“Una caja negra legal”: Trump replica con los migrantes enviados a Guantánamo el trato reservado a los terroristas

La mano dura de Donald Trump con los migrantes sirvió para que Yajaira Castillo supiera donde estaba su hermano Luis Alberto. Ella, ciudadana venezolana, hablaba con él a diario desde enero, cuando cruzó la frontera en El Paso (Texas) y fue detenido por la Patrulla Fronteriza. Desde el 3 de febrero solo hubo silencio. Yajaira se topó días después una imagen de autoridades federales subiendo a migrantes a aviones para volarlos a Guantánamo. Ahí estaba Luis Alberto, quien se ha convertido en uno de los inmigrantes que forman parte de la población penitenciaria de la infame prisión caribeña dentro de la base naval. Castillo, junto a otras dos familias, ha iniciado este miércoles acciones legales contra la Administración republicana para hacer valer los derechos de los detenidos, que se encuentran incomunicados.

La demanda ha sido presentada por Yajaira Castillo y los familiares de otros dos venezolanos, Tilso Ramón Gómez Lugo y Yoiker David Sequera. Estos aguardaban en centros de detención en Texas hasta que el Gobierno federal los envió a la base naval en Cuba. Sus familiares no han podido hablar con ellos y acusan que a estos se les ha impedido el acceso a una defensa legal.

“El aislamiento no es casualidad. Guantánamo es una de las prisiones más famosas del mundo, utilizada cuando el Gobierno de Estados Unidos quiere actuar en secreto sin restricciones legales ni responsabilidades”, señala la demanda, acompañada por cuatro organizaciones de derechos humanos: Las Américas, Raíces, American Gateway y Americans for Immigrant Justice.

Tilso Ramón Gómez llegó a Estados Unidos en abril de 2024. Después de cruzar la frontera, arrancó el largo proceso para solicitar el asilo. Logró pasar el primer filtro, una entrevista en la que debía exponer los riesgos que corría al ser devuelto a su país, Venezuela. Gómez no tuvo ayuda de abogados y quedó sin representante legal en su proceso, el cual perdió. En noviembre pasado recibió la orden judicial de expulsión. Tilso, quien estaba en un centro de detención de El Paso, pensó que sería deportado, por lo que pidió a su familia una muda de ropa para el vuelo. Su familia perdió contacto con él cuatro días, hasta que el 5 de febrero su hermana, Carolina Gómez Lugo, lo reconoció entre las fotografías de los enviados a Guantánamo.

La Administración Trump puso en marcha el traslado de inmigrantes a la base caribeña el 4 de febrero. El primer vuelo, en una nave militar, llevaba apenas un puñado de indocumentados. Desde entonces, la programación de los viajes ha sido diaria. De acuerdo a la demanda, al menos unas 50 personas se encuentran allí. Este es el primer paso en un plan del republicano para elevar a 30.000 personas la población carcelaria en las 11.000 hectáreas que el Gobierno de Estados Unidos renta a Cuba desde hace más de un siglo. Los prisioneros están recibiendo el mismo tratamiento al que fueron sometidos miles de víctimas de la guerra contra el terrorismo emprendida durante la gestión de George W. Bush.

“El Gobierno ha ocultado cuál es el estatus legal de estos individuos, los detalles de su confinamiento, que tan probable es que sigan detenidos, su estado migratorio y la naturaleza de cualquier procedimiento en su contra”, indica el texto de la demanda. Los grupos de activistas aseguran que si los tribunales federales no intervienen más indocumentados correrán la misma suerte y serán depositados en una “caja negra legal” sin acceso a abogados.

Eso es a lo que se ha enfrentado Ángela Carolina Sequera, la madre de Yoiker David Sequera, un peluquero de 25 años originario del Estado de Miranda, Venezuela. Este llegó a Estados Unidos en julio de 2022 y trabajó en barberías de California hasta que volvió a su país en 2023 por un tema personal, de acuerdo con Migrant Insider. En septiembre de 2024, después de cruzar el Tapón del Darién por segunda vez, entró por tierra y pidió asilo. Le fue negado.

Yoiker Sequera recibió el 6 de enero la orden para abandonar el territorio estadounidense. Ángela supo por un compañero de su hijo en el centro de detención de El Paso que este fue volado al Caribe. Desde entonces, realizó varias llamadas al Servicio de Control e Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para localizar a Yoiker y hablar con él. No lo ha logrado en cuatro días.

Con el paso del tiempo se sabe más de los sin papeles que han sido llevados a la fuerza a Guantánamo. Al principio no se conocían ni siquiera los nombres. Algunos detalles han salido a la luz ahora. El periodista Pablo Manríquez aseguró el domingo que Yoiker no tiene antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en su natal Venezuela. No obstante, ha sido parte del despliegue de fuerza con el que el trumpismo ha sometido a los inmigrantes irregulares.

La demanda presentada este miércoles acusa a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior y quien supervisa las acciones de ICE y la Patrulla Fronteriza, del trato vejatorio a los nacionales venezolanos. Un portavoz de Interior ha señalado este miércoles a la cadena CBS que en la cárcel estadounidense cohabitan pandilleros violentos con otros indocumentados de “alto riesgo”. “Cada uno de los ilegales en Guantánamo tiene una orden final de deportación”, aseguran las autoridades federales.

Algunos activistas se han preguntado por qué Washington retiene en la isla a los prisioneros si ya se han reactivado las deportaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Este lunes, dos aviones de la línea Conviasa fueron enviados por la Administración Trump de vuelta a Caracas. A bordo iban supuestos miembros de la pandilla Tren de Aragua, de acuerdo a la Casa Blanca, quien no proporcionó pruebas para probar que esto es cierto. Han sido los primeros desplazamientos en la segunda era Trump. Se reanudaron años después de que Joe Biden forzara brevemente al régimen de Nicolás Maduro a recibir retornados durante lo más álgido de la crisis migratoria.

Esta es la segunda demanda que el Gobierno enfrenta por la reconversión de Guantánamo. Un juez de Nuevo México emitió el lunes una orden temporal para prohibir que tres detenidos venezolanos fueran enviados a la base naval. “Me da miedo que me lleven porque las noticias lo pintan como un agujero negro (…) veo también que los derechos humanos se violan constantemente allí”, dijo uno de los peticionarios, Abraham Barrios Morales. El togado le dio la razón, pero en la prisión decenas esperan a que sus derechos se hagan valer.