Maduro pide al equipo de la ONU volver a Venezuela dos meses después de su expulsión

Dos meses después de expulsar con furia al equipo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Nicolás Maduro le ha pedido volver al país. “Acepto, pasemos la página y reconstruyamos los puentes de comunicación”, dijo el mandatario en televisión durante una reunión con el fiscal de Corte Penal Internacional Karim Khan, quien durante su cuarta visita al país le ha pedido a Maduro que reabra la oficina tras la crisis que llevó a su expulsión en febrero pasado. “Estoy preparado para recibir a los enviados del Volker Türk. Como siempre, las puertas del Palacio de Miraflores están abiertas para que hablemos las diferencias que tenemos, el conflicto que tenemos y lo superemos”.

Las diferencias entre Maduro y el Alto Comisionado surgieron en medio de la detención de la activista y abogada Rocío San Miguel, que estuvo en paradero desconocido e incomunicada durante varias horas antes de que fuera presentada a tribunales e imputada por delitos de conspiración y terrorismo a la patria sin que todavía se hayan presentado pruebas. Los funcionarios de la ONU elevaron las alarmas sobre lo ocurrido y expresaron su preocupación por las posibles violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en este caso. Lo que la defensa de San Miguel y las ONG calificaron como una desaparición forzada, un patrón que se ha vuelto común en detenciones de opositores al Gobierno, según el Centro para Defensores y la Justicia, para la Fiscalía ha sido parte de un debido proceso. El Ministerio Público la ha implicado en una de una serie de supuestas conspiraciones para asesinar a Maduro que están investigando.

El equipo de trece funcionarios de la ONU, instalados en Venezuela desde 2019 por mandato de la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet, fue expulsado del país acusándolos de haber cumplido “un papel impropio”. El canciller venezolano Yván Gil los señaló de “convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que constantemente confabulan en contra del país”.

Khan llegó a Venezuela este lunes para finalmente instalar una oficina de la fiscalía de la CPI en el país con la intención para echar a andar un plan de cooperación técnica en materia de justicia acordado esta semana y que todavía no se ha hecho público. Su equipo regresará en tres meses para continuar con las tareas acordadas para mejorar el sistema de justicia. El lunes, Khan fue recibido en el Parlamento por Jorge Rodríguez y también fue llevado a conocer organizaciones comunitarias aliadas al chavismo. “Mi trabajo no es ser popular y estoy seguro que no lo voy a ser. Mi trabajo es aplicar la ley”, dijo ante los parlamentarios.

Esta visita es independiente de la investigación que se lleva en La Haya sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad. En marzo pasado, después de varios intentos del Gobierno por frenarla, el proceso se ha reactivado. Venezuela es el único país de la región en la que un caso en esta instancia ha llegado a este punto. Los jueces de la CPI han concluido el Estado venezolano no investiga los supuestos crímenes ocurridos sobre los que al menos 8.900 víctimas han presentado sus testimonios ante el tribunal internacional ni ha sancionado a los presuntos perpetradores y a toda la cadena de mando implicada en violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos. Para Venezuela no han ocurrido, pues ni siquiera están tipificados como delitos en la legislación venezolana. Sobre esto, Maduro también hizo compromisos ante el fiscal Khan de incorporar los principios del Estatuto de Roma, del cual Venezuela es parte, al ordenamiento jurídico nacional.

Es buena noticia el regreso del equipo del Alto Comisionado para las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país que denunciaron una situación de mayor desprotección tras su expulsión. En los últimos meses, las detenciones contra dirigentes políticos, activistas como el periodista Carlos Julio Rojas, e incluso de ciudadanos por hacer críticas en redes sociales contra el Gobierno han sido parte de un nuevo saldo represivo para el chavismo. En el caso de San Miguel, que ocasionó la crisis que obligó a los funcionarios de la ONU a salir en del país en 72 horas, en el de los dirigentes de Vente Venezuela —el partido de María Corina Machado, la líder opositora a la que no se le ha permitido ir a elecciones— y el de Rojas las violaciones al proceso continúan. A ninguno se les ha permitido recibir la asistencia de sus abogados.

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