La inflación agrava la guerra entre el Gobierno argentino y los movimientos piqueteros

Esta semana, durante dos noches consecutivas, miles de familias pobres durmieron en las calles del centro de Buenos Aires. Montaron tiendas de campaña sobre el asfalto, en días con máximas de 35 grados por la ola de calor más prolongada de la historia, para exigir “empleo digno” y más ayudas sociales al Gobierno argentino.

En medio de la protesta se conoció el último dato de inflación: los precios subieron entre enero y febrero un 6,6%. Se duplicaron en doce meses, algo inédito desde principios de los años noventa. Los alimentos, en sólo un mes, se incrementaron casi el 10%. La situación es desesperada para los más de 16 millones de personas que viven bajo la línea de la pobreza en Argentina y ven cómo sus ingresos alcanzan cada día para menos. Sus voces, sin embargo, han quedado opacadas por la guerra abierta entre el Gobierno de Alberto Fernández y los movimientos sociales de izquierda, conocidos como piqueteros por los cortes de calles y carreteras que realizan.

En el centro del conflicto está el plan Potenciar Trabajo, una ayuda social de casi 34.000 pesos, unos 163 dólares al cambio oficial, equivalente a la mitad del salario mínimo. Se lanzó a principios de 2020 con el objetivo de fortalecer el trabajo de la economía popular, basado en cooperativas. “Era una política productiva, pero por la pandemia se desvirtuó y quedó como un ingreso más asistencial que productivo”, admite Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de integración y formación del Ministerio de Desarrollo Social.

Los beneficiarios de esta ayuda pasaron de ser 500.000 a 1,3 millones. “Hubo un crecimiento exponencial de más del 70% y se tomó la decisión de ordenar esa política”, agrega Menéndez sobre la petición realizada a los beneficiarios de la ayuda de que validen los datos para poder seguir cobrándola. Alrededor de 100.000 no lo hicieron y dejarán de percibirla el próximo mes. Según el Gobierno, se trata de beneficiarios que no estaban asociados a ninguna unidad de gestión o cooperativa; para los movimientos piqueteros, son personas que no encontraron cómo validar los datos.

Argentina tiene una importante red de protección para los más pobres. El presupuesto nacional de 2023 destina el equivalente a 6.500 millones de dólares para “promoción y asistencia social”, casi el 5% del total. Si se suma a la partida destinada a Seguridad Social, que incluye jubilaciones, prestaciones por discapacidad y desempleo, asciende al 50%. Sin embargo, es insuficiente. “Crecimiento hay, trabajo hay, políticas sociales expansivas hay, el problema es la depreciación del ingreso por la inflación, sobre todo para los trabajadores informales”, señala el subsecretario.

Menéndez tiene un pie en la gestión pública y otro en los movimientos sociales, al ser referente de Barrios de Pie. Esta organización y otras de base peronista, como el Movimiento Evita, optaron por dialogar con el Gobierno e integrarse a él. Aquellas más afines a los partidos de extrema izquierda, en cambio, llevan la voz cantante en la calle, con una postura cada vez más dura. Es el caso del Polo Obrero y Unidad Piquetera, al frente de esta marcha.

Empleo precario

El crecimiento de la economía —cerca de un 5% en 2022, un 10,4% en 2021— no se siente en los bolsillos. “Con el Potenciar Trabajo no alcanza”, se lamenta Julieta, madre soltera de 32 años, que participa en la marcha junto a dos hijos de tres y cinco años. Explica que en la pandemia perdió el empleo formal que tenía y desde entonces sólo encuentra trabajo por horas para limpiar casas. “A veces me ofrecen 500 pesos la hora (menos de tres dólares), ¿qué podés comprar con eso? La semana pasada fui a por huevos y me pedían 1.400 pesos; en enero estaban a 800″, detalla. Julieta humedece una toalla para pasarla por la frente de uno de sus niños y aliviarle un poco el calor insoportable.

En Buenos Aires hay cortes de calle a diario. Son tan habituales que a menudo no son noticia. O la noticia se centra en explicar las alternativas para evitar el caos circulatorio. Pero parte de la población está harta de las protestas callejeras. El conductor de un vehículo al que la policía obliga a desviarse toca la bocina e insulta a los manifestantes. Insulta también a los agentes, a los que piden que intervengan para abrir el paso a los automóviles. El anterior Gobierno, encabezado por Mauricio Macri, prometió que lo haría y creó un protocolo para impedir los cortes, pero pasado un tiempo dejó de aplicarlo.

Julieta, como sus compañeros de la organización Unidad Piquetera, ni se inmuta ante el ataque verbal. “Los que nos critican por cortar la calle que vengan a ver cómo vivimos, lo que es estar sin luz y no poder prender el ventilador en una habitación de techo de chapa o ir a un comedor porque no podés alimentar a tus hijos. El Gobierno está ciego”, afirma.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirma que Unidad Piquetera retiene el 2% de cada plan social que cobran los integrantes de esta organización. Asegura que algunos beneficiarios son presionados para ir a las marchas y desalentados para anotarse en el programa “Volvé a Estudiar” que les paga para que completen sus estudios primarios o secundarios. Para la ministra, la protesta responde al temor de que se les achique la porción de pastel. “Esto fue lo que enojó mucho a quienes se creen dueños de la pobreza y dueños de los titulares del Potenciar Trabajo”, dijo en declaraciones a medios locales.

Los manifestantes niegan cualquier tipo de presión, pero desde esa cartera muestran las denuncias que han recibido, en las que hay mujeres que hablan de multas de 8.000 pesos (unos 36 dólares) por no asistir y otras que los acusan de no dejarlas anotarse en una escuela.

La pelea entre el Gobierno y los movimientos piqueteros tiene un gran eco mediático, pero ocupa poco espacio en la cabeza de quienes no llegan a fin de mes. Cuando el precio de la cesta de la compra aumenta más que los ingresos familiares, los comedores gratuitos se desbordan. “El nuestro es un comedor para chicos, damos de comer a 150, pero se acercan jubilados y desocupados a ver si sobró comida porque no les alcanza”, describe Marcos, trabajador del comedor popular Lucecitas en Quilmes, en la zona sur de Buenos Aires. Reciben alimentos no perecederos del Ministerio de Desarrollo Social, pero faltan fondos para ofrecer un plato nutritivo. “Nuestros hijos no pueden vivir a polenta, harina y arroz. Necesitan leche, huevos, carne y verduras y la gente no lo puede pagar. Tenemos un gran problema de malnutrición en los barrios”, advierte.

Según Unicef, dos de cada tres niños en Argentina son pobres, ya sea por vivir en hogares con ingresos insuficientes o por estar privados de al menos un derecho básico como acceso a la educación, a una vivienda adecuada, a agua potable o a un hábitat seguro, entre otros.

El problema del déficit

El combate de la pobreza choca con la exigencia de reducción del déficit fiscal pactada con el Fondo Monetario Internacional a cambio de la reestructuración de la deuda de 44.000 millones. El Gobierno se ha comprometido a reducir los millonarios subsidios energéticos con significativas subidas en el precio de la factura de la luz, el agua, el gas y el transporte público. La población con menores ingresos quedará al margen, pero el golpe lo sufrirá una clase media cada año más empobrecida.

“Protestamos porque no vemos otra alternativa para que escuchen que pasamos hambre”, resume Julieta. Unidad Piquetera ya ha anunciado que volverán a las calles a principios de abril.

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