Un estudio del Banco de Bogotá desnuda la crítica situación de caja del Gobierno

¿Qué ha fallado en los métodos del Ministerio de Hacienda a la hora de confeccionar el Presupuesto General de 2024? A falta de mayores respuestas, un estudio publicado el 25 de abril, y actualizado el 10 de mayo, por el Banco de Bogotá, se suma a otros análisis que dejan en evidencia un grave problema para el Gobierno de Gustavo Petro. Con la sombra de una economía estancada, el trabajo elaborado por la entidad, que f...

¿Qué ha fallado en los métodos del Ministerio de Hacienda a la hora de confeccionar el Presupuesto General de 2024? A falta de mayores respuestas, un estudio publicado el 25 de abril, y actualizado el 10 de mayo, por el Banco de Bogotá, se suma a otros análisis que dejan en evidencia un grave problema para el Gobierno de Gustavo Petro. Con la sombra de una economía estancada, el trabajo elaborado por la entidad, que forma parte del Grupo Aval ―propiedad del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo―, advierte que el recaudo durante el primer trimestre del año ha tenido un insuficiente aumento nominal del 4%: “Es decir, los recursos por concepto de impuestos están cayendo en términos reales y, al mismo tiempo, los gastos estatales para los primeros tres meses del año han tenido un crecimiento anual del 20%”, afirma el jefe de investigaciones económicas de la entidad responsable del informe, Camilo Pérez.

En el Gobierno saben que el compás de espera para ejecutar su programa de reformas sociales se cierra. Y los analistas temen que las prisas lleven al Ejecutivo a tomar decisiones erradas. Sin embargo, el Plan Fiscal publicado en febrero por el Ministerio de Hacienda reconoce que los cálculos no han sido precisos y tendrán que racionalizar la estructura de gasto público. Ya lo han repetido los responsables de la cartera, que prefieren hablar de una “administración responsable de la caja” en lugar de apelar al tradicional y crudo verbo de “recorte”.

El saldo de recursos del Tesoro Nacional, publicó el Banco de Bogotá el pasado 17 de mayo, cayó a mínimos de tres billones de pesos. Un dato inquietante, pero que no cuenta con recursos provenientes del sistema de regalías, el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), administrado desde hace un año por el Gobierno, o con una serie de fiducias creadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Son canales que le dan un margen de maniobra mayor a la tesorería estatal.

El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño publicó en X: “No queda ni para los tintos. La caja se acabó. Y eso que el Gobierno no ejecuta. No se entiende cómo se llegó a esto. El recaudo tributario cae fuertemente, pero no para estos niveles. Se necesita aclaración urgente por parte del Ministerio de Hacienda”.

El último incidente en la cronología lo dirimió el pasado 14 de mayo la Corte Constitucional. El máximo tribunal tumbó la norma incluida dentro de la reforma tributaria del oficialismo que eliminaba la deducibilidad fiscal de regalías en el impuesto sobre la renta para las compañías de hidrocarburos. Un pulso perdido en mal momento por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y que ha restado 6,7 billones de pesos con los que se contaba para el presupuesto de este año.

En cuestión de días, además, se han descartado otros 6,7 billones para las arcas públicas y que se esperaba recaudar por la vía de litigios que enfrenta la estatal Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Lo cierto es que las previsiones gubernamentales han estado precedidas por un 2023 donde la recaudación tuvo un repunte histórico del 22% frente a 2022. Fueron 278,9 billones de pesos que insuflaron muy buenas perspectivas preliminares para un 2024 que se ha desdoblado con más de un imprevisto en el camino.

“El impuesto de renta que se recaudó el año pasado fue gigantesco”, explica Camilo Pérez. “Por eso el Gobierno al hacer su presupuesto para este año, quizás, sobreponderó esos buenos resultados y diseñó unos números de gastos basados en unas proyecciones de recaudo más elevados que no se están cumpliendo”. Desde el Ejecutivo han enviado señales mixtas sobre el futuro cumplimiento de la regla fiscal. Tanto el presidente como su ministro de Hacienda han deslizado la posibilidad de un proyecto de ley para flexibilizarla.

Pero los mismos actores del Gobierno también han subrayado en declaraciones públicas su compromiso con la regla, cuyo límite se ajusta como un acordeón, según la coyuntura, y hoy está fijado en un déficit fiscal máximo del -0,2% del PIB. El año pasado se cumplió la meta. No obstante, la hoja de navegación del Presupuesto General del Estado para este año ha subido el déficit proyectado a un comprometedor 5,3%.

“Comparado con el primer trimestre de cada año anterior, el primer trimestre de 2024 tuvo el recaudo tributario bruto más alto como porcentaje del PIB en la historia de Colombia”, se defendió el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, en su cuenta de X. Fueron 67,2 billones de pesos entre enero y marzo de este año, que con todo estuvieron por debajo del plan inicial.

Se trata de una lectura que alumbra solo una parte de la historia. El Ejecutivo de izquierdas ya prepara, de hecho, un proyecto de ley para aumentar el cupo de endeudamiento. Una medida rutinaria que todos los Gobiernos ejecutan cada cuatro o cinco años. El proyecto tendrá como brújula los 5.500 millones de dólares estipulados dentro del plan financiero de febrero como horizonte de endeudamiento para facilitar un poco más el camino a lo largo de los dos años restantes de mandato.

Y a pesar de que el informe del Banco de Bogotá señala que a la caja del Gobierno le quedan tres billones de pesos, un 10% del promedio habitual, funcionarios de Hacienda matizan que el retrato es incompleto y que existen otras fuentes de financiación asociadas a fondos que el Estado administra. Los recursos, si bien no son holgados, por lo pronto son suficientes. Sin embargo, los problemas para el Gobierno parecen reflotar de todas las esquinas. Una carta publicada el pasado 7 de mayo por un sindicato de la DIAN en X asegura que el “recaudo en abril da miedo”.

Detrás de la publicación está la pelea por el retiro de 154 funcionarios provisionales de la agencia aduanera ordenado por un fallo de tutela. De acuerdo con la información del sindicato, los ingresos estructurales de la DIAN para abril cayeron unos 12 billones de pesos con respecto a la meta trazada. Un asunto muy delicado. La DIAN no ha publicado aún los datos oficiales para ese mes, pero los analistas consultados no se muestran sorprendidos y ya anticipan la necesidad de un recorte mayor al Plan Financiero del ministro Bonilla, que en la actualización de febrero disminuyó en 20 billones de pesos. “En todo hay una paradoja”, resume Camilo Pérez, “y es que a pesar de que el presupuesto estatal creció mucho, un 40% y el gasto un 20%, el recaudo por impuestos crece apenas un 4%”.

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