La apuesta del Gobierno de Petro para ampliar la cobertura de internet en zonas apartadas

Menos del 30% de los hogares en zonas rurales de Colombia tiene acceso a internet. En contraste, siete de cada 10 viviendas goza de este servicio en áreas urbanas, según datos de la Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para el año 2021. Escenas cotidianas en ciudades como Bogotá —una videollamada, una reunión virtual o la conexión a una clase remota— son inexistentes en territorios apartados, especialmente en departamentos como Vichada, Vaupés, Chocó o Amazonas, donde las oportunidades de conectarse a una...

Menos del 30% de los hogares en zonas rurales de Colombia tiene acceso a internet. En contraste, siete de cada 10 viviendas goza de este servicio en áreas urbanas, según datos de la Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para el año 2021. Escenas cotidianas en ciudades como Bogotá —una videollamada, una reunión virtual o la conexión a una clase remota— son inexistentes en territorios apartados, especialmente en departamentos como Vichada, Vaupés, Chocó o Amazonas, donde las oportunidades de conectarse a una red no llegan ni siquiera a una cuarta parte de los hogares.

La baja cobertura de internet en las zonas alejadas es uno de tantos desafíos que ha echado raíces en el país, y que ahora se suma a la lista de prioridades del Gobierno de Gustavo Petro. La apuesta del presidente, según anunció desde el resguardo indígena de Pueblo Nuevo, en Caldono, Cauca, es expandir la conectividad por medio de las redes comunitarias, un modelo que permite a grupos de ciudadanos diseñar, construir y operar su propia red.

Petro visitó La Red del Viento, una iniciativa comunitaria de interconexión digital que beneficia a 600 habitantes de esa zona indígena y que surgió para proteger el idioma Nasa, una de las 65 lenguas nativas del país. Allí dijo: “Este Gobierno debe impulsar, a través de la contratación pública, que esas redes se puedan extender a la siguiente vereda y al siguiente resguardo y así por todas las comunidades afrodescendientes, por todos los barrios populares de Colombia y los grupos juveniles. De esa manera, podríamos tener los canales de la comunicación popular, es decir, el poder”. Más adelante agregó: “Lo que va en la fibra óptica no es energía eléctrica, es información y comunicación, es una ventana al universo”.

Las redes comunitarias no son nuevas en Colombia. La ley de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC) que impulsó el Gobierno de Iván Duque en 2019 estableció condiciones para facilitar su operación y así masificar el acceso a internet. La promesa del Gobierno supone un nuevo impulso, según Galé Mallol, presidenta de Asotic, el gremio de pequeños y medianos operadores. “En Colombia existe esta figura desde hace muchos años donde hay comunidades organizadas. Eliminar las barreras de despliegue es algo que todos los operadores hemos pedido. Necesitamos capacitar a esas comunidades para reducir la ilegalidad y que sepan cómo registrarse oficialmente”, asegura.

El reto de fondo no solo es asegurar los recursos, sino la capacidad técnica y operativa para el desarrollo y el manejo de las redes. Como explica David Luna, senador y exministro de las TIC, “hay desafíos como la gestión con cientos o miles de operadores, que vuelve muy difícil el control por parte del Estado; la eficiencia de la inversión, ya que no se tendrían economías de escala y con el mismo dinero se lograría menor cobertura o menor calidad, y el riesgo de obsolescencia tecnológica en un sector que demanda constantes inversiones”.

La ministra de TIC, Sandra Urrutia, explica que seguirán protocolos de rigor técnico para que las redes puedan formalizarse y obtener los permisos necesarios. “Encontramos un país desconectado sobre todo en la ruralidad. Los retos son demandantes por las particularidades de geografía y acceso al territorio, y encontramos aliados en redes de la comunidad y operadores pequeños que ya están donde la brecha es muy alta. Tenemos un mandato legal de proteger los recursos públicos y también el de asegurar que el acceso a la tecnología no sea un privilegio sino un derecho”, afirmó a EL PAÍS. Para fortalecer el modelo de las comunidades de conectividad, como las llama el Gobierno en su Plan de Desarrollo, se abrirán líneas de fomento. “Haremos convocatorias por región. A quienes cumplan con los requisitos, les vamos a dar el incentivo para que nos ayuden a ofrecer más acceso”, añade la ministra.

Urrutia precisa que esto permitiría llegar a zonas donde la brecha es más alta, pero que en aquellas donde es media o baja será clave la presencia de los grandes operadores. El compromiso, dice, es seguir protegiendo las inversiones de la industria para aumentar la cobertura nacional de internet del 60% al 85% en el cuatrienio. Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, el gremio que reúne a los tres operadores móviles más importantes del país (Claro, Tigo y Movistar), destaca la articulación con el Gobierno. “Estamos trabajando en un plan de conectividad para alcanzar este cierre en la brecha digital. Esto implica un gran esfuerzo en despliegue de infraestructura para mejorar la calidad y la velocidad de los servicios”, sostiene el también excongresista uribista.

En Colombia el mercado de las telecomunicaciones se basa en la inversión privada, bajo un marco regulado de competencia. En 2019, la cobertura general de internet apenas superaba el 50% y en las zonas rurales era del 20%. La mejora ha sido tímida, explica el exministro Diego Molano. “La tecnología que necesitamos es fibra óptica y esta tiene una penetración de solo 3,9 por cada 100 habitantes, según datos recientes de la OCDE. España tiene casi 30 por cada 100 habitantes. El reto es multiplicar por diez lo que ya tenemos; para cumplirlo hay que sumar esfuerzos de todos”, señala Molano.

El presidente Petro habla de multiplicar 10 o 100 veces las 3.000 redes comunitarias que se calcula operan en Colombia. Y va más allá. Plantea crear una red de comunicación popular que, según él, evite la manipulación del Estado o de los poderes económicos. “Hay que quitar toda la regulación que lo impide y la pobreza con la que se tienden estas redes de fibra óptica para que, con dinero público, se puedan volver redes fuertes, de tal manera que tengamos 10.000 canales de televisión, no solamente dos o tres; 20.000 emisoras comunitarias, no solamente dos cadenas”, expresó en el Cauca.

No es la primera vez que el presidente plantea la participación comunitaria para desarrollar proyectos o inversiones. Lo ha anunciado para otro tipo de obras como la construcción de vías o para el acceso a servicios de energía eléctrica. La ha bautizado como “contratación popular, de la mano del pueblo”. En materia de internet, es un modelo viable, aunque con retos, y menos nuevo de lo que suena.

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