Torturas y muertes violentas en prisión: la CIDH exige el fin del estado de excepción en El Salvador

Detenciones sistemáticas sin pruebas, personas que, tras ser liberadas por orden judicial, son arrestadas de nuevo al cruzar las puertas del penal, celdas atestadas sin apenas agua y comida, palizas de los custodios, descargas eléctricas, muertes en la cárcel por estrangulamiento, abortos por falta de atención médica. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado de excepción en El Salvador, lanzado este miércoles, describe la política estrella del popular presidente Nayib Bukele como represiva, indiscriminada y contraria a los convenios internacionales. E incluye testimonios aterradores que contradicen el relato oficial de la mano dura que trajo paz a todo un país y solo castiga a los culpables.

“(En la cárcel) vi abortos por falta de asistencia médica”, dijo en marzo de 2023 a la CIDH una detenida que obtuvo la libertad provisional. “(A otra interna) se le reventó el apéndice, la sacaron al hospital, pero cuando le hicieron la cirugía no se dieron cuenta que llevaba cuatro meses de embarazo. La volvieron a sacar por complicaciones, se dieron cuenta de su embarazo y le tuvieron que hacer un legrado. Yo no sé cómo quedó embarazada, si llevaba más (de ese) tiempo detenida”, relató.

Las 157 páginas del documento ahondan en una cadena de abusos que inicia en los criterios arbitrarios de captura y deriva en torturas y tratos inhumanos en prisión. La Comisión habla de un “presunto patrón de ilegalidades y arbitrariedades en las detenciones”, justificadas a menudo en denuncias anónimas al teléfono que el Gobierno de El Salvador creó para ello, o en vagos informes policiales, y en las que la CIDH identifica “el uso de criterios discriminatorios (...) basados en las características personales o socioeconómicas de la persona”. Organizaciones locales de sociedad civil han denunciado en varias ocasiones que el estado de excepción de Bukele se ceba con los habitantes de comunidades marginales, las mismas que por dos décadas sufrieron la violencia de las temibles pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. El informe lo confirma, y denuncia también la normalización de los allanamientos sin orden judicial, siempre en viviendas en barrios pobres.

La comisión retrata un sistema de justicia colapsado y deshumanizado, en el que la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel bandera del Gobierno salvadoreño, no mitigó el hacinamiento, disparado por la oleada de detenciones; en el que presos son trasladados sin previo aviso y, por días o semanas, se oculta a las familias su paradero; en el que las personas encarceladas, incluso las que aún no han sido juzgadas, llevan años sin derecho a recibir visitas; y en el que se celebran audiencias judiciales masivas ante jueces sin rostro -una práctica condenada por la Corte Interamericana- y con un abogado de oficio para 500 acusados.

El informe incluye testimonios de abogados defensores a los que el juez limita el tiempo de palabra a cinco minutos, o el de detenidos que acudieron a audiencias grupales virtuales, frente a una pantalla, sin saber aún por qué fueron detenidos, sin hablar antes con un abogado, y representados por defensores públicos saturados o negligentes, que les instruyen no hablar más que para decir “presente” cuando se pronuncia su nombre. Según datos entregados por el mismo Gobierno salvadoreño, el 80% de los detenidos bajo el régimen de excepción no cuenta con abogado privado.

Tras hacer una amplia descripción del daño que las pandillas, las terribles Mara Salvatrucha y Barrio 18, hicieron por décadas a la sociedad salvadoreña, la CIDH reconoce el derecho del Estado a recurrir a medidas extraordinarias para combatir a estos grupos. Pero enseguida denuncia que las reformas penales aprobadas por El Salvador incluyen “aspectos contrarios al marco jurídico interamericano”, y concluye que el conjunto de medidas del régimen de excepción, gracias al cual Bukele ha encarcelado a más de 80.000 personas desde marzo de 2022, “revelan la opción por un modelo de política criminal enfocado en medidas altamente represivas, con la suspensión de derechos y garantías, y al cual se aúnan denuncias de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos”.

Torturas y muertes en custodia

“Algunos compañeros se murieron en Mariona, en el sector 6. Uno gritó emergencia y era un muchacho que se convulsionaba. El custodio, cuando llegaba, les pegaba con la punta de la bota en las costillas y , si todavía respirabas, te dejaban en la celda”, relató a la CIDH un detenido liberado con medidas sustitutivas. Otros testigos describen violaciones sexuales cometidas por los guardas, con total impunidad, frente a decenas de presos aterrorizados. “Tuve la mala anécdota de ver cómo violaban a un muchacho ahí, pero nadie hacía nada porque si decías algo eras el siguiente”, dice uno de ellos.

Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales llevan dos años difundiendo testimonios de torturas y muertes en prisión, portada a menudo en algunos medios de comunicación de El Salvador a los que Bukele acusa de ser oposición. Un reciente informe de la organización Cristosal, publicado a inicios de julio, asegura que entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2024 murieron en las prisiones salvadoreñas al menos 261 personas adultas y cuatro niñas y niños encarcelados con sus madres. Uno de ellos tenía solo cinco meses de edad.

El Gobierno salvadoreño, mientras, niega las torturas y afirma que cualquier muerte en cárceles se debió a causas naturales. El pasado 12 de julio, en audiencia ante la CIDH, la canciller Alexandra Hill dijo que El Salvador está “cumpliendo con todos los estándares internacionales de privación de libertad”. El Gobierno alega que la Fiscalía, en manos de un fiscal impuesto por Bukele en 2021, no ha recibido denuncias por ese tipo de casos. Hace una semana el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Andrés Guzmán, dijo en una entrevista con el periódico El Faro que no conoce el número de personas muertas en las cárceles, ni lo considera “dentro de los radares de violación de Derechos Humanos”. Admitió también que, en más de un año en el cargo, no se ha reunido con ninguna de las personas que han denunciado en público haber sufrido o presenciado torturas.

Frente a la postura oficial, la CIDH habla de muertes no investigadas y de autopsias cuyos resultados no se quiere entregar a las familias de los presos fallecidos, y recuerda en el informe que “existe una presunción de responsabilidad del Estado por las muertes, lesiones o deterioros en la salud de una persona privada de libertad” mientras no exista una explicación satisfactoria y convincente.

La Comisión se pregunta además por qué El Salvador mantiene la suspensión de derechos y garantías si las pandillas están prácticamente desarticuladas y el país tiene hoy, como el mismo Gobierno se ha ocupado de publicitar, uno de los niveles de homicidios más bajos del continente. En su respuesta a la CIDH, incluida en el informe, el Estado argumentó que “la desintegración de estos grupos no ha conllevado una reducción inmediata o instantánea de su capacidad de causar daño”, pero la Comisión insiste en que no existen razones objetivas para que, por ejemplo, los salvadoreños no tengan desde marzo de 2022 derecho a la privacidad de las comunicaciones, y exige en sus recomendaciones el fin del estado de excepción.

“Ante pruebas abundantes de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en El Salvador, el Estado no investiga los abusos ni protege los derechos de la ciudadanía”, denuncia Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal. “Más bien se dedica a encubrir, intimidar y deslegitimar la voz de las víctimas y el trabajo técnico de las organizaciones de derechos humanos”. Según él, las conclusiones y recomendaciones del informe de la CIDH “validan la verdad de las víctimas y defienden la premisa de que sin derechos no hay seguridad”.

Tensión en la CIDH

El informe sobre el estado de excepción en El Salvador se ha publicado con cuatro meses de atraso sobre lo previsto y exhibe en sus páginas finales las fracturas internas de la CIDH, cada vez más afectada por las divisiones que también desgastan a la Organización de Estados Americanos (OEA). Si a fines de 2023, con la anterior composición de la comisión, el primer borrador del documento se aprobó por unanimidad, su versión final lo ha hecho por mayoría de cuatro contra tres e incluye el voto razonado de dos comisionados que ponen en duda el rigor del documento y acusan a la propia CIDH de sesgo y falta de imparcialidad.

Se trata del comisionado colombiano Carlos Bernal, relator de país para El Salvador, y del guatemalteco Stuardo Ralón, ambos alineados en el sector más conservador de la comisión. En su voto razonado sugieren una posible vulneración del derecho de defensa del Estado salvadoreño e insinúan un conflicto de interés por la “existencia de un mismo financiador tanto para la comisión como para organizaciones de la sociedad civil referenciadas en el informe”, en alusión velada a la organización filantrópica Open Society Foundations, fundada por el magnate George Soros, centro de las teorías conspirativas de la derecha hemisférica.

En otro voto razonado concurrente, los comisionados José Luis Caballero y Andrea Pochak responden a los anteriores justificando la metodología y la dureza del informe, que vinculan a la deriva autoritaria de Bukele, que controla los tres poderes del Estado, ha anulado toda oposición política y se reeligió en febrero pese a que la Constitución salvadoreña lo prohíbe: “La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático”, dicen. “La CIDH ha dejado en claro que el estado de excepción prolongado más allá de la estricta atención de la emergencia genera concentración de poder y atenta contra el Estado de derecho”.

Caballero y Pochak critican a sus pares por no haber hecho sus críticas durante el proceso de elaboración del informe, cuya primera versión apoyaron. Insisten, además, en que la comisión lleva desde noviembre de 2022 solicitando al Gobierno de El Salvador, sin suerte, que autorice una visita de trabajo al país con el fin de comprobar sobre el terreno el estado de los derechos humanos en el país.

“La expresión pública de estas diferencias debilita a la comisión”, dice Katya Salazar, directora de la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington. “Sobre todo en un tema incuestionable como este, porque así como nadie puede cuestionar que la seguridad ha mejorado en El Salvador, nadie puede negar que la mayoría de medidas implementadas violan el derecho internacional y están afectando la vida y la integridad de muchísimas personas, tanto dentro de las cárceles como fuera”.

El miércoles por la tarde, horas después de que se hiciera público el informe de la CIDH, El Salvador lo atacó a través de un comunicado, en el que insiste en el impacto que el estado de excepción ha tenido en la “protección de la vida de los salvadoreños” y usa el voto razonado de Bernal y Ralón para cuestionar de forma explícita la imparcialidad de la Comisión Interamericana. “La mención de un financiador común entre la CIDH y algunas de las organizaciones citadas en el informe (…) pone en duda la transparencia y objetividad del documento”, dice el escrito.

El Gobierno de Nayib Bukele destaca que el informe no haya sido aprobado por unanimidad y sigue el camino marcado por los comisionados disidentes al decir que la comisión “no ha proporcionado una explicación satisfactoria de cómo se seleccionan sus fuentes, testigos, procesos de entrevista y selección, ni ha demostrado de manera clara que sus decisiones estén libres de influencias externas”. El comunicado llega a exigir cambios en los procedimientos internos del organismo: “Sin esas reformas, su capacidad para proteger los derechos humanos en las Américas seguirá siendo cuestionada”, advierte.

La división de criterios y los atrasos del documento son un éxito de la labor diplomática del Gobierno de Bukele, que respondió al primer borrador de la CIDH con su propio informe de 134 páginas y 124 anexos, y prolongó por meses el intercambio de notas diplomáticas con alegatos de que la comisión utiliza fuentes de información sesgadas. La popularidad del presidente salvadoreño en el continente hace además, según lamentan miembros de la CIDH en privado, que ningún país de la OEA quiera pagar el precio que supondría liderar la denuncia de sus abusos de poder. La comisión siente que, en este tema, no tiene respaldo político.

Esa popularidad de Bukele se nutre, en parte, de la propia crueldad de su estado de excepción. La salvadoreña es una sociedad herida que, mientras espera justicia, disfruta de la venganza. En septiembre del año pasado, en el desfile por el mes de la independencia organizado por los salvadoreños en Nueva York, la carroza principal, engalanada con globos de colores y que transportaba a las reinas de cada barrio con sus coronas y vestidos de quinceañera, era una recreación orgullosa de la cárcel más grande del continente, el CECOT.

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