El fracaso de la “guerra contra las drogas”: la despenalización

Desde su creación el 2011, la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD) ha analizado cuidadosamente el tema y ha abogado por políticas de drogas basadas en la evidencia científica, los derechos humanos, la salud pública y la seguridad. Se han producido, cierto, algunos cambios en los marcos punitivos en materia de drogas, como la despenalización de los delitos de posesión y la reforma, en varios países, de los mercados de cannabis para la producción legal, la venta y el uso adulto no médico.

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Desde su creación el 2011, la Comisión Global de Políticas de Drogas (CGPD) ha analizado cuidadosamente el tema y ha abogado por políticas de drogas basadas en la evidencia científica, los derechos humanos, la salud pública y la seguridad. Se han producido, cierto, algunos cambios en los marcos punitivos en materia de drogas, como la despenalización de los delitos de posesión y la reforma, en varios países, de los mercados de cannabis para la producción legal, la venta y el uso adulto no médico.

Para quien esto es escribe es muy alentador y estimulante haber sido invitado para integrar (desde hace cinco años) la destacada comisión y sus procesos de toma de decisiones, como la adopción del último informe anual, Más allá del castigo: De las injusticias de la política de drogas a la reforma, presentado en Ginebra esta semana.

Entre otras personas con las que me honro en integrar esta Comisión Global se encuentran personalidades distinguidas y de peso como Kofi Annan, ex secretario general de la ONU (Ghana); Louise Arbour, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Canadá); Richard Branson, empresario, defensor de causas sociales, fundador del Grupo Virgin; Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil; Marion Caspers-Merk, ex secretaria de Estado en el Ministerio Federal de Salud (Alemania); Maria Cattaui, miembro del Consejo de Petroplus Holdings, ex secretaria general de la Cámara de Comercio Internacional, Suiza; Ruth Dreifuss, ex presidenta de Suiza; César Gaviria, ex presidente de Colombia; Asma Jahangir, ex relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Pakistán; Michel Kazatchkine, director ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, Francia; George Papandreou, ex primer ministro de Grecia; Juan Manuel Santos, ex presidente de Colombia, Javier Solana, ex alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, España; Thorvald Stoltenberg, ex ministro de Asuntos Exteriores y alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Noruega; George P. Shultz, ex secretario de Estado de EE UU; Mario Vargas Llosa, escritor e intelectual, Perú; Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal de los EE UU; Ernesto Zedillo, ex presidente de México; John Whitehead, banquero y funcionario, presidente de la Fundación World Trade Center Memorial, EE UU.

En el informe al que me refiero en esta nota se cuestiona frontalmente a la llamada ‘guerra contra las drogas’. No sólo porque ha fracasado en sus propósitos declarados, sino porque ha traído consigo una serie de desastres en materia penal y de administración de justicia.

ONU: guerra contra las drogas ha fracasado

Cada vez hay un mayor reconocimiento político de que la ‘guerra contra las drogas’ ha fracasado. En 2024, en el período 67 de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND), por ejemplo, los Estados miembros confirmaron que “el uso indebido, el cultivo ilícito y la producción y fabricación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como el tráfico ilícito de esas sustancias y de precursores, han alcanzado niveles sin precedentes”.

Esa histórica sesión culminó con la adopción de una resolución muy distinta a la de la fracasada -y obsoleta- ‘guerra contra las drogas’ y de la persecución penal como único remedio.

Destaca, más bien, la centralidad de la reducción de daños en una respuesta adecuada a las sobredosis, la primera resolución que se vota en décadas.

Otros espacios de la ONU, como el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (informe del 2021) también vienen dando, en los últimos dos años, pasos sustantivos en esa dirección ‘revisionista’: “La guerra contra las drogas puede entenderse en gran medida como una guerra contra las personas. La penalización del consumo de drogas facilita el despliegue del sistema de justicia penal contra los consumidores de drogas de forma discriminatoria, y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley suelen dirigirse contra miembros de grupos vulnerables y marginados, como minorías, afrodescendientes, pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad, personas con sida y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. También pueden ser vulnerables las personas sin hogar, los profesionales del sexo, los migrantes, los menores, los desempleados y los ex convictos”, apunta dicho informe.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha venido haciendo llamamientos a los Estados para que “se alejen del actual enfoque dominante en la prohibición, la represión y el castigo, y en su lugar adopten leyes, políticas y prácticas ancladas en los derechos humanos y dirigidas a la reducción de daños”.

Pero estos cambios de lenguaje y en el análisis han sido a menudo poco sistemáticos y no han eliminado por completo la lógica punitiva. Es hora de que los gobiernos aborden con valentía esta contradicción aplicando políticas que traten la drogodependencia como un problema de salud pública y no como un problema penal.

Colapso de los sistemas penitenciarios

La llamada ‘guerra contra las drogas’ alimenta el encarcelamiento masivo. Y lo hace de manera discriminatoria afectando a mujeres y a minorías étnicas. Se calcula que en 2023 había 11.5 millones de personas encarceladas en todo el mundo. Aumentó 24% desde el 2000.

De hecho, más de 120 países de todo el mundo informan que sus sistemas penitenciarios funcionan a más del 100% de su capacidad, y 15 de ellos superan el 250%, lo que da lugar a más abusos y violaciones de los derechos humanos, así como a crisis sanitarias, de acuerdo con el reporte Tendencias Penitenciarias Mundiales 2023, publicado este año por Reforma Penal Internacional y el Instituto de Justicia de Tailandia.

Conectado a un hecho: aproximadamente el 20% de la población penitenciaria mundial está encarcelada por delitos de drogas, con casi medio millón de personas encarceladas únicamente por posesión para uso personal.

Uno de los principales factores que contribuyen al encarcelamiento masivo por delitos de drogas es la detención preventiva. Esto genera vías de detención discriminatorias para los detenidos y acusados de delitos de drogas con lo que suele comenzar el proceso de justicia penal. En países como Brasil, México y Honduras, la detención preventiva es obligatoria para ciertos delitos de drogas. Esto no sólo viola la prohibición de la detención arbitraria, sino que también menoscaba el derecho humano a un juicio justo, exponiendo a las personas detenidas a más violaciones y abusos de derechos humanos, como tortura y malos tratos.

¿Y las mujeres? Particularmente afectadas y perseguidas.

De 2000 a 2022, la población reclusa femenina ha aumentado 60%. La población masculina, 22%. Contexto en el que se ha producido un aumento de la población reclusa femenina en prácticamente todos los países: 2000 a 2022 en Brasil: un 322%; en Ecuador de 2002 a 2018: un 329%; y de la población reclusa femenina en Colombia: un 148% (2000-2018); de 2000 a 2022 en Camboya: un 793%; y aumento de 2000 a 2020 en Indonesia: un 602% y en Malasia, un 161%.

Todo esto dentro de un contexto en el que suele ser alta la proporción de mujeres encarceladas por delitos relacionados con las drogas: Brasil (2017): 62%; Colombia (2020) 46% siendo el 93% de ellas madres y el 52% cabeza de familia (2015); Ecuador (2019): 54%. En Costa Rica, en 2012, más del 95% de las mujeres encarceladas por introducir drogas en prisión eran madres solteras y cuidadoras únicas. En los Estados Unidos, el 12% de las mujeres encarceladas lo estaban por delitos relacionados con las drogas.

Está bien documentado que las mujeres encarceladas por delitos de drogas, al igual que los hombres, proceden en gran medida de comunidades económicamente desfavorecidas, con una representación desproporcionada de grupos raciales y étnicos minoritarios. La mayoría están implicadas en delitos de drogas de bajo nivel, impulsados por la necesidad económica o la explotación y la coacción.

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana de la ONU ha destacado que “la guerra contra las drogas ha funcionado más eficazmente como un sistema de control racial que como un mecanismo para combatir el consumo y el tráfico de estupefacientes”. En Estados Unidos, los estadounidenses de raza negra son encarcelados por delitos de drogas a un ritmo cinco veces superior al de los blancos; en el 2022, el 40% de todos los presos federales condenados detenidos por un delito de drogas se identificaban como negros. En el caso de los latinos, la cifra se dispara hasta el 60%.

La despenalización

Al describir el fracaso de la así llamada ‘guerra contra las drogas’ la Comisión Global plantea un sugerente enfoque alternativo.

En 2016, en el periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS), los organismos de la ONU publicaron una carta abierta en la que pedían la despenalización, destacando que la penalización del consumo de drogas obstruye la realización de los derechos humanos, en particular el derecho a la salud. Los mecanismos de derechos humanos del sistema de la ONU han abogado constantemente por la despenalización del consumo, el cultivo y las actividades relacionadas con las drogas. En 2018, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), en un informe al Consejo de Derechos Humanos, recomendó “despenalizar el uso personal de drogas y los delitos menores de drogas” para defender el principio de proporcionalidad y aliviar el hacinamiento en las cárceles.

Lo que pasa por respetar y mantener todas las garantías de un juicio justo; la eliminación de las condenas a cadena perpetua sin libertad condicional; la detención preventiva obligatoria; las detenciones policiales o preventivas injustificadamente prolongadas; las disparidades con sesgo racial en las condenas; las exclusiones de las alternativas al encarcelamiento, las amnistías y los beneficios, incluidos el derecho a la libertad condicional y la libertad anticipada; y el fin del registro obligatorio de las personas que consumen drogas.

Pasa también, por cierto, por abolir la pena de muerte por delitos de drogas y garantizar una nueva condena proporcionada, como paso previo a la abolición total. Pasos dentro de un contexto de “una revisión exhaustiva de las leyes de control de drogas y reformar el sistema de justicia penal para garantizar el pleno cumplimiento de las normas de derechos humanos, asegurando que se respetan y defienden plenamente los principios de proporcionalidad, razonabilidad, necesidad y no discriminación”.

Finalmente, respetar y mantener todas las garantías de un juicio justo en los casos relacionados con drogas y garantizar que las personas acusadas de delitos de drogas puedan beneficiarse de la aplicación de la suspensión de la pena u otros beneficios de reducción de condena disponibles para otros tipos de delitos.

Pasos, todos ellos, enfocados dentro de la despenalización. Tomando en cuenta experiencias contemporáneas interesantes en algunos países. Por ejemplo, España, Uruguay, Colombia, Alemania y los Países Bajos no castigan a las personas por posesión de drogas en sus modelos de despenalización. De hecho, “muchos modelos de despenalización se iniciaron por decisiones del Tribunal Constitucional, como los de España, Colombia, Alemania y Sudáfrica, donde los jueces han reconocido explícitamente el derecho del individuo a la autonomía corporal”. Esto impide a los Estados socavar ese derecho humano mediante medidas punitivas.

Centrarse en la salud

La Comisión Global apunta más allá. Y concluye señalando que “un enfoque de las drogas basado en pruebas y centrado en la salud y los derechos humanos debe abordar también las estructuras económicas y sociales perpetuadas por el control punitivo de las drogas, que a menudo subyacen a las relaciones problemáticas con las drogas”.

Se calcula que los gobiernos gastan anualmente 100.000 millones de dólares estadounidenses en políticas de drogas punitivas ineficaces y perjudiciales. Un estudio reciente de Harm Reduction International (HRI) reveló que entre 2012 y 2021, los países gastaron más de 974 millones de dólares en ayuda al desarrollo en proyectos de ‘control de narcóticos’, superando el gasto combinado en salud mental, seguridad alimentaria y seguridad alimentaria de los hogares.

Esta financiación continuada agrava las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las drogas, refuerza los sistemas de justicia penal discriminatorios y violentos, y contradice las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos.