Las oportunidades y los desafíos de la reforma al SGP para los municipios y departamentos más rezagados del país
Aunque el aumento de los recursos destinados a las regiones abre una ventana de oportunidades para municipios con altos índices de pobreza, como Guapi y Buenaventura, no garantiza por sí solo la solución a sus problemas estructurales
La reciente aprobación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) por el Congreso de la República marca un hito en la política fiscal y territorial de Colombia. A partir de 2027, y durante un periodo de 12 años, el porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) transferido a las entidades territoriales aumentará, gradualmente, del actual valor cercano al 27% al 3...
La reciente aprobación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) por el Congreso de la República marca un hito en la política fiscal y territorial de Colombia. A partir de 2027, y durante un periodo de 12 años, el porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) transferido a las entidades territoriales aumentará, gradualmente, del actual valor cercano al 27% al 39,5%. Este incremento se proyecta teniendo en cuenta que desde 2024 y hasta 2026 los recursos del SGP han crecido significativamente, tal y como lo demuestra el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que situaría su participación en valores cercanos al 29% al iniciar lo ordenado por la reforma constitucional y tendrían una tasa de crecimiento de 0,87 puntos porcentuales de los ICN al año, hasta llegar al 39,5%. Con ello se busca fortalecer la autonomía fiscal de municipios, distritos y departamentos, destinando mayores recursos a servicios esenciales como educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura.
Aunque el cambio promete significativos beneficios, también genera preocupaciones legítimas sobre su sostenibilidad fiscal. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, incrementar las transferencias al 39,5 % de los ICN podría generar presiones fiscales que requieran reformas tributarias adicionales. También podría llevar la deuda pública a niveles insostenibles, superando el 71% del PIB y complicando el cumplimiento de la regla fiscal. Estas preocupaciones deberán abordarse en la Ley de Competencias, que el Congreso y el Gobierno tienen un año para tramitar, definiendo las nuevas responsabilidades de los territorios en concordancia con los recursos asignados.
La reforma al SGP abre una ventana de oportunidades para municipios históricamente rezagados, como Guapi y Buenaventura, o departamentos como Chocó y La Guajira. Con los recursos adicionales, estas regiones podrían implementar políticas públicas orientadas a cerrar brechas socioeconómicas, mejorar la calidad de vida y fortalecer su desarrollo local. Sin embargo, estas oportunidades dependerán en gran medida de la capacidad administrativa y técnica de las entidades territoriales para gestionar eficientemente los nuevos fondos.
En este sentido, la reforma también plantea retos significativos. Aumentar los recursos no garantiza, por sí solo, la solución a los problemas estructurales de estas regiones. Su capacidad limitada para ejecutar de manera efectiva nuevas partidas presupuestales genera dudas sobre su preparación para asumir estas nuevas responsabilidades. El éxito de la reforma estará condicionado al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios, distritos y departamentos. No bastará la contratación de más personal a nivel local; es esencial implementar programas que fortalezcan la presencia territorial de entidades como la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), entre otras, posicionando profesionales directamente en las regiones para operar de manera eficiente y efectiva.
Esta descentralización podría implicar que la Nación mantenga el manejo de los recursos pero descentralice su ejecución, es decir, que no solo transfiera dinero, sino también capacidades de trabajo. Esto fortalecería las capacidades institucionales regionales mediante profesionales vinculados a nivel nacional operando directamente en los diversos territorios. Este modelo no es novedoso; un ejemplo claro se encuentra en el sector educativo, donde la unificación de los docentes bajo una sola vinculación nacional fue uno de los pilares de la primera reforma constitucional al SGP. Lo mismo podría aplicarse a otros sectores, fortaleciendo la capacidad real y efectiva de respuesta en las regiones con mayores desigualdades socioeconómicas.
En esa misma vía, otro aspecto crítico será determinar qué competencias deben ser descentralizadas. Si bien la transferencia de responsabilidades es una solución lógica que permite avanzar con las promesas de la Constitución, surgen desafíos de eficacia y eficiencia para garantizar el goce efectivo de los derechos en las regiones con mayores desafíos institucionales. La salud, la justicia o la defensa se han gestionado desde el gobierno central debido a las economías de escala. Que el Gobierno nacional deje de invertir en la salud del Chocó para transferirle esos dineros, por ejemplo, podría resultar retador si, al ser ejecutados por el departamento, los costos se incrementan significativamente. En estos casos, para que no se debiliten los potenciales beneficios de la reforma, la descentralización debe definir procesos y procedimientos que reconozcan el impacto de siglos de desventajas en las regiones históricamente menos favorecidas para que la nueva ejecución no resulte más costosa y menos efectiva.
Adicionalmente, para garantizar que los recursos adicionales sean utilizados de manera eficiente, las entidades de control deberán ejercer una auditoría más estricta. Esto constituye un aspecto central a abordar en el marco de la reforma legal, encargada de concretar las aspiraciones del texto aprobado y garantizar que el incremento del gasto se traduzca, de manera efectiva, en las transformaciones en materia de desarrollo social y territorial que lo motivaron. Es pertinente incluir propuestas como la creación del Fondo de Convergencia Económica Territorial (FECET). Este fondo, sugerido por la Misión de Descentralización, puede proporcionar recursos adicionales para potenciar las capacidades productivas de los territorios según sus vocaciones, contribuyendo a la convergencia regional. Además, ayudaría a corregir la debilidad recaudatoria de los departamentos, cuyas bases tributarias son frágiles y han perdido dinamismo en las últimas décadas.
La reforma al SGP representa una oportunidad histórica para los territorios más rezagados del país, pero también plantea desafíos que no pueden ser ignorados. Para que este cambio cumpla con sus objetivos de equidad, justicia social y desarrollo regional, será esencial fortalecer las capacidades institucionales, establecer mecanismos de control rigurosos y evaluar cuidadosamente las competencias a descentralizar. Solo con un enfoque integral y técnicamente sólido se podrá evitar que la cura resulte peor que la enfermedad.