beneficiarios.

Los problemas empezaron en noviembre de 2022, cuando un informe oficial advirtió que unas 250.000 personas recibían el Potenciar Trabajo de manera irregular. A inicios de año, el ministerio de Desarrollo Social dio de baja 85 mil planes en un proceso de depuración que puso en pie de guerra primero a los piqueteros opositores y ahora a los que forman parte del Gobierno. El Movimiento Evita y sus aliados ven detrás de los ajustes la mano negra del FMI.

En enero de 2022, la Casa Rosada firmó con el organismo un plan de ajuste a cambio de la moratoria de los pagos de la deuda de 44.000 millones de dólares que Argentina contrajo en 2018. La ministra Tolosa Paz desmintió que estuviese en sus planes bajar el dinero destinado a los más pobres. “No hay ninguna nueva meta ni condicionamiento de ajuste ni del FMI ni de ningún actor del sistema financiero o de crédito sobre la política social en Argentina. No es verdad que se haya solicitado o puesto como meta la reducción de la cantidad de titulares del Potenciar Trabajo”, dijo la semana pasada.

Los movimientos sociales llevan meses advirtiendo del deterioro de la situación económica de los estratos más bajos. La inflación del 102% interanual está destrozando los ingresos de los más pobres, que cada vez más dependen de la ayuda del Estado para comer. Como administradores de buena parte de esas ayudas, organizaciones como el Evita se consideran incluso garantes de la paz social. Cuando la manifestación crecía frente a las oficinas del ministerio, Tolosa Paz les recordó que fueron parte de “quienes entendieron que al Potenciar Trabajo había que darle un ordenamiento”.

Los piqueteros dicen que ese ordenamiento oculta en realidad un ajuste de fondos, condicionado por la crisis económica y el compromiso oficial de reducir el rojo fiscal al 1.9% del PIB este año. La protesta, de hecho, coincidió con el viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, a Washington, donde participará de la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial.

Massa buscará nuevos créditos y una relajación de la meta de ajuste fiscal con el argumento de que la sequía que devastó el campo argentino, la peor en 60 años, dejará un hueco de 20.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones. Argentina ya consiguió bajar en 2.000 millones de dólares la meta de acumulación de reservas internacionales a la que se había comprometido para 2023. Ahora intentará que también lo dejen gastar más.

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