El regreso del ‘gran garrote’
Con la descertificación, buscan golpear políticamente a Petro y darle oxígeno a la oposición, a ocho meses de las elecciones. Esa decisión nos va a dividir y polarizar más
La decisión de Donald Trump de descertificar a Colombia, bajo el argumento de que “falló de manera demostrable” en sus compromisos internacionales contra el narcotráfico, es insostenible a la luz de los hechos.
El viernes pasado, el congresista demócrata Gregory Meeks le envió una carta...
La decisión de Donald Trump de descertificar a Colombia, bajo el argumento de que “falló de manera demostrable” en sus compromisos internacionales contra el narcotráfico, es insostenible a la luz de los hechos.
El viernes pasado, el congresista demócrata Gregory Meeks le envió una carta a la Casa Blanca solicitándole certificar al país en atención, precisamente, a los resultados que éste no quiere ver. “Solo en 2024 –dice el demócrata–, Colombia se incautó de casi 1.000 toneladas de cocaína, que representaron el 65% de las incautaciones mundiales de esa droga y el equivalente a 750 millones de dosis letales y 22,5 mil millones de dólares negados a las redes criminales. Lo más importante es que el Gobierno colombiano está actualmente en camino de alcanzar un récord de 288 extradiciones de personas condenadas por actividades delictivas y delitos relacionados con las drogas en los Estados Unidos solo en 2025”. Sería bueno saber cuántas toneladas se incautó su Gobierno. Quienes han fallado de “manera demostrable” son los Estados Unidos, que no han logrado reducir el consumo de drogas, ni sabido cuidar sus fronteras —a pesar de ser la primera potencia militar—, ni combatir el blanqueo de dinero dentro de su propio territorio.
Washington quiere que terceros países eviten la entrada de drogas ilícitas a Estados Unidos. Que Canadá, China y México controlen el ingreso de fentanilo, y que Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia frenen la cocaína. Culpa a otros de sus propias culpas. La realidad es que las drogas ilícitas siguen entrando, y seguirán entrando, porque no logran reducir el consumo. Y mientras haya demanda, habrá oferta. Esa es una enseñanza liberal básica. Frente a eso no hay aduanas, ni muros, ni descertificaciones que valgan. Es una lección aprendida desde hace siglos por los contrabandistas.
Han pasado 54 años desde que Richard Nixon declarara la guerra contra las drogas, y esta solo ha servido para consolidar mafias transnacionales que ponen en jaque a estados débiles como el colombiano. Desde entonces, todos los gobiernos de Colombia (incluido el actual) han hecho cuanto Washington les ha ordenado: fumigaciones aéreas con glifosato, extradiciones, interdicciones, represión militar, judicializaciones de campesinos, etc. Hemos pagado costos presupuestales y socioambientales exorbitantes. Nadie puede darnos lecciones en este campo. Ningún otro pueblo ha hecho los sacrificios de Colombia en esta guerra fallida. Baste con recordar que hace menos de un mes —el 21 de agosto, para ser exactos— 13 policías murieron en un operativo de erradicación de cultivos en Amalfi (Antioquia). ¿Cuántas vidas más es necesario ofrendar?
Una decisión torpe e inoportuna
Un ensayo de Elizabeth Dickinson, analista principal para los Andes del International Crisis Group, publicado en The New York Times el pasado 9 de septiembre, advierte que en Colombia está surgiendo “una nueva guerra”. Y toma como referencia lo que sucede en Guaviare, donde nuevos grupos criminales han retomado las lucrativas rutas del tráfico de drogas y de personas. Señala que “la pérdida de financiación de la USAID ya ha eliminado cientos de millones de dólares del presupuesto humanitario de Colombia. Más recortes perjudicarían décadas de progreso hacia un frágil equilibrio, y envalentonarían a las redes criminales cuyos mercados ilícitos se extienden hasta Estados Unidos”.
Esto es posible por la debilidad del Estado colombiano en los territorios y por el descomunal poder económico que genera la ilicitud del tráfico de drogas, que ahora sirve también para ampliar el portafolio de actividades criminales a otras áreas, como la minería ilegal, alentada por el precio disparado del oro. Y cuando más se requiere cooperación entre los dos gobiernos, Trump descertifica a Colombia. Tiene razón el congresista Meeks al advertir que hacerlo sería un regalo al narcotráfico.
El problema no es la droga
La descertificación tiene motivaciones esencialmente políticas. Basta leer la declaración oficial para ver que el foco principal se centra en el presidente colombiano. “En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la Presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis. Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord, mientras que el gobierno colombiano ni siquiera ha cumplido sus propias metas de erradicación de coca, que fueron considerablemente reducidas, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra el narcoterrorismo”.
Con la descertificación buscan golpear políticamente a Petro y darle oxígeno a la oposición, a ocho meses de las elecciones. Esa decisión nos va a dividir y polarizar más. Aquí suele privilegiarse la lucha por el poder antes que la defensa del interés nacional. Algunos sectores políticos y económicos dirán que basta con derrotarlo en 2026 para que nos vuelvan a certificar. No tengo claro cuál pueda ser el efecto electoral. Lo que sí es que esta decisión perjudica de manera sensible a Colombia y favorece a los grupos criminales. Es un gesto inamistoso que desconoce su histórica lucha contra el narcotráfico.
Trump quiere cobrarle a Petro la devolución de dos aviones norteamericanos, ocurrida en la madrugada del 25 de enero de este año, con inmigrantes colombianos deportados y tratados como peligrosos delincuentes. Cobrarle sus denuncias contra el genocidio en Gaza a manos del Gobierno de su amigo y aliado Benjamín Netanyahu. Cobrarle también su decisión de aproximarse a China, y sus declaraciones por las actitudes contra Panamá. Nada tiene que ver realmente con la lucha contra el narcotráfico. Este es solo el pretexto. Quizás quiera demostrar que el “gran garrote” del que habló Theodore Roosevelt hace más de 100 años está de regreso, y que quien no incline la cerviz y doble la rodilla se pone la soga al cuello. Y aquí, por supuesto, hay quienes están dispuestos a sacrificar la dignidad nacional por un visado para ir a ver a Mickey Mouse y al Pato Donald.