Petro y Benedetti miden el alcance de las sanciones personales impuestas por Estados Unidos

La semana pasada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de sanciones financieras. La medida, que también afecta a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el Ministro del Interior Armando Benedetti, se basa en una presunta permisividad con el narcotráfico. Aunque no se trata de la tradicional Lista Clinton —creada en 1995 para sancionar exclusivamente al Cartel de Cali—, los efectos prácticos son los mismos: bloqueo financiero, aislamiento reputacional y riesgo de quedar fuera del sistema. La gran incógnita ahora es qué pasará con las cuentas del presidente Petro y los otros sancionados, pues las entidades locales están interconectadas con la red financiera estadounidense.

Un asesor de alto nivel en entidades bancarias, con operaciones tanto en Colombia como en el exterior, advierte en conversación con EL PAÍS —bajo condición de anonimato por la sensibilidad del tema— que sí “existe el riesgo de que Petro quede por fuera del sistema bancario nacional”. No se trata de una consecuencia jurídica, sino de una reacción estructural del sistema financiero colombiano. La Corte Constitucional, en una sentencia de 1999, establece que la inclusión en la Lista Clinton constituye una “causa objetiva que justifica la decisión de la banca” para terminar contratos con los sancionados.

Aunque no es obligatorio, los bancos tienen el derecho de hacerlo si consideran que mantener la relación con Petro, su esposa, su hijo y su ministro pone en riesgo sus vínculos con entidades extranjeras. “La mayoría de las entidades financieras colombianas mantienen relaciones comerciales muy importantes con la banca estadounidense”, explica la Corte. Y si un banco colombiano mantiene la relación comercial con la persona sancionada, podría ser escarmentada por el gobierno de Estados Unidos como facilitador de operaciones ilícitas, lo que pondría en juego a todo el sistema financiero del país andino.

Armando Benedetti, ministro del Interior, dijo este lunes en Caracol Radio que se siente “muy golpeado” por su inclusión en la lista y denuncia que ya bloquearon su tarjeta de crédito. “Una cosa es que a usted le prohíban ir a ver a Mickey Mouse y otra que lo pongan al lado de Osama Bin Laden”, comentó, aludiendo a la diferencia entre perder la visa y quedar excluido del sistema financiero global. Petro reaccionó con dureza. En su discurso del viernes, en la Plaza de Bolívar, aseguró que no tiene bienes ni cuentas en Estados Unidos y que, por tanto, la sanción no lo afecta en lo personal. “Si yo no he hecho negocios nunca, no tengo un dólar en Estados Unidos, no hay ninguna cuenta qué congelarme. No tengo ni ganas hacer negocios en Estados Unidos”, dijo.

Petro continuó: “Están tratando de arrodillar a un presidente”, pero pasó por alto mencionar que sus cuentas en Colombia peligran, pues los bancos tienen carta blanca para congelarlas si quieren evitar el riesgo de enfrentarse a sentencias por parte de las autoridades estadounidenses. La decisión sería polémica para el sistema bancario colombiano, pues no se trata de congelar las cuentas de un ciudadano cualquiera, sino la del presidente de la República.

Por fuera del mapa financiero

La inclusión en la lista de sanciones de la OFAC no requiere una sentencia judicial ni pruebas concluyentes. “Es un proceso administrativo, no jurídico. Es para que te saquen del mapa financiero”, explica Oreste Sangiovanni, abogado y expresidente del equipo de fútbol América de Cali, club deportivo que vivió lo que significa estar en la Lista Clinton. “Uno se busca la manera de pagarle a los proveedores. No tienes nada. Ni cuenta corriente, ni de crédito, ni acceso a préstamos. Básicamente, nada para que la empresa funcione. Estar en esa lista mata la confianza. Es una forma de muerte social”, dice a EL PAÍS.

Sangiovanni lideró el proceso para sacar al equipo de la Lista Clinton, en una tarea que tardó casi 14 años y que solo fue posible gracias al respaldo del gobierno de Juan Manuel Santos. Desde el 8 de junio de 1999, el equipo operó sin cuentas en el sistema financiero, prescindió de patrocinios de multinacionales y se le prohibió cualquier transacción con entidades estadounidenses. El aislamiento financiero llevó al club al borde de la quiebra, condenándolo a una década de crisis deportiva y reputacional.

Solo hasta el 3 de abril de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) oficializó su salida del listado, tras un proceso de depuración interna y negociaciones diplomáticas que involucraron al entonces alto consejero presidencial para asuntos políticos, Aurelio Iragorri, y al delegado de la OFAC en Bogotá, Mark Samara. “Fue difícil hasta que fue fácil. Le podría decir que no dormí por mil y una noches”, aquilata Sangiovanni. El exdirectivo del equipo escarlata recuerda que, una vez iniciaron las gestiones, el América salió de la Lista Clinton en siete meses. Pero advierte que el caso del club y el del presidente Petro son incomparables. “En el club sí se comprobó la simbiosis que había entre el club y el narcotráfico”, dice.

Aunque en Colombia se suele llamar ‘Lista Clinton’ a cualquier sanción de Estados Unidos por narcotráfico, la medida contra el mandatario no responde a esa categoría original. De hecho, ha sido emitida bajo una orden ejecutiva más reciente, firmada por Joe Biden en 2021, que permite sancionar no solo a narcotraficantes, sino también a quienes colaboren o faciliten sus operaciones. “La Lista Clinton como tal es solo una de las variantes. Lo demás tiene los mismos efectos, pero se basa en normas distintas”, explica Santiago Ramírez López, abogado especializado en cumplimiento normativo (compliance). En estos casos, no se exige una condena judicial ni pruebas concluyentes: basta con que el Gobierno de EE UU tenga una “base razonable” para vincular a alguien con actividades ilícitas.

Salir de la lista es posible, pero complejo. El proceso se llama delisting y puede tardar años. Implica presentar una solicitud ante la OFAC, demostrar que la inclusión fue errónea o que ya no se realizan las actividades que motivaron la sanción. “El procedimiento no tiene un plazo específico y puede depender de muchos factores, incluyendo factores políticos. Finalmente, la decisión es netamente del Departamento del Tesoro estadounidense”, razona Ramírez.

Empresas como la perfumería La Riviera han logrado salir solo tras largos procesos de negociación directa con el Tesoro. En el caso de Petro, su defensa está en manos del abogado estadounidense Daniel Kovalik, quien ha declarado ante W Radio que la sanción está “políticamente motivada” y que “no tiene nada que ver con algo malo que haya hecho [Petro]”. Kovalik planea presentar una objeción formal ante la OFAC y no descarta una demanda por difamación contra el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.