El Supremo de Venezuela, un tribunal que imparte justicia a la medida de Nicolás Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sellado, como era esperable, su respaldo a Nicolás Maduro. Controlado por el oficialismo desde hace dos décadas, la máxima institución judicial Venezuela validó este jueves los resultado del Consejo Nacional Electoral (CNE) –otro ente dominado por el chavismo–, que el 28 de julio proclamó ganador a Nicolás Maduro sin mostrar aún las actas de votación.

La resolución no sorprendió, debido a los vínculos de casi la totalidad de los magistrados con el chavismo. Poco antes de conocerse esta decisión de la Sala Electoral del Supremo, la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas en Venezuela había advertido sobre la carencia de independencia e imparcialidad de este organismo y del CNE. El fallo fue rechazado por la oposición, encabezada por el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, y varios presidentes de la región, como el chileno Gabriel Boric, debido al sesgo del tribunal.

Quien preside el Supremo y su sala electoral, Caryslia Beatriz Rodríguez, fue militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) –fundado por el expresidente Hugo Chávez en 2008– y ocupó cargos de elección popular como concejal del municipio Libertador (Caracas) y alcaldesa encargada de Caracas entre agosto y noviembre de 2021. En una entrevista del portal Ciudad Caracas, publicada hace tres años, Rodríguez se declaró “profundamente comprometida con las tareas que delega la revolución” y “leal” al presidente “obrero Nicolás Maduro y a los proyectos para la construcción del socialismo”. De aquello sólo quedan como prueba unas capturas de pantalla difundidas por la ONG venezolana Acceso a la Justicia, dado que antes de la postulación de Rodríguez como magistrada se eliminó la publicación.

La presidenta del TSJ y los otros dos jueces que componen la Sala Electoral, Fanny Márquez –exintendente del organismo tributario Seniat– e Inocencio Figueroa, están sancionados por el Gobierno Canadá como responsables del deterioro de la democracia en Venezuela. Como magistrados, Márquez y Figueroa están relacionados con persecución de diputados opositores hace casi una década y en la destitución de la fiscal general Luisa Ortega en 2017. Ortega había denunciado casos de presunta corrupción y violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Maduro. Hoy, al menos 18 de los 20 miembros que constituyen este tribunal han tenido un vínculo con el chavismo en el pasado, según Laura Louza, directora y fundadora de Acceso a la Justicia.

Un declive en cámara lenta

En 2017, algunos organismos internacionales reconocieron la legitimidad de la selección de 33 magistrados –20 de ellos suplentes– en julio de ese año por la entonces Asamblea Nacional, encabezada por Juan Guaidó y de mayoría opositora. Todos ellos acabaron en el exilio por las amenazas del régimen de Maduro. Luis Manuel Marcano, quien fue uno de estos jueces y ahora vive en Chile, recuerda que “el problema de la independencia judicial” en Venezuela no es nuevo: “El país ya venía con una democracia debilitada [antes de 1999], y lo que hizo Chávez fue generar un autoritarismo competitivo y adueñarse de todos los poderes, en especial, del judicial, comprando jueces y realizando procesos de destitución. Este desmontaje del sistema judicial Maduro lo termina de rematar de manera muy salvaje, con mucha brutalidad, nombrando jueces sin formación”.

Durante décadas, el chavismo introdujo reformas legales y nombramientos que le aseguraron el control del Tribunal Supremo de Justicia. Según el informe La toma del poder absoluto, de Acceso a la Justicia, el proceso se inició en agosto de 1999. Ese año, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dictó un decreto de reorganización del Estado que “dio paso a la intervención de las instituciones”. Se creó además una ‘comisión de emergencia judicial’, integrada por varios miembros designados por la ANC. Durante meses, esa comisión se “dedicó a suspender y despedir jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios alegando hechos de corrupción o retardo judicial”.

En 2004, el Parlamento, de mayoría chavista, aprobó una nueva Ley Orgánica del TSJ que aumentó de 20 a 32 el número de magistrados, y reservó la mayoría de los puestos del Comité de Postulaciones Judiciales a legisladores y no a la sociedad civil. Este instrumento legal abrió las puertas para que el oficialismo terminara de cooptar al TSJ, ya que ingresaron como jueces exdiputados del PSUV, como Luis Velásquez Alvaray, Luis Franceschi y Calixto Ortega; así como exembajadores del Gobierno de Chávez, como Gladys Gutiérrez, entre otros, recuerda Louza. Y agrega: “En ese proceso salieron los magistrados que no eran adeptos o mostraban independencia, así se produjo el secuestro definitivo de este poder”.

A Louza no le extrañó el fallo del Supremo a favor de Maduro. Además, destaca que en este caso hubo una “usurpación” de funciones que corresponden al Consejo Nacional Electoral. Advierte además que los textos íntegros del Supremo, particularmente de la Sala Electoral, no se publican desde febrero. Tampoco se conoce quiénes han sido los expertos designados para auditar los resultados dados por el CNE: “Eso es claramente un rasgo de falta de transparencia”.

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