La contaminación silenciosa de una antigua mina de uranio en Argentina

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Hace 36 años que toneladas de residuos radiactivos y químicos de una antigua mina de uranio abandonada permanecen a cielo abierto en las Sierras Grandes de Córdoba. El predio sin remediación es uno de los pasivos ambientales más graves de la historia de la provincia argentina y un ícono de la desidia de la industria nuclear en el país. Se trata del yacimiento Schlagintweit, ubicado en los macizos serranos de Los Gigantes, cercano a una reserva natural hídrica, donde funcionó entre 1982 y 1989 una planta de concentración de uranio del Complejo Minero Fabril Los Gigantes.

En siete años, se extrajeron de allí 207 toneladas de uranio y, tras el cierre, quedaron en el predio 2,4 millones de toneladas de colas de mineral. Allí permanece casi toda la radiactividad, metales pesados y sustancias químicas utilizadas durante el proceso, y 97.000 metros cuadrados de escombrera permanente, un millón de toneladas de estériles, 600.000 toneladas de marginales, diques con efluentes líquidos producidos por las operaciones mineras y de procesamiento y lodos.

Según los datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), responsable de las instalaciones abandonadas, el dique principal contiene 120.000 metros cúbicos de agua, el equivalente a 48 piletas olímpicas. “Dejaron un desastre”, asegura Juan Carlos Ferrero, doctor en geología, miembro de la Asociación de Amigos del Río San Antonio (Adarsa) y excoordinador del foro social del Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (Pramu), que se creó en 2008 para la remediación de la mayoría de las minas de uranio cerradas en el país.

En septiembre pasado, la noticia de la rotura en una geomembrana de impermeabilización del dique de desechos número 3 de la exmina, a consecuencia de vientos de 100 kilómetros por hora, volvió a poner en agenda el tema. El incidente, en realidad, había ocurrido en 2021, y los trabajos de reparación terminaron en 2024, según confirmó la CNEA en un comunicado, en el que también desmintió que hubieran existido filtraciones en los diques y contaminación ambiental o de cursos de agua. Sin embargo, el ruido ya se había generado y fue un recordatorio más de las dificultades en la gestión de esta antigua mina de uranio que, casi cuatro décadas después de su cierre, sigue generando preocupación por su potencial contaminación. El Gobierno de Córdoba y la CNEA han declinado hacer declaraciones sobre este asunto a América Futura para este reportaje.

Los riesgos

El predio del antiguo complejo minero se encuentra en un sistema montañoso clave para la generación de agua. Si bien los pasivos ambientales se encuentran fuera de los límites de la Reserva Hídrica Natural Los Gigantes –a menos de cinco kilómetros—, el yacimiento se ubica en las cuencas hídricas que protegen la reserva; en especial, la cuenca alta del río San Antonio, entre los arroyos El Cajón y Cambuche.

Este río abastece de agua potable a varias localidades y al embalse San Roque, que provee de agua al 70% de la población de la capital de Córdoba, donde viven 1,5 millones de personas. El sitio está prácticamente igual a como se encontraba en la década de 1980, cuando era explotada por la empresa constructora Sánchez Granel Ingeniería SA, sin antecedentes en la actividad minera. El problema es que las montañas de desechos áridos se han desplazado con los años a raíz de las precipitaciones y los vientos, según consta en la documentación existente.

El biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Premio Nobel Alternativo (Right Livelihood Award) y ex subsecretario de gestión ambiental de la Provincia de Córdoba asegura que hoy el mayor riesgo es que se produzca un “colapso masivo”. “Nuestra preocupación es que, con la situación climática global y las tormentas eléctricas con grandes yunques en la zona, tenemos gran probabilidad de que en la cuenca alta se registren fenómenos atípicos, cientos de milímetros en poco tiempo, y que esa masa de agua ingrese a la mina”, subraya. Para el biólogo, el riesgo es alto, con lo cual es necesario —dice— plantear modelos para el peor escenario: que un módulo enorme de agua arrastre residuos radiactivos y tóxicos hacia el río San Antonio.

“Pedimos que haya una auditoría independiente y un plan ciudadano de emergencia, que hoy no existe. En el caso de un colapso masivo, que produzca una gran fuga de material, la gente tiene que saber cómo actuar aguas abajo. No hay plan para el máximo accidente posible”, asegura.

En el año 2017, la CNEA presentó ante la Secretaría de Minería de Córdoba un Plan de Cierre del Yacimiento Schlaginweit, ya que sus instalaciones se encontraban (y aún se encuentran) prácticamente abandonadas desde que dejó de funcionar. En el expediente, se deja constancia que los componentes del pasivo ambiental minero “representan riesgo de impactos potenciales para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad”. El Gobierno de Córdoba, responsable de los recursos naturales de su territorio, no respondió a esa requisitoria.

Basura radioactiva

Los expertos sostienen que la contaminación comenzó con el funcionamiento de la planta. Montenegro relata que la empresa descargaba sustancias alcalinas o ácidas que contenían uranio al arroyo Cambuche de manera clandestina los días de lluvia. Un informe presentado al Banco Mundial confirma que, en los siete años que funcionó la mina, se arrojaron sustancias tóxicas. “Años de laxitud en la aplicación de la normativa medioambiental y en las prácticas de gestión de la industria de extracción de uranio” dejaron un “legado medioambiental indeseable”, dice el experto, que incide también en la preocupación sobre “la salud pública a largo plazo y el uso de los recursos naturales”. A pesar de ello, nunca se realizaron estudios epidemiológicos en la zona.

Por su parte, el documento del Plan de Gestión de la Reserva Hídrica (2024-2029) indica que existen “registros de desbordes y vertidos de líquidos contaminantes de la mina que afectan la cuenca del río San Antonio”. El ingeniero químico Juan Carlos Paesani, presidente de la ONG Educación, Ambiente y Trabajo y parte del disuelto foro social del Pramu, subraya que se incumple con la Ley Nacional del Ambiente N° 25675 y la Ley Provincial N° 7343 que plantea los principios de prevención y de precaución para el presente y las próximas generaciones.

El uranio es un metal pesado, radiactivo y químicamente tóxico. “No se mueve solo, trabaja con los minerales anexos al uranio, que también son críticos”, explica Ferrero.En Argentina se extrajo entre 1952 y 1997 en una decena de minas, la mayoría a cielo abierto y algunas subterráneas.

El periodista ambiental Cristian Basualdo, del Movimiento Antinuclear Argentina, detalla que en total se extrajeron unas 2.600 toneladas en el país, “con una ley promedio de un 0,1%”. Esto significa que, para obtener un kilo de uranio, hubo que remover mil kilogramos de mineral. “Esto nos da una idea de la cantidad desmesurada de residuos que genera la minería del uranio”, remarca.

Un legado peligroso

Cuando las minas cerraron en Argentina, quedaron abandonadas. La CNEA gestionó un crédito de 30 millones de dólares ante el Banco Mundial para financiar la remediación de casi todas las minas de uranio de Argentina y la fábrica Dioxitek, en la ciudad de Córdoba, una planta de conversión a polvo de dióxido de uranio, que también acumula toneladas de residuos.

El préstamo alcanzó para ejecutar la obra de Malargüe, en Mendoza, en donde se reubicaron y encapsularon los estériles (minerales residuales del proceso de extracción que no contienen uranio). En Los Gigantes, apenas se realizaron algunos estudios. La remediación, cuyo plan consistía en la evaporación de los líquidos en los diques para, luego, colocar las colas del mineral, tiene un costo de 66 millones de dólares.

“Lo que se llama remediación consiste en empaquetar los residuos minerales. El uranio tiene un período de semidesintegración de unos 4.500 millones de años. Ese material va a ser radiactivo por el resto de la eternidad”, apunta Basualdo.

En Argentina, la Ley nacional Nº 25.018 de Régimen de gestión de residuos radiactivos, estipula la creación de un fondo para la gestión y disposición final de los residuos radiactivos. Pero la normativa aún está sin reglamentar. Montenegro vaticina que la remediación que se espera desde hace décadas no está en los planes de nadie. “¿Alguien imagina que puede interesarle al Gobierno de Javier Milei, un negacionista del cambio climático, que se utilicen millones de dólares para remediar la mina de uranio de Los Gigantes?”, se pregunta.