Colombia se queja de la corrupción, pero no protege a quienes la denuncian

En Colombia existe una preocupación generalizada alrededor de la corrupción. Los políticos la usan constantemente en sus discursos y los medios de comunicación a diario la traen a colación en sus portadas e informativos. El pasado enero, la medición What Worries the World de la firma Ipsos reveló que la corrupción es el tercer asunto que más genera inquietud entre los colombianos, con 33%, siendo solo superado por el...

En Colombia existe una preocupación generalizada alrededor de la corrupción. Los políticos la usan constantemente en sus discursos y los medios de comunicación a diario la traen a colación en sus portadas e informativos. El pasado enero, la medición What Worries the World de la firma Ipsos reveló que la corrupción es el tercer asunto que más genera inquietud entre los colombianos, con 33%, siendo solo superado por el desempleo (41%) y la violencia (38%). En las encuestas periódicas del InvamerPoll suele ser el problema más grave que señalan los ciudadanos. No obstante, la ley no cuenta con mecanismos para proteger a los denunciantes de hechos de corrupción —también conocidos, por su nombre en inglés, como whistleblowers— y prevenir que crímenes asociados a este tipo de situaciones sigan presentándose.

El analista militar estadounidense Daniel Ellsberg, quien filtró informes clasificados al New York Times sobre la guerra de Vietnam durante la década de los 70, es uno de los ejemplos más conocidos a nivel mundial de lo que es un whistleblower. Aquellos documentos, que posteriormente publicó la prensa, demostraron que la Casa Blanca mintió a los ciudadanos y al Congreso sobre el desarrollo adverso de ese conflicto. Es un episodio tan icónico en la historia política reciente de Estados Unidos que fue llevado al cine por Rod Holcomb, en 1993, y por Steven Spielberg, en 2017.

Denunciantes como Ellsberg abundan en otros países, incluyendo a Colombia. Uno de los casos más sonados recientemente involucra a Martha Mancera, la fiscal general interina. En 2021, Fabio González y Pablo Bolaños, investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, le advirtieron que Francisco Javier Martínez, funcionario de esa misma institución en Buenaventura, Valle del Cauca, colaboraba activamente con capos de la mafia para exportar contrabando y droga. González y Bolaños manifiestan que, en vez de suministrarles protección y apoyo, Mancera reaccionó con retaliaciones: fueron enviados a regiones lejanas y les abrieron un proceso penal por falsedad en documento público. Denunciaron y no fueron auxiliados, pese a que sus hallazgos fueron la base para que Martínez fuera capturado el pasado 22 de febrero.

La decisión de ambos de dar un paso al frente y delatar a su compañero terminó trayéndoles consecuencias adversas. Algo similar le sucedió a Ellsberg, quien tuvo que enfrentar un juicio en su contra —que ganó— y soportar señalamientos públicos de algunos sectores que consideraban la filtración de documentos como una traición. Para evitar consecuencias desfavorables para los whistleblowers e incentivar a más personas a denunciar abusos de poder o hechos de corrupción, distintas jurisdicciones han creado leyes que les protegen.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde 2019 le ha recomendado a Colombia que adopte una “urgente legislación que proporcione protecciones claras e integrales de represalias a denunciantes en los sectores público y privado”. El organismo de cooperación, en varios de sus informes, reseñó lo acontecido con Jorge Enrique Pizano, auditor del megaproyecto de infraestructura Ruta del Sol II, quien falleció en noviembre de 2019 bajo extrañas circunstancias —las autoridades indican que murió por causas naturales, su familia sostiene que se trató de un homicidio— después de denunciar que los dineros de la obra estaban siendo malversados.

Los llamados para crear esa legislación han sido en vano. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, atribuye la demora a la falta de voluntad política. “El Congreso no ha querido dar un debate serio sobre este tema. La Cámara de Representantes ha recibido proyectos de ley, y no han visto ni siquiera el primer debate. Es evidente que si lo que quiero atacar es la corrupción, debería proteger a quien la denuncia”, cuestiona. Una de las iniciativas de las que hace mención es la que presentó la Administración de Iván Duque con el nombre “ley Pedro Pascasio Martínez”, en honor al soldado preadolescente del ejército libertador que no sucumbió ante los intentos de soborno de un comandante español y prefirió entregarlo a sus superiores. El proyecto, que estuvo lejos de lograr la aprobación, proponía recompensas para los denunciantes de hechos de corrupción.

Para el exministro Fernando Cepeda es clave que los denunciantes reciban algún tipo de retribución. “Todo lo que rodea el whistleblowing tiene tres elementos fundamentales: la denuncia, el denunciante y la recompensa. Si no hay una recompensa significativa, no vale la pena pedirle a alguien que se someta a semejante esfuerzo. En Estados Unidos hay ejemplos de recompensas que han llegado a cientos de millones de dólares. La única forma de que en Colombia funcione es que se entreguen recompensas que oscilen entre el 10% y 30% de lo que se evita que se robe”, aseguró. La norma a la que se refiere es la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank, aprobada en 2010.

Además de Estados Unidos, otros 12 países miembros de la OCDE tienen reglas de la protección de los whistleblowers. La mayoría incluyen incentivos y premios, así como capítulos que obligan al sector privado a implementar medidas para facilitar las denuncias al interior de sus corporaciones. El abogado penalista Juan Camilo Muñetón les ve utilidad. Insiste en que si bien cada compañía debería llevar a cabo prácticas de este estilo, la legislación puede resultar útil. “La estrategia va más allá de perseguir la comisión de delitos, también permite identificar comportamientos corruptos que no necesariamente son un crimen”, afirma con respecto a malas prácticas internas.

Actualmente cursa en el Congreso una iniciativa para proteger a los denunciantes de hechos de corrupción. El proyecto, que fue presentado por la bancada oficialista y el Ministerio de Justicia en memoria de Jorge Enrique Pizano, aún no ha sido debatido. Cuenta “con un buen ambiente”, asevera el representante David Racero. “Nuestro proyecto de ley busca establecer mecanismos para garantizar la protección de los derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad personal del denunciante y de su núcleo familiar”, publicó en su cuenta de X.

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