Fiebre minera en la Amazonia: el precio del progreso debe estar en COP30
Países como Brasil, Colombia y Perú enfrentan un doble desafío: proteger los ecosistemas amazónicos y las comunidades locales, al mismo tiempo que responden a las presiones de la economía global y a la creciente demanda por minerales estratégicos
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La Amazonia, corazón climático del planeta, se ha convertido en una frontera clave de la nueva geopolítica de los minerales críticos: aquellos que el mundo necesita para producir baterías, paneles solares, turbinas e incluso armas de alta tecnología. Desde el niobio y el tántalo hasta el estaño y las tierras raras, estos minerales sostienen tanto la promesa de una transición energética “verde” como la expansión de las industrias militares. Pero detrás de ese futuro limpio, se esconde una realidad: los fundamentos de la economía del mañana se están construyendo con recursos amazónicos obtenidos en condiciones de violencia, ilegalidad y devastación ambiental.
Durante casi un año, la investigación de Amazon Underworld The Price of Progress: The Dark Side of Amazon Critical Minerals documentó cómo grupos armados, redes empresariales y funcionarios estatales controlan la extracción de minerales en zonas de alta biodiversidad y territorios indígenas de Brasil, Colombia y Venezuela. Lo que encontramos es un sistema que mezcla la precariedad económica local con los flujos globales del capital: comunidades enteras sometidas a trabajos forzados, reclutamiento infantil, violencia sexual y desplazamientos, mientras las cadenas de valor internacionales permanecen opacas y sin control.
El mayor desequilibrio no está solo en el terreno, sino en el conocimiento. En gran parte de la región amazónica, la extracción ocurre sobre las llamadas “arenas negras”, mezclas minerales que contienen niobio, tántalo, estaño, titanio y tierras raras. Identificar su composición requiere equipos de laboratorio sofisticados, inversión en geología y capacidades técnicas que hoy son limitadas o inexistentes en la mayoría de los países amazónicos.
Como resultado, muchos Estados exportan materias primas sin saber con precisión qué minerales o elementos contienen ni cuál es su valor real en el mercado internacional. Las comunidades locales e informales, que extraen y comercializan estos materiales, tampoco cuentan con información ni herramientas para negociar de manera justa.
Mientras tanto, China —que concentra más del 90 % de la capacidad mundial de refinación de tierras raras— y otros compradores internacionales saben exactamente lo que adquieren. Esa brecha de conocimiento reproduce una vieja lógica colonial: países consumidores conservan el poder de definir el precio, el destino y el discurso de la transición energética, mientras el Sur aporta los cuerpos, los territorios y los riesgos.
La disputa por los minerales críticos está redefiniendo la política internacional y ambiental. En diferentes regiones, los discursos sobre transición energética, desarrollo económico y seguridad nacional se entrelazan, generando tensiones entre sostenibilidad, soberanía y cooperación.
En América del Sur, países como Brasil, Colombia y Perú enfrentan un doble desafío: proteger los ecosistemas amazónicos y las comunidades locales, al mismo tiempo que responden a las presiones de la economía global y a la creciente demanda por minerales estratégicos. Este equilibrio frágil se refleja en debates nacionales sobre la llamada minería “estratégica”, que busca combinar crecimiento con responsabilidad socioambiental, pero que a menudo se despliega sin la debida consulta o sin mecanismos eficaces de monitoreo.
En Estados Unidos, las discusiones sobre transición energética se vinculan cada vez más con la seguridad nacional y la independencia tecnológica, mientras China consolida su liderazgo en la refinación y procesamiento de tierras raras, impulsando acuerdos bilaterales e inversiones en infraestructura en América Latina.
Aunque estas dinámicas globales prometen innovación y desarrollo, también trasladan al Sur Global los costos ambientales y sociales de una economía dependiente de materiales escasos. En este escenario interconectado, la Amazonia se convierte en el eslabón más vulnerable de una cadena global de dependencia: provee los recursos que sostienen la transición energética, pero recibe de forma desproporcionada los impactos y los costos humanos de ese proceso.
En este contexto, la COP30 que se celebra en Belém representa una oportunidad única para fortalecer la cooperación internacional en torno a los minerales críticos amazónicos. Más que una discusión técnica, se trata de un debate ético y político sobre cómo garantizar que la transición energética sea justa, transparente y verdaderamente global.
Es fundamental promover mecanismos de trazabilidad, debida diligencia y reparación socioambiental, al tiempo que se reconocen las capacidades locales y el papel de las comunidades como aliadas en la protección de los territorios. Ninguna transición será sostenible si repite los patrones de desigualdad que marcaron la historia del extractivismo que regenera impactos devastadores en ecosistemas frágiles como el Amazónico.
La Amazonia no es una mina ni una metáfora. Es una región viva, habitada por pueblos que llevan siglos cuidando la tierra que ahora el mundo pretende salvar. Escucharlos y fortalecer su participación es la verdadera medida del progreso.