Una sentencia y dos rectores: una nueva disputa jurídica sume en la incertidumbre a la Universidad Nacional

La disputa jurídica por la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia parecía zanjada en la tarde del jueves pasado. Una sentencia del Consejo de Estado anuló la elección de Leopoldo Múnera en junio de 2024 tras considerar que el Consejo Superior Universitario (CSU) no tenía atribuciones para revertir la designación previa de José Ismael Peña. Concluían 18 meses de interpretaciones cruzadas sobre los procedimientos del máximo órgano de la institución y el rector dejaba su cargo. Sin embargo, en cuestión de minutos, quedó en claro que era apenas el inicio de un nuevo lío jurídico. Peña aseguró que la sentencia lo reconocía como rector y que en tres días hábiles comenzaría a despachar. Múnera le salió al frente: el fallo lo apartaba del cargo, pero el CSU debía definir su reemplazo.

Los partidarios del rector saliente ganaron un primer pulso en la noche del lunes. El Consejo Superior aceptó la renuncia presentada por Múnera, estableció que el puesto quedaba vacante y designó de forma interina a Andrés Felipe Mora, hasta ahora vicerrector general. Para el movimiento estudiantil, es un logro en medio de la tristeza por la salida del abogado y politólogo de izquierdas que han apoyado por años. “El proyecto de universidad por el que hemos luchado se ve blindado con la posesión de Mora, que es un defensor histórico de la educación pública”, resalta por teléfono David Sánchez, estudiante de Derecho. Su compañero Andrés García, de la carrera de Estudios Literarios, acota que hay confianza en la solidez de la designación: “Estamos acatando cabalmente la sentencia. Jurídicamente, es imposible que Peña llegue a la Rectoría”.

Pero en el otro sector no hay un sentimiento de derrota. “Mantenemos plena confianza en las instituciones administrativas y judiciales del país que han mostrado solidez y apego al derecho”, se lee en un comunicado emitido en la tarde del martes por Peña, quien firma como “rector designado 2024-2027”. El abogado Humberto Vergara Portela, que presentó las demandas contra Múnera y es profesor de la Universidad, señala en una llamada teléfonica que la Procuraduría y los jueces actuarán a favor de ellos en los próximos días. “Esto queda resuelto la semana entrante, tenemos todos los mecanismos”, subraya. Según él, la decisión del CSU es “una usurpación de funciones” y “un desacato judicial” que tendrá consecuencias, incluso penales, para sus responsables.

La designación del rector para este periodo ha tenido enredos jurídicos desde el principio. En marzo de 2024, el Gobierno de Gustavo Petro desconoció la legitimidad del nombramiento de Peña por cinco votos contra tres por Múnera: la entonces ministra de Educación y presidenta del CSU, Aurora Vergara, se negó a firmar el acta tras cuestionar los métodos del proceso. El elegido se posesionó ante una notaría. Después, en junio, el balance de fuerzas cambió y el Consejo Superior revirtió la designación de Peña para nombrar a Múnera, que había ganado una consulta no vinculante a la comunidad académica. El Consejo de Estado resolvió esta parte de la disputa en dos sentencias: una en septiembre, cuando estableció que el nombramiento de Peña había sido legal pese a que la ministra no firmó la resolución; otra la semana pasada, cuando anuló la designación de Múnera.

Los nuevos argumentos

El rector saliente y sus allegados argumentan que el fallo reciente no establece que Peña deba volver al cargo. “Es una sentencia de nulidad electoral, que lo único que hace es decir si la elección [de Múnera] fue legal o no. No es sobre el reestablecimiento de un derecho, que tendría que haber sido resultado de otro tipo de demanda”, explica por teléfono David Ernesto Llinás, profesor de Historia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Enfatiza que puede que los abogados de Peña “cometieran un error” al no pedir que se reestableciera un derecho. Cita un fragmento del fallo: “La discusión no versa sobre la situación particular y concreta del mencionado [Peña]”.

Para Llinás, el Consejo Superior hizo “lo que tenía que hacer” en su sesión del lunes. “No tenía otra opción que elegir a un nuevo rector. Si instauraba a Peña, podía actuar contrario al derecho: ninguna autoridad administrativa puede restablecer derechos”, enfatiza, al tiempo que señala que la designación de Mora en interinidad era necesaria porque “la universidad no puede quedar acéfala”. Ahora, explica el académico, debe iniciarse un nuevo proceso desde cero, con una consulta a la comunidad universitaria y la posterior consideración del CSU de los cinco aspirantes que obtengan más votos.

Desde el lado de Peña contraargumentan que la anulación de la elección de Múnera implica que “las cosas vuelven a su estado anterior” de manera automática. “Uno no puede pedir la restitución de un cargo que ya tiene. Su nombramiento es válido desde esa fecha [marzo de 2024] hasta hoy”, apunta el profesor Vergara. Para él, ni siquiera se puede reconocer que Múnera estuvo 18 meses en el cargo. “Se considera que nunca fue rector, que no existió. Sus actos están amparados por la presunción de legalidad, pero son demandables”, comenta.

El académico asegura, además, que el Consejo Superior “no podía” designar a Mora. “No puede haber un encargado cuando ya hay un titular [Peña]”, afirma. Según él, no hubo una vacancia por renuncia que habilitara el proceso: “Si el nombramiento de Múnera no existía, no podía renunciar. No se renuncia a lo que no se tiene”.

La puja política

Detrás de los argumentos jurídicos, hay dos visiones opuestas sobre cómo debe elegirse al rector y cómo debe funcionar la universidad. Múnera, el movimiento estudiantil y el Gobierno defienden que debe designarse a quien obtenga más votos en las consultas a la comunidad académica, que legalmente no son definitorias. El estudiante Sánchez destaca que el rector saliente avanzó en este sentido, con la puesta en marcha de “un proceso constituyente universitario” que busca reformar los estatutos para democratizar la elección de autoridades. “Debe ser una universidad democrática en la que todos podamos participar, no solo votar. Que podamos proponer ideas y donde el conocimiento pueda retribuirse a la nación colombiana”, señala, al tiempo que enfatiza que Múnera reabrió un comedor estudiantil, incentivó proyectos culturales y comenzó a investigar “las profundas conductas de corrupción de las elites académicas”.

Del otro lado está el representante de los profesores en el CSU, Diego Torres, quien se opuso a la designación de Mora y asegura que habrá “acciones judiciales muy fuertes en las próximas semanas” contra los otros consejeros. Desde el principio, ha defendido la postura de que el Consejo Superior debe evaluar otros factores aparte de la consulta, como las hojas de vida y las propuestas de los aspirantes. “La meritocracia es dura, horrible, pero hace que la sociedad avance”, afirma en una llamada. Enfatiza que es peligroso premiar a quien tiene “un mar de aplausos”. “No haces una votación para elegir quién va a salvar un barco, sino que escoges al mejor marinero”, ejemplifica. Los estudiantes, considera, no tienen todos los elementos necesarios para tomar decisiones sobre el manejo de la institución y “muchos cambian radicalmente su visión cuando reciben su primer sueldo”.

William Díaz, profesor de Literatura, comenta que “los intereses políticos” en disputa no se pueden separar de la elección y sus líos jurídicos. “Seguimos con dos visiones enfrentadas”, enfatiza por teléfono. La de Múnera y los estudiantes, dice, propone “cierta democratización, una mayor discusión en la comunidad”. La de Peña y Torres, señala, promueve la búsqueda de recursos en el sector privado ante las limitaciones del financiamiento estatal y “premia a los profesores y las facultades que consiguen más dinero para la universidad” a través de asesorías e investigaciones para empresas. “Los estudiantes cuestionan que lo que se investiga dependa de quién da más plata”, explica.

Todos preveen que en los próximos días tome fuerza una nueva batalla legal. Del lado de Peña, esperan decisiones judiciales que lo devuelvan a la Rectoría. Los estudiantes, por su parte, afirman estar listos para reaccionar si eso sucede. “Podemos contar con un movimiento universitario que va a tomar las riendas, no vamos a permitir que la derecha tome el control”, afirma Sánchez. El profesor Díaz es optimista: más allá de lo que suceda, valora que las sesiones del Consejo Superior ya no son reservadas —la del lunes se transmitió en vivo—. “La batalla legal se va a abrir, pero tengo la impresión de que se dará sobre algo que es más transparente que antes”, dice.