Los datos contradicen a Trump: las detenciones y deportaciones de migrantes no se limitan a los delincuentes

La seguridad nacional ha sido el argumento favorito de Donald Trump para justificar su anhelada deportación masiva de migrantes indocumentados. Como candidato, el republicano aseguró que su campaña de detenciones y expulsiones se dirigiría a los delincuentes, lo que le valió el apoyo de la mayor parte de la población en las elecciones del pasado otoño. En las primeras semanas de su mandato, sin embargo, la realidad es otra. En las redadas que está llevando a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se está arrestando y deportando un alto porcentaje de personas sin antecedentes penales.

Datos sobre las detenciones del ICE durante el primer mes del Gobierno republicano no son fácilmente accesibles. El ICE había estado publicando los totales de aprehensiones diarias en su cuenta de X en los primeros días del segundo mandato de Trump, pero dejó de hacerlo a principios de febrero. No obstante, la cadena NBC obtuvo datos de los arrestos realizados hasta mediados de mes y encontró que de los 4.422 detenidos por el ICE en las primeras dos semanas de febrero, 1.800 (un 41%), no tenían ninguna condena penal ni cargos penales pendientes.

Estas cifras contradicen la narrativa impulsada por la Administración, que ha hecho de las detenciones y deportaciones un gran despliegue mediático. A diario, en sus redes sociales y en sus páginas web, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publica fotos y vídeos de las personas que han sido detenidas. En algunas de las imágenes se les ve esposados y escoltados por las autoridades. Otras parecen más bien fichas policiales, en las que aparece un retrato del detenido junto a una lista de los delitos que ha cometido. Estos van desde violaciones a atropellos y robos, según las fichas.

Lo que no publicitan, sin embargo, son las detenciones de migrantes que carecen de antecedentes penales y que están en proceso de regularizar su situación en el país. Algunos de estos arrestos se han producido incluso en controles de tráfico. Es el caso de Ashley, que por uno de estos controles en Texas ahora vive con la angustia de que su marido, José, tiene una orden de deportación.

Ashley relató hace unos días cómo viajaba en su coche con su marido y sus tres hijos (de cuatro, un año y seis meses), cuando un agente de policía les paró. Su marido, José, que estaba al volante, no tiene documentos porque entró en el país de forma irregular, aunque por estar casado con una ciudadana estadounidense estaba en proceso de obtener una green card, la tarjeta de residente.

Poco después llegaron los agentes de inmigración y se lo llevaron detenido, dejando a Ashley, que no puede conducir, con sus tres hijos, abandonada en medio de la carretera. José fue liberado al cabo de unas horas, pero ahora tiene una orden de deportación. “Donald Trump lo está haciendo de manera equivocada. Debería atrapar a los que están cometiendo crímenes como asesinar gente y cosas así. Debería sacar a los peligrosos”, señaló Ashley. “Lo que están diciendo es que un ciudadano estadounidense no debe enamorarse de alguien que es ilegal. Lo entiendo, pero en mi opinión, él es un ser humano, como yo”.

El temor a encontrarse con un agente del ICE se ha extendido como la pólvora entre las familias de estatus mixto, en las que uno de los miembros es indocumentado. La experiencia de las últimas semanas ha dejado claro que no tener antecedentes penales no les protege de la deportación.

“Esta historia destaca el hecho de que el ICE no detiene solo a personas con antecedentes penales para ponerlas en procedimientos de deportación,” denunció Kate Lincoln-Goldfinch, abogada que lleva el caso. “Ashley y su esposo, José, ya habían contratado un bufete de abogados para conseguirle su tarjeta de residencia. Estaban pasando por el proceso. Estaban haciendo todo de la manera correcta y ahora, debido a este incidente, José ha sido puesto en proceso de deportación. La familia ha quedado traumatizada y esta es una persona más en el ya atrasado sistema judicial de inmigración”, añadió la letrada.

Identificados por tatuajes

Incluso muchos de los inmigrantes deportados a la prisión de Guantánamo, que fueron descritos por el zar de la frontera, Tom Homan, como “lo peor de lo peor”, carecen de antecedentes. Los venezolanos enviados a la base naval ubicada en Cuba, que ya han sido trasladados a Caracas vía Honduras, han sido calificados como criminales violentos o vinculados a la pandilla Tren de Aragua. Algunos fueron identificados como tales por llevar ciertos tatuajes propios de ese grupo, considerado por Trump organización terrorista. Sin embargo, varios medios han desmentido que se trate de delincuentes.

A pesar de que las autoridades no dieron a conocer la identidad de los deportados, ProPublica y The Texas Tribune identificaron a casi una docena de los migrantes venezolanos enviados a Guantánamo y pudieron confirmar que al menos tres de ellos no cometieron ningún delito, más allá de haber entrado de forma irregular en el país.

Los identificados son José Daniel Simancas, un trabajador de la construcción de 30 años, Yoiker Sequera y Mayfreed Duran, que eran peluqueros en Venezuela. Los tres habían sido detenidos por las autoridades de inmigración poco después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México y estuvieron retenidos meses en espera de ser deportados. Sobre dos de ellos no consta ningún delito, excepto la entrada ilegal. El tercero había recibido un cargo adicional por patear a un oficial mientras estaba inmovilizado.

Los datos obtenidos por ProPublica y el Tribune muestran que desde el 20 de enero hasta los primeros días de febrero, hubo unos 14.000 arrestos de migrantes, de los que solo el 44% tenía antecedentes penales; de ellos, cerca de la mitad fueron condenados por delitos menores.

Una nueva legislación facilita estas expulsiones de forma rápida. Recientemente firmada por Trump, la Ley Laken Riley permite que los indocumentados sean deportados por delitos menores, como hurtos en una tienda, aunque no sean condenados por ellos.

La retórica ahora de la Administración es que, aunque carezcan de antecedentes, los indocumentados sí son criminales porque han cruzado de forma ilegal la frontera. Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, dijo que los inmigrantes sin antecedentes penales a menudo están “lejos de ser inocentes”. Y en una entrevista reciente a ScrippNews, Homan confirmó que el hecho de ser indocumentados ya los equipara a los criminales. “No hay nada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad que diga que además de la entrada ilegal hay que cometer otro delito. La entrada ilegal al país es un delito”, justificó.

Las organizaciones de derechos civiles denuncian que muchos migrantes son detenidos por su raza o color de piel, incluso siendo ciudadanos estadounidenses. Y no solo afecta a los latinos. El presidente Navajo, Buu Nygren, afirmó en la estación de radio tribal KTNN, que había recibido relatos de encuentros “negativos y a veces traumatizantes” entre el ICE y ciudadanos de la Nación Navajo.

El conjunto de todas las órdenes ejecutivas antiinmigrantes aprobadas por el Gobierno demuestra, según los críticos, que la intención de Trump no es la de priorizar la expulsión de los criminales como ha insistido.

“Si es cierto que la Administración está apuntando a criminales violentos, ¿por qué ha habido órdenes ejecutivas que rescinden el TPS [el Estatus de Protección Temporal]? Esa gente está aquí legalmente”, critica Gabriel Salguero, presidente de la Coalición Nacional de Evangélicos Latinos (NALEC). “¿Por qué cancelar la aplicación CBP One, que permitía a las personas llegar de forma legal desde sus países de origen? Si es cierto que su objetivo son criminales violentos, ¿Por qué entonces enviamos agentes a lugares sensibles? No conozco a ningún pastor, obispo, rabino o líder religioso que esté tratando de albergar a criminales violentos en sus lugares de culto”.

La ampliación del espectro de migrantes susceptibles de ser deportados permitiría a los agentes del ICE acercarse al objetivo de expulsiones marcado por Trump, después de que se haya comprobado que mucho ha sido el ruido, pero no se han alcanzado los números deseados.

En su primer mes en la Casa Blanca, se han deportado 37.660 personas, según se dio a conocer el viernes pasado, un número bastante inferior a las 57.000 expulsiones que el Gobierno de Joe Biden realizó mensualmente el año pasado. El demócrata impulsó las deportaciones, presionado por el caos fronterizo que supuso la llegada masiva de migrantes en su mandato.

Homan ya ha mostrado su insatisfacción con el ritmo de las detenciones, y ha pedido más recursos para llevar a cabo la tarea asignada. Desde el DHS, sin embargo, hacen un balance positivo. En su cuenta de X se lee: “En el primer mes de la Administración de Trump, el presidente y la secretaria del DHS, Kristi Noem, consiguieron resultados para hacer América segura de nuevo. Esto es solo el comienzo”.