La duda existencial de Costa Rica: ¿debe el país ‘verde’ explorar los combustibles fósiles?

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Costa Rica afronta una disyuntiva casi existencial ante el deseo por preservar la imagen de excepcionalidad ambiental, el interés por capitalizar esa reputación, el afán de dar sustento energético al acelerado crecimiento de la economía y la tentación de ir más allá hacia la exploración de combustibles fósiles, incluso con la posibilidad de llevar el tema a un referendo nacional.

La duda no es del todo nueva, pero las tendencias globales, la discusión internacional y las circunstancias políticas internas la hacen más explícita que nunca para este pequeño país centroamericano que se sabe aplaudido por su apuesta medioambiental, pero también examinado en tiempos de creciente preocupación por el cambio climático.

De un lado, están casi 50 años de una red de generación eléctrica basada en plantas hidroeléctricas, más proyectos secundarios de fuentes alternativas como la eólica o la geotérmica. La ubicación tropical y los altos volúmenes de lluvias han permitido alcanzar en años recientes casi el 100% de producción de electricidad limpia, algo que aún repiten las autoridades del Gobierno de Rodrigo Chaves aunque en este primer trimestre del 2024, el 15% provino de plantas térmicas abastecidas por derivados del petróleo, debido a la reducción de lluvias provocada por el fenómeno climatológico El Niño.

Del otro lado, está la tarea de dar energía suficiente, asequible y estable a las industrias tradicionales y de tecnología más reciente, en momentos en que crece la inversión extranjera y se impulsa la producción de microprocesadores ante un alto interés de Estados Unidos. Las fábricas modernas no pueden apagarse ni un minuto.

El crecimiento industrial compromete a un modelo energético que, por su base y escala, se puede comparar con Islandia (donde predomina la geotermia), Nueva Zelanda (que coincide en el peso de hidroeléctricas) o Uruguay, donde ahora hay un fuerte impulso por la energía del viento, explica a América Futura José Daniel Lara, ingeniero costarricense radicado en Estados Unidos como investigador en el Laboratorio Nacional Energías Renovables (NREL), en Colorado. En Costa Rica, se suman dos particularidades: la previsión de que la demanda aumentará más de 10% para el 2027, y la necesidad de resolver el enorme gasto energético sucio por la flota vehicular que consume derivados de combustibles fósiles sin que haya una estrategia para desarrollar un transporte público atractivo.

Costa Rica le pide ayuda a Noruega

El problema ya estaba planteado, pero en 2023 del Gobierno de Chaves pisó una línea que en Costa Rica se consideraba prohibida y, de hecho, lo estaba por decretos de las últimas cinco administraciones: la posibilidad de extraer el gas natural o petróleo que se supone puede haber en el subsuelo costarricense. Lo dijo primero un ministro de Transportes como si fuera una idea personal, pero pronto el presidente tomó la palabra y contó que había pedido ayuda a Noruega para calcular el valor potencial de las supuestas reservas, como un primer paso para tomar la decisión de explorar o no. Su idea es analizar si es posible la explotación para generar una riqueza que convierta a Costa Rica en país rico. “Ser como Singapur”, dijo el mandatario.

En una reunión en la que participó el exministro de Ambiente y asesor de empresas petroleras estadounidenses Roberto Dobles, las autoridades costarricenses pidieron la ayuda a Noruega por la experiencia del país nórdico en el óptimo aprovechamiento de sus recursos. Hasta ahora, Costa Rica compra todos los combustibles ya refinados a través de una entidad estatal con monopolio de importación y distribución. Pero el Gobierno costarricense ha mencionado la posibilidad de construir una refinería de petróleo en el Caribe y se desligó en diciembre de la declaratoria de una iniciativa internacional suscrita por el Gobierno anterior para erradicar la extracción de petróleo y gas natural, llamada Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA).

El argumento de las autoridades actuales fue que no era algo realista y que entorpecía otros acuerdos con el anfitrión en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP28), Emiratos Árabes Unidos, nación con la que Costa Rica acaba de firmar el primer tratado comercial entre esa nación y una contraparte latinoamericana.

Después de siete meses, Noruega respondió con un “no” que incluía un mensaje claro: el país nórdico, que por 50 años se enriqueció con su industria extractivista, informó de que ha cerrado ya su programa de cooperación internacional sobre petróleo como parte de una estrategia general interna de diversificación económica y de avance hacia energías alternativas. “Sabemos que el mundo va a utilizar menos hidrocarburos en el futuro y el enfoque es buscar fuentes energéticas renovables que no crean emisiones”, dijo en su visita la embajadora noruega Ragnhild Imerslund.

“Es un mensaje muy claro para el que quiera tomarlo”, dice el investigador José Daniel Lara. “En Costa Rica, no sabemos con certeza si hay o no esos recursos. Suponiendo que sí, se debe advertir en una industria desde cero para ser competitivos. La verdad es que estaríamos llegando tarde a la fiesta. Es como que alguien a los 45 años diga de un día para otro que va a correr una maratón y ganarla”, añade Lara sabiendo que el enfoque de las autoridades costarricenses contiene un elemento político de promesa de generación de riqueza, sobre todo en regiones costeras pobres.

Por eso, el mandatario Chaves dice que insistirá en buscar cooperación para evaluar las presuntas reservas, pero no ha dicho con qué gobiernos. Hay estudios de los años 80 que incluso los sectores interesados consideran poco útiles. El presidente critica las posiciones “progres” y “de izquierda” de prohibir la industria extractivista por motivos ideológicos e incluso refuta el argumento de que hay que blindar el ecoturismo, que aporta el 8% del PIB basado en la imagen verde del país. “¿Qué argumento darían si el gas natural fuera el 200% del PIB por año? Uno tiene que basarse en datos, costos y beneficios”, dijo Chaves.

La posición oficial recibe apoyo de un sector de asociaciones empresariales, de la asociación nacional de geólogos y quizás de una parte considerable de la población. En 2022, una encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR) señaló que un 48,5% de los costarricenses aprobaba prohibir por ley la exploración o explotación de petróleo y 45,6% prefería dejar el portón abierto. “¿No cree que hay que saber cuántos recursos hay para que haya una discusión nacional y un tipo de referendo?”, dijo en una entrevista Franz Tatternbach, ministro de Ambiente y Energía.

Un proyecto de ley busca frenar la explotación petrolera

La discusión, sin embargo, va más allá del Poder Ejecutivo, asociaciones empresariales y grupos ambientalistas. La Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley contrario al afán del Gobierno, pues pretende establecer por ley las moratorias a la exploración que, vía decreto, han emitido las administraciones anteriores. El impulsor de la reforma legal es uno de los ocho legisladores oficialistas (entre 57 escaños) llamado Manuel Morales, convencido de que serían más los peligros y perjuicios que los beneficios. Parece haber un buen ambiente para aprobarlo; ya pasó un primer filtro en una comisión sobre asuntos de ambiente donde sólo una diputada lo objetó, con el argumento de que en su región (Caribe) la conservación natural no ha ayudado a la población a salir de la pobreza. Morales, sin embargo, sabe que, de aprobarse su proyecto, el presidente Chaves podría vetarlo y obligar después a un resello con mayoría calificada, pero vuelve al tema de la imagen costarricense: “No sería una muy buena señal la que dé el Gobierno Costa Rica ante otros países”, opinó el congresista.

El investigador Lara, que participa de un proyecto de planificación de energía solar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), prefiere apartarse de las razones de reputación y de las invocaciones ambientalistas, aunque los razonamientos técnicos conducen a la misma conclusión: al país no le conviene entrar en una posible actividad petrolera ahora que hasta las economías petroleras están buscando diversificarse, como la noruega y las de la península arábiga. Comprende que las motivaciones son económicas y políticas, no tanto de seguridad energética, pero finalmente se relacionan también con el abastecimiento local.

“Igualmente, hay que buscar una solución porque Costa Rica ya saturó el potencial de fuente hidroeléctrica y esto se combina con situaciones climáticas y longevidad del sistema”, comenta Lara, crítico de la manera como se ha planificado en el pasado, sin considerar los años de déficit de lluvias como fue 2023. En 2022, el 67% de la generación venía de las plantas hidroeléctricas, 14,7% de geotermia, 15% eólico y la solar era insignificante. El aporte con plantas de derivados de petróleo importados fue de 1,7% en ese año, pero para este primer trimestre de 2024 se multiplicó por 10: un 17%.

Ahora es aún menos cierto que Costa Rica produce el 100% de sus energía con fuentes limpias, como dicen en los discursos, aunque esa es aún la meta. Por eso, para los próximos dos años, el ICE pretende invertir casi 550 millones de dólares en proyectos renovables en conjunto con empresas privadas de generación, anunció la agencia estatal en marzo. La planificación es clave, subraya José Daniel Lara en relación a una tarea que no se ha hecho de manera precisa en el pasado y en la que ahora intenta colaborar para el impulso de la energía solar. “De eso se hablaba hace 20 años, sí, pero ahora el momento parece más decisivo y no hay tiempo para perder”.