La producción de alimentos genera el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Iberoamérica
La región padece una paradoja en la que ha aumentado la distribución alimentaria, pero sin mitigar el hambre, según apunta un estudio presentado en la Cumbre Iberoamericana
Los países de Iberoamérica tienen una oportunidad para luchar contra el cambio climático a través de un giro sustancial en el paradigma de la producción alimentaria. El desafío es significativo si se considera que abastecer de alimentos a sus 22 naciones genera el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región, según ha documentado el III Informe del Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica, presentado en la antesala de la Cumbre Iberoamericana que se celebra esta semana en Santo Domingo.
El estudio muestra de perfil los problemas que ya enfrenta Iberoamérica en sus cadenas alimentarias y el impacto que está teniendo en sus ecosistemas, pero al mismo plantea soluciones para que los miembros echen a andar planes que les ayuden a mitigar los efectos medioambientales. En Iberoamérica, producir alimentos, a través de la ganadería y la agricultura, es altamente contaminante y sus efectos, a su vez, contribuyen a poner en riesgo la seguridad alimentaria de la población.
La mejora de las cadenas de distribución de los productos agrícolas, cada vez más globalizadas, profundizan el problema de las emisiones necesarias para que un producto llegue hasta el consumidor. “Los sistemas alimentarios iberoamericanos dejaron de ser tradicionales —con cadenas cortas de producción y consumo— para pasar a ser modernos, con una mayor cantidad de alimentos procesados, que viajan una media de 3.000 kilómetros y que son almacenados, refrigerados y vendidos en grandes comercios”, explica el informe.
A las altas emisiones, plantea la investigación, se le suman dos opuestos que padece la población de la región: el hambre y la obesidad. El acceso a alimentos de baja calidad nutricional merma el estado de salud de los iberoamericanos desde edades muy tempranas. Al mismo tiempo, unos 60 millones de habitantes de América Latina y el Caribe carecen de la comida necesaria para sobrellevar un día. “Además de la falta de acceso a los alimentos, tampoco resulta asequible una dieta saludable para una gran parte de la población iberoamericana, ya que su costo puede superar los 3,60 dólares en América del Sur y los 4 dólares en los países del Caribe. Más del 50% de la población no puede permitírsela, debido a los niveles de ingresos, la desigualdad o la incidencia de la pobreza”, apunta el estudio.
El cálculo es que 30% de esos alimentos que ya generaron emisiones en sus procesos de producción y distribución, no llegarán a los consumidores y terminarán en el basurero. “En América Latina y el Caribe, las pérdidas se producen en las etapas de cosecha, transporte y almacenamiento, mientras que en los países de la península ibérica es mayor el desperdicio alimentario en la venta y el consumo final”. La organización apunta a que se produce una cadena que no solo daña el medio ambiente, sino que termina impactando hasta en la salud de los habitantes de la región.
“La solución a la crisis climática pasa por Iberoamérica y eso no debemos olvidarlo”, ha comentado Andrés Allamand, secretario general iberoamericano, durante la presentación del informe este miércoles. El excanciller chileno ha asegurado en que las últimas cinco cumbres de los 22 países, la preocupación sobre el impacto que la cadena alimentaria tiene en el cambio climático ha sido discutida recurrentemente. Allamand señala que el papel de Iberoamérica para contribuir a la mitigación global de las emisiones de gases de efecto invernadero puede comenzar en la creación de “un círculo virtuoso” que ataque a cada uno de los factores que dañan la seguridad alimentaria de los iberoamericanos.
El informe plantea una serie de soluciones que los países pueden implementar: entre ellas están el diseño de cadenas cortas de producción y consumo; la implementación de dietas sostenibles y saludables para la población respaldadas por los Estados; la inclusión de los pueblos originarios en los procesos agrícolas; y la implementación de medidas dentro de los mismos ecosistemas para evitar mayores intervenciones y daños al medioambiente.
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