El Tribunal Superior de Bogotá suspende el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

El dilatado caso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe ha dado un nuevo giro. El Tribunal Superior de Bogotá ha decidido, este martes, que la jueza del caso aparentemente no ha actuado de forma imparcial, y por ello ha ordenado la suspensión temporal del juicio por presunta manipulación de testigos. Los magistrados deben revisar de fondo la acción de tutela que utilizó la defensa del político, y que ha alegado que se han violado los derechos fundamentales al debido proceso de quien fuera el mandatario de Colombia entre 2002 y 2010.

Los abogados, en esencia, han argumentado que la juez debió suspender la audiencia inicial del juicio por cuenta de una recusación de la defensa, al entenderla como un intento de dilatar el proceso. Y que, al no hacerlo, impidió que otro juez revisara los argumentos. “Al no haberse emitido una decisión de fondo frente a la recusación por parte de la juez accionada; por el contrario, rechazarla de plano al calificar la postulación como una acción dilatoria, pretermitió que otro juez valorara la situación”, se lee en la decisión, que firma el magistrado Ramiro Riaño Riaño y señala que está “en entredicho la imparcialidad de la funcionaria”.

Uribe, el político más poderoso del último cuarto de siglo en Colombia, ha estado envuelto en un prolongado proceso penal desde 2018. El caso se remonta a 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot, con falsos testigos en cárceles, para involucrarlo con el paramilitarismo. En 2018, el alto tribunal le dio un giro al caso: archivó el proceso contra Cepeda y, en cambio, pidió investigar al expresidente bajo la sospecha de que él y sus abogados manipularon testigos para que se retractaran de los señalamientos en su contra y acusaran a Cepeda de ser él quien los presionó para enlodar a Uribe. El congresista, cercano al presidente Gustavo Petro, ha impulsado todo el proceso en calidad de víctima.

En el centro del proceso está uno de los abogados del expresidente, Diego Cadena, investigado por la Fiscalía por el mismo caso. Supuestamente, Cadena ofreció beneficios judiciales o dinero a exparamilitares para que rectificaran las denuncias que habían realizado respecto a que en los años noventa un grupo paramilitar se conformó en una finca de la familia de Uribe. Uno de los principales testigos es Juan Guillermo Monsalve, a quien Cadena visitó en la cárcel en febrero de 2018. La defensa de Uribe sostiene que el exmandatario no tenía conocimiento sobre las actuaciones de ese abogado.

El caso inicialmente avanzó, hasta el punto de que Uribe fue detenido preventivamente por orden de la Corte Suprema de Justicia, con el beneficio de permanecer en su domicilio. Tan solo dos semanas después, en agosto de 2020, optó por renunciar a la curul que ocupaba en el Senado. Ello con el fin de perder su fuero como congresista y que el caso pasara del máximo tribunal, al que había señalado de estar sesgado en su contra, a la Fiscalía.

Allí estuvo por naufragar. Durante la gestión de Francisco Barbosa, amigo del expresidente uribista Iván Duque, la Fiscalía solicitó tres veces la preclusión del proceso, que fue denegada por diversos jueces. Sin embargo, Gilberto Villareal fue designado en enero como nuevo fiscal del caso y en marzo Luz Adriana Camargo se convirtió en la nueva fiscal general. La postura de la entidad dio un giro de 180 grados: en mayo, acusó al exmandatario de los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Entonces, tras el aval de la jueza, Uribe fue llamado a juicio y se convirtió en el primer expresidente en décadas en sentarse en el banquillo de los acusados.

El juicio inició, lentamente y entre debates jurídicos complejos, el jueves pasado. La defensa del expresidente pidió más tiempo, pues apenas dos días antes el Tribunal de Bogotá había avalado varias pruebas en su contra. La jueza del caso se negó y Uribe se declaró, una vez más, inocente. Entre tanto, el jueves pasado su equipo de defensa, encabezado por el penalista Jaime Granados Peña, interpuso una tutela. Esa es la acción que llevó al magistrado Riaño a frenar el proceso este martes y a dar más largas a un caso que suma ya siete años, tres fiscales generales e innumerables horas de audiencias judiciales.