María Victoria Llorente: “La paz total parece cada vez más esquiva”

La ambiciosa política de paz total que se propone el presidente Gustavo Petro tiene su primer gran hito con el cese al fuego de seis meses que ya se encuentra en marcha con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas del país. Pero los demás tableros de las negociaciones múltiples c...

La ambiciosa política de paz total que se propone el presidente Gustavo Petro tiene su primer gran hito con el cese al fuego de seis meses que ya se encuentra en marcha con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas del país. Pero los demás tableros de las negociaciones múltiples con distintos grupos armados se antojan “menos claros”, advierte María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que esta semana publica un análisis sobre el primer año del Gobierno en materia de seguridad y negociaciones, su principal bandera.

El objetivo inicial de la paz total era sostener diálogos simultáneos que condujeran a la desmovilización de varios grupos armados –entre ellos el ELN, las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y el Clan del Golfo– y a pacificar los territorios más afectados por la violencia. “Esa simultaneidad se ha desvanecido poco a poco, no solo porque los diálogos avanzan uno a uno, sino porque muchos perdieron el impulso inicial de finales de 2022 y ahora avanzan con intermitencia y lentitud, algo que los ubica en un punto frágil”, apunta la FIP. A pesar de que algunos tableros parecen ser más exitosos que otros, señala en su balance, todos comparten algo en común: los actores involucrados no están derrotados ni estratégica, ni militar, ni políticamente, y sus finanzas tampoco atraviesan momentos críticos.

La implementación de la estrategia de seguridad ha tenido un comienzo lento y no ha logrado materializarse a nivel local, señala el centro de pensamiento, mientras los territorios más afectados por la violencia siguen a la espera de palpar una mejora en sus condiciones. Si se compara el último año del Gobierno de Iván Duque con el primero de Petro, los homicidios disminuyeron un 1,5% y se redujeron significativamente tanto los ataques contra la Fuerza Pública (47%) como los homicidios de líderes y lideresas sociales (13%). Sin embargo, hay aumentos notables en índices como extorsión (15%) y secuestro (77%), al tiempo que la confrontación entre grupos armados se exacerbó (85%). “No se observa una articulación real entre la política de seguridad con la política de paz”, advierte la FIP. “Se requiere revisar esta política de paz total”, complementa Llorente en esta entrevista concedida por videoconferencia desde Bruselas, donde se encuentra en una visita de trabajo a la OTAN.

Pregunta. ¿Colombia se ha acercado a esa paz total que se propone el presidente?

Respuesta. A un año de Gobierno, la paz total parece cada vez más esquiva, infortunadamente. Si bien uno sí percibe un avance importante, innegable, deseable, con el ELN, los otros grupos siguen fortaleciéndose, avanzando en sus propósitos de expansión mientras que el Estado los confronta menos. Por el otro lado, crecen de una manera muy severa los niveles de confrontación, de enfrentamientos y disputas entre los grupos que están verdaderamente en competencia por el territorio y por rentas ilegales.

P. ¿Cómo definiría el momento que atraviesa el país?

R. Estamos en una coyuntura crítica, en el sentido de que hay que tomar unas decisiones respecto de algunos cambios frente a unos cursos de acción que no están mostrando los resultados esperados. Se requiere revisar esta política de paz total, que está absolutamente y totalmente imbuida en esta lógica de negociaciones simultáneas y paralelas del Gobierno con distintos grupos. Al final, ese rompecabezas no se está armando.

P. La implementación de la estrategia de seguridad ha tenido un comienzo lento y no ha logrado concretarse a nivel local, sostiene el balance de la FIP. ¿Por qué no ha logrado materializarse?

R. Es la pregunta del millón, habría que hacérsela también al Gobierno. Nuestra constatación de lo que vemos en territorio y de lo que recogemos en una serie de sondeos con líderes sociales que hacemos periódicamente es que para estas personas nada cambia. Están viendo que sus condiciones de protección y seguridad se van deteriorando en la medida en que los grupos siguen avanzando, mientras que las acciones del Estado no se sienten.

Seguimos viendo las respuestas reactivas muy tradicionales del Estado colombiano: se desplaza el ministro de Defensa, se hace un consejo de seguridad, se habla de incrementar pie de fuerza... pero uno no ve ninguna relación entre la estrategia de paz y de negociación con los grupos y una estrategia de seguridad territorial que acompañe ese proceso de negociación. Eso no lo hemos logrado identificar. Tampoco hemos visto ese alivio humanitario que era el propósito inicial.

P. Los ataques a la Fuerza Pública han disminuido, pero la confrontación entre grupos armados se exacerbó.

R. Tiene que ver con una política muy clara del Gobierno que pone un menor énfasis en el uso de la fuerza del Estado. En principio, modular el uso de la fuerza es una apuesta interesante, pero los ceses al fuego [anunciados en Año Nuevo] generaron mucha confusión. Otro elemento complicado tiene que ver con un cambio de prioridades. Claro que uno desea una Fuerza Pública más orientada a proteger a los ciudadanos y no a perseguir cultivos ilícitos, pero no es claro cuál es el norte estratégico que se le quiere dar.

P. ¿En qué consiste el concepto de seguridad humana que sustenta la política de este Gobierno?

R. El Gobierno utiliza el concepto de seguridad humana acuñado por Naciones Unidas, que tiene varias dimensiones, la seguridad de tener un buen vivir. El centro de la política es el ser humano. Es un concepto más amplio y como tal vuelve mucho más difuso lo que se quiere hacer. Cuando uno lo mira en la política de seguridad, uno ve la enunciación del concepto, pero en realidad es una política más bien tradicional, enfocada en el crimen organizado, lo que llaman ellos el multicrimen.

P. Hablemos de algunos de los diferentes tableros de la paz total. Destacan el cese al fuego de un semestre con el ELN y la instalación de un mecanismo nacional de participación. ¿Por qué esta negociación puede ser distinta a los varios intentos fallidos de diálogos con el ELN?

R. El Gobierno y los negociadores han ido encontrando una manera de ir trayendo al ELN poco a poco hasta eventualmente llevarlo a una posición de no retorno, donde le sea más costoso al COCE [Comando Central] abandonar la negociación que continuar en ella. Puede ser esta la última oportunidad para el COCE, no creo que vayan a encontrar unas mejores condiciones para negociar. Ahora, ya habíamos tenido cese al fuego con el ELN, vamos a ver cómo va a marchar este en unas condiciones territoriales tan complejas como las que tenemos hoy en día, en términos de disputas de los grupos. Los otros tableros de negociación parecen menos claros.

P. ¿Por qué sigue en vilo la mesa de diálogos con las disidencias del Estado Mayor Central?

R. Lo que yo entiendo es que hay un aprendizaje alrededor del cese al fuego de Año Nuevo, que se malogró primero con el Clan del Golfo y luego con el Estado Mayor Central. La dificultad está alrededor de qué va a pasar con el cese al fuego.

P. ¿El Clan del Golfo está ahora mismo por fuera de la paz total?

R. No, porque la paz total también tiene el mecanismo de sometimiento a la justicia. Lo que pasa es que ese mecanismo está muy enredado. Lo que dice el senador Ariel Ávila es que no hay ambiente en el Congreso, y el Gobierno está aparentemente revisando qué otras vías jurídicas puede tener, entre esas, volver a abrir Justicia y Paz.

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