El Gobierno de Esuatini reconoce el “ayuno” del cubano deportado Roberto Mosquera, pero no lo califica como huelga de hambre

El Gobierno del Reino de Esuatini ha reconocido que el cubano Roberto Mosquera, el exjefe de la pandilla Latin Kings en Miami, se encuentra en ayuno en una celda de la prisión de máxima seguridad de Matsapha, en la que permanece tras ser deportado a ese país africano el pasado mes de julio junto a otros cuatro migrantes luego de que la Administración de Donald Trump los tildara de “monstruos depravados”. Sin embargo, no llegan a afirmar que se trata de una huelga de hambre. Las autoridades de Esuatini aseguran que enviaron un equipo para verificar su condición y concluyeron que Mosquera se encuentra “en buen estado de salud y ánimo” y que “actualmente está tomando líquidos como parte de su ayuno”, que parece atribuir a sus creencias religiosas.

La abogada de Mosquera, Alma David, confirmó a EL PAÍS que su cliente sigue sin ingerir alimentos desde hace una semana a modo de protesta. “Roberto continúa con la huelga. Está muy comprometido con ella y expresó con firmeza que lo hace para protestar por la injusticia de su situación”, aseguró.

La semana pasada, este diario sacó a la luz que Mosquera, de 58 años, comunicó vía telefónica a su mejor amigo en Miami que había decidido comenzar la huelga por las constantes violaciones contra su persona. No solo fue expulsado a un país a más de 12.000 kilómetros de casa sin su consentimiento, sino que permanece encarcelado a pesar de haber cumplido hace más de 20 años una condena por intento de asesinato y luego por el delito de robo de un vehículo y agresión a un agente del orden.

“Me dijo que lleva sufriendo mucho tiempo, no se siente bien y tomó la decisión de ponerse en huelga”, contó su amigo, también exintegrante de los Latin Kings.

Según Thabile Mdluli, portavoz interino del Gobierno de Esuatini, Mosquera les dijo que se encuentra “en ayunas y rezando porque extrañaba a su familia”. “El Gobierno del Reino de Esuatini defiende la libertad de religión como un derecho humano fundamental; por lo tanto, los ciudadanos estadounidenses de terceros países pueden practicar su fe a través del culto, la oración y la guía espiritual”, asegura el comunicado, el cual insiste en que su Gobierno “no tiene intención de interferir en las prácticas religiosas del nacional de un tercer país”, aunque supervisarán la situación “para garantizar que sus oraciones y ayunos no afecten a su salud”. El comunicado, si bien reconoce el ayuno de Mosquera, no lo caracteriza como una huelga de hambre sino, aparentemente, como una práctica religiosa.

Asimismo, se refiere a Mosquera como “el ciudadano estadounidense” cuando en realidad es un ciudadano cubano y resalta que está en contacto “constante” con su familia y que puede comunicarse con sus abogados. No obstante, aunque ciertamente le permiten llamadas telefónicas —rodeado de oficiales armados, como han podido confirmar sus familiares y amigos—, al abogado de Mosquera en Esuatini, Sibusiso Nhlabatsi, no le han permitido el acceso a la prisión.

Nhlabatsi contó a EL PAÍS que intentó contactar con Mosquera y a los otros cuatro inmigrantes de Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen, enviados en un inicio a ese país africano, pero las autoridades carcelarias le dijeron que los reclusos no quisieron verlo porque no lo conocían. “El Tribunal Superior no se creyó esa historia y ordenó que se me permitiera el acceso”, dijo. Luego el Gobierno apeló. “Solo se puede negar el acceso a un abogado cuando la persona ha sido secuestrada o ha sido víctima de trata. No sé cómo se le niega el acceso legal a la gente en un país con una Constitución que protege los derechos humanos”, sostiene Nhlabatsi.

Aunque el grupo de Mosquera fue el primer envío de deportados desde Estados Unidos a Esuatini, el pasado 6 de octubre llegaron otros 10 migrantes a ese país. Las autoridades de ambos países han mantenido un secretismo alrededor del acuerdo de deportaciones, pero la organización Human Rights Watch (HRW) tuvo acceso al documento y asegura que el país africano recibió 5,1 millones de dólares a cambio de aceptar 160 deportados.

Poco se conoce además sobre por qué estos migrantes continúan detenidos, a pesar de que otros deportados a terceros países no lo están. “Esto constituye una violación de su derecho al debido proceso y también de las obligaciones de Estados Unidos en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”, insiste su abogada. “No existe una justificación real para que el ICE deportara a Roberto a Esuatini, tan lejos de todo lo que le es familiar y donde se encuentra encarcelado ilegalmente”.

En el comunicado enviado a raíz de la huelga de Mosquera, el gobierno de Esuatini aseguró que las personas deportadas “están en buenas manos y reciben apoyo físico y psicosocial, incluyendo asesoramiento”. “También se les proporciona atención médica integral para garantizar su bienestar físico”, añadieron.