La Corte Suprema argentina deja libre el camino para juzgar a Cristina Kirchner en una causa por corrupción

El máximo tribunal rechaza todas las objeciones de la vicepresidenta en una investigación por presuntas irregularidades en la obra pública de la provincia de Santa Cruz

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.NATACHA PISARENKO (AFP)

Los problemas se multiplican para la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Mientras la crisis política en el seno de la coalición gobernante se agrava cada vez más, la expresidenta recibió este martes un duro revés judicial que echa por tierra su intento de frenar el único juicio en curso contra ella por presunta corrupción.

La Corte Suprema rechazó todos los planteos de nulidad que había presentado en la causa “Vialidad”, que investiga irregularidades en la obra pública de la sureña provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo.

En un fallo unánime, los cuatro magistrados consideraron que no está probada la gravedad institucional a la que apeló la vicepresidenta para solicitar la intervención de la Corte Suprema ni hallaron motivos para anular el juicio que comenzó en mayo.

Por ese motivo, Fernández de Kirchner volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 11 de julio, cuando comenzará la etapa de alegatos.

La Fiscalía podría solicitar una pena de entre cinco y 16 años de prisión para la vicepresidenta, de acuerdo a los delitos por los que se la juzga: encabezar una asociación ilícita y defraudar al Estado. Está acusada de haber favorecido al empresario Lázaro Báez en el otorgamiento de 51 obras públicas.

Fernández de Kirchner tiene motivos para estar preocupada. El año pasado, Báez fue condenado a 12 años de cárcel al ser hallado culpable de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. En unos pocos años, Báez pasó de ser cajero de banco a millonario.

En el mismo juicio también están acusados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el exsecretario de Obra Pública José López, entre otros. Ambos están presos por otras causas.

El presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, fueron citados a declarar como testigos en su condición de exjefes de Gabinete, pero ambos negaron la existencia de irregularidades.

De mantenerse el cronograma previsto, se espera que los jueces dicten su veredicto antes de que termine el año. Sea cual sea, influirá en la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2023. El silencio de la expresidenta respecto al fallo contrasta con las declaraciones a favor realizadas por referentes opositores.

El juicio en la causa Vialidad es el único que ha prosperado contra Fernández de Kirchner desde que el peronismo regresó al poder a finales de 2019. En estos años, la vicepresidenta ha visto cómo los jueces cerraban importantes causas abiertas contra ella, como la de de Hotesur y Los Sauces, en la que estaba acusada por asociación ilícita y lavado de dinero; la del dólar futuro y la del memorándum firmado con Irán.

Sin embargo, no fue la única novedad adversa para ella en el frente judicial. El Tribunal Federal Oral 7 reactivó también este martes la conocida como causa de “los cuadernos de la corrupción”, en la que Fernández de Kirchner es sospechosa de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a grandes empresarios vinculados a la construcción de obra pública.

Tras recibir los fondos extraordinarios que solicitó para investigar esta macrocausa, en la que hay medio centenar de imputados, el tribunal resolvió avisar a las partes que en los próximos diez días tienen que presentar las pruebas que van a usar en el debate, que aún no tiene fecha de inicio.

La causa estalló en abril de 2018 a raíz del hallazgo de ocho cuadernos pertenecientes a Oscar Centeno, chófer de Julio de Vido. Entre 2003 y 2015, Centeno anotó en ellos los viajes que realizó en su auto con bolsos cargados de dólares recibidos, según su testimonio, de manos de grandes empresarios con contratos con el Estado argentino.

La causa ha estado casi frenada durante tres años, pero la petición realizada este martes es la primera señal de que comienza a reactivarse.

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