Trump despoja de sus abogados a cerca de 30.000 menores migrantes para acelerar su deportación

La Administración de Donald Trump ha expandido su ofensiva contra los indocumentados a los abogados de migración. El Gobierno de Estados Unidos ha cancelado los contratos que tenía con decenas de organizaciones que se encargaban de los procesos jurídicos de los menores no acompañados. El golpe deja en un limbo legal a unos 26.000 menores de 18 años que llegaron al país en los últimos años. Junto a la cancelación del contrato, los letrados que llevan este tipo de casos en los tribunales recibieron también amenazas legales si es que deciden continuar con sus litigios contra el Gobierno para que sus clientes permanezcan en territorio estadounidense.

“Todavía no creo lo que está pasando”, asegura Cristel Martínez, una abogada hondureña que llegó a Estados Unidos con nueve años y quien litiga casos de migración desde 2018, durante la primera presidencia de Donald Trump. “Entonces hubo muchos ataques, pero no algo así. Estamos hablando de las personas que ayudan a tramitar el asilo”, señala Martínez, quien lleva 26 años en el país.

Martínez y su equipo llevan desde Los Ángeles los casos de 325 menores. Hay otras organizaciones que defienden a miles de inmigrantes no acompañados. “Lo que el Gobierno está diciendo es que los niños se pueden defender solos”, señala la letrada. La mayoría de sus clientes llegaron al país desde 2022, durante la era de Joe Biden. Otros lo hicieron más tarde. Entre ellos hay una bebé de once meses que, obviamente, que no habla y no mantiene comunicación con su representante legal. También los hay de cinco o siete años. Algunos tienen 17.

Muchos de los expedientes de esta abogada son complicados. Las leyes migratorias en Estados Unidos están diseñadas para ser complejas y altamente discrecionales. La Administración pretende ahora que decenas de miles de menores hagan el recorrido por este laberinto jurídico sin consejo legal, lo que hace casi un hecho que sean deportadas. “Está comprobado que una persona que asiste a las audiencias con un abogado no falta y tiene mejores posibilidades de ganar su caso”, acota Martínez.

La cancelación al financiamiento a cientos de organizaciones y despachos rompe con una tradición de 20 años. El Congreso votó en 2005, con apoyo bipartidista, la Ley de protección a los menores migrantes no acompañados. Esta sentó las bases para que el enredado sistema migratorio no se tragara a los más vulnerables. La norma ponía a los recién llegados a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que, a su vez, depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos, hoy encabezado por el activista antivacunas Robert F. Kennedy.

La ley impide que los menores migrantes sean llevados a los mismos centros de detención que los adultos o delincuentes juveniles. Asimismo, establece que el Gobierno de Estados Unidos “no debe repatriar a menores en su custodia a escenarios donde sus vidas corran peligro”. En su sexto artículo, señala que los críos deben de contar con una asesoría legal “competente”. El propio texto contempla que esta defensa puede hacerse a través de organizaciones sin fines de lucro calificadas en el trato de niños migrantes.

Todo eso cambió el viernes, cuando la Administración Trump informó que cerraba el grifo a los recursos que mantienen con vida a decenas de miles de expedientes en el sistema judicial. La cancelación llegó una semana antes del fin del contrato, que expira este viernes, pero se había renovado continuamente desde 2005. Al quedarse sin financiamiento, los abogados no tienen ni siquiera acceso a intérpretes para sus clientes. La enorme mayoría no habla inglés y proviene de Centroamérica, África, Asia y Medio Oriente.

“No sabemos si van a cubrir el costo del tiempo para cerrar los casos, si los vamos a transferir o si darán tiempo para que la gente busque otro abogado”, señala Martínez, quien señala que seguirá trabajando por el momento, aunque no cobre por ello. “También hay reglas éticas que debemos seguir. Estamos, por decirlo, amarrados a los casos y no sabemos si los jueces de migración entiendan que de un día al otro ya no estemos”, añade.

Un trabajo “frívolo” y “poco razonable”

A la cancelación de los contratos siguió otro documento enviado desde la Casa Blanca. El memorando tenía como asunto “prevenir el abuso en el sistema legal y en los tribunales federales”. El texto de cinco páginas alarga la guerra que el presidente Trump ha emprendido contra los jueces y el sistema judicial, pues asegura que ya es tiempo de que rindan cuentas los bufetes de abogados y las organizaciones no gubernamentales que han litigado contra el Gobierno.

“El sistema de inmigración está repleto de comportamientos sin escrúpulos de abogados y despachos”, señala el documento. “La barra y los abogados sin fines de lucro frecuentemente aconsejan a sus clientes ocultar el pasado o mentir al hacer sus solicitudes de asilo”, añade.

La Casa Blanca considera que muchos de los despachos viven de extender los procesos judiciales para así poder recibir más recursos públicos. Y califica el trabajo de los letrados especializados en migración de “frívolo, poco razonable y vejatorio contra Estados Unidos”.

En el memorando, Trump instruye a su fiscal general, Pam Bondi, a “revisar la conducta” de todo aquel despacho y abogado que haya demandado al Gobierno federal en los últimos ocho años. Si existen pruebas de lo que la Administración llama “malas conductas”, los culpables serán castigados perdiendo contratos o los accesos de seguridad que el Ejecutivo les autoriza para litigar. No descarta otras sanciones.

La ofensiva contra los abogados de migración ha puesto en guardia al colectivo. “Las amenazas del presidente Trump son para que tengamos miedo de representar a los más vulnerables de nuestra sociedad. Pero fracasará porque sabe que no nos va a intimidar, pues nos respaldan nuestros clientes y las comunidades. Estamos en el lado correcto de la historia”, aseguró el domingo Lindsay Toczylowski, presidenta del Centro de Defensa Legal de Inmigrantes. El grupo representa a decenas de organizaciones y está trabajando en una demanda que podría presentarse esta misma semana para iniciar una defensa de un ataque sin precedentes desde el poder.