¿Qué derechos tienen los niños migrantes en las escuelas de Estados Unidos?

La nueva administración del presidente Donald Trump ha revocado una política que desalienta la aplicación de leyes de inmigración en “lugares sensibles”, como las escuelas, lo que ha provocado ansiedad entre las familias inmigrantes. Los defensores advierten que el temor a un arresto y deportación podría llevar a los estudiantes a faltar a la escuela e interrumpir su educación.

Sin embargo, la legislación estadounidense, establecida en la histórica sentencia del Tribunal Supremo de 1982 en el caso Plyler contra Doe, garantiza a todos los niños —independientemente de su estatus migratorio— el derecho a la educación pública. La ley prohíbe a los centros escolares adoptar medidas que nieguen o disuadan a los niños inmigrantes de asistir a clase.

Protecciones legales para los estudiantes inmigrantes

En virtud del caso Plyler contra Doe, los hijos de trabajadores indocumentados tienen el mismo derecho a asistir a centros públicos de primaria y secundaria que los ciudadanos estadounidenses. Las leyes estatales exigen además que todos los niños asistan a la escuela, independientemente de su situación migratoria. Entre las principales protecciones figuran:

• Las escuelas tienen que admitir a cualquier estudiante, sin importar su condición de indocumentado
• Las escuelas no pueden exigir a los estudiantes o padres que revelen o documenten su estatus migratorio
• Las escuelas deben evitar prácticas que “enfríen” el acceso a la educación, como hacer preguntas o solicitar información sobre la situación migratoria

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) prohíbe a las escuelas compartir información del expediente de un estudiante con agencias externas, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sin una orden judicial.

Si los padres o tutores carecen de número de la Seguridad Social para solicitudes como las de los programas de comidas gratuitas, basta con que lo indiquen en el formulario. Las escuelas deben asignar una identificación de estudiante generada aleatoriamente a cualquier niño sin número de Seguridad Social.

Muchos distritos escolares están tomando medidas para tranquilizar a las familias inmigrantes, definiendo o reiterando políticas que garanticen la seguridad y eviten la discriminación:

• Las Escuelas Públicas de Denver aconsejaron a los directores que denegaran la entrada a los funcionarios sin cita previa o asuntos escolares válidos. El distrito también puso en marcha protocolos para asegurar los perímetros, cerrando las puertas con llave para impedir el acceso no autorizado
• El Distrito Escolar Unificado de San Diego adoptó una resolución que prohíbe al ICE entrar en las escuelas sin una orden judicial y afirma la negativa del distrito a ayudar en la aplicación de las leyes federales de inmigración civil
• El Distrito Escolar de Salt Lake City recordó a las familias que el distrito no realiza un seguimiento de la situación de inmigración y les instó a actualizar la información de contacto en caso de emergencia
• El Distrito Escolar de Filadelfia emitió directrices en las que ordenaba al personal que no facilitara a los agentes del ICE información sobre los alumnos ni acceso al recinto escolar sin la aprobación de los abogados del distrito

Estas políticas no son nuevas, pero se han acentuado en respuesta a una mayor preocupación.

Los derechos de los estudiantes dentro de las escuelas

El personal de los centros escolares, especialmente el que se ocupa de la matriculación de los alumnos, no tiene ninguna obligación legal de hacer cumplir las leyes de inmigración. Deben centrarse en crear un entorno seguro e integrador en el que todos los estudiantes puedan prosperar. Negar a los niños el acceso a la educación o intimidar a las familias es inconstitucional. Las investigaciones demuestran que invertir en la educación de todos los niños beneficia significativamente a la sociedad: por cada dólar gastado en educación, se devuelven 9 dólares a través de una mayor participación en la fuerza laboral y el compromiso con la comunidad.

No mantener estas protecciones tiene consecuencias más amplias:

• Victimizar a niños inocentes: los niños no deben ser castigados por circunstancias ajenas a su voluntad
• Crear una clase marginada: negar la educación fomenta el analfabetismo y limita las oportunidades de movilidad social y económica
• Fomentar la desinformación y la discriminación: la condición de inmigrante se convierte a menudo en chivo expiatorio en tiempos turbulentos, lo que conduce al racismo y la xenofobia

Lo que las familias deben saber

Los padres deben conocer sus derechos y tomar medidas para garantizar que la educación de sus hijos no se vea interrumpida:

• Las escuelas no pueden preguntar ni exigir pruebas de la situación migratoria
• Nadie está obligado a facilitar un número de la Seguridad Social para matricularse en la escuela
• Si ICE visita una escuela, el personal debe seguir protocolos estrictos, a menudo requiriendo consulta legal antes de conceder el acceso.