Fractura en el Congreso de Estados Unidos: los republicanos solo quieren hablar de deportaciones masivas

La división del Congreso sobre el plan de deportaciones masivas de Donald Trump quedó este martes en evidencia en una audiencia en el Senado en la que se escucharon las posiciones encontradas de senadores republicanos y demócratas y en la que varios invitados expusieron las consecuencias de la expulsión de entre 11 y 13 millones de migrantes indocumentados. Los conservadores dejaron claro que no van a perder tiempo en sacar adelante el plan del presidente electo ahora que cuentan con una mayoría en las dos cámaras del Congreso.

“En enero de 2025 el Senado republicano pondrá como su prioridad una ley para transformar la seguridad en la frontera que pasará el comité presupuestario, aumentando el número de camas disponibles para detenerlos en vez de liberarlos, que aumente el número de agentes que operan con quienes deberían ser deportados, termine el muro y lleve tecnología a la frontera”, afirmó el senador republicano Lindsey Graham.

El Comité Judicial del Senado recibió a cinco testigos que respondieron a las preguntas de los senadores, quienes ofrecieron una muestra más de la polarización de sus posturas. Los republicanos se enfocaron en mostrar a víctimas de la violencia perpetrada por migrantes sin papeles para justificar la deportación masiva de todos los que entraron ilegalmente en el país, mientras que los opositores mostraron las graves consecuencias humanas y económicas que tiene el plan.

Entre los ponentes, un beneficiario de DACA, el programa que concede la residencia temporal los migrantes que llegaron al país de forma ilegal siendo niños, contó las dramáticas consecuencias que tendría para su familia su deportación. Foday Turay, fiscal de distrito en Filadelfia, llegó a Estados Unidos con cuatro años cuando su familia huyó de la guerra civil de Sierra Leona. “Me enteré de que era indocumentado cuando intenté obtener una licencia de conducir. Fue uno de los peores días de mi vida”, confesó.

En el país desde hace 21 años, está casado y tiene un hijo de 18 meses, ambos estadounidenses, y relató la tragedia que supondría para su familia económica y emocionalmente su partida. Como única fuente de ingresos porque su mujer debe dedicarse al cuidado de su madre enferma, Turay ejemplificó la dramática situación en que se encuentran más de medio millón de beneficiarios de DACA, los llamados dreamers: “Casi el 50% de los beneficiarios de DACA tienen al menos un hijo en el hogar. Al deportarlos, el país está eliminando ingresos tributarios mientras aumenta el número de hijos ciudadanos estadounidenses y cónyuges de beneficiarios de DACA, como mi esposa y mi hijo, que es posible que tengan que depender de programas de bienestar social”, señaló.

En la primera gran entrevista que Trump concedió tras su victoria, en el programa Meet the Press del la NBC del domingo pasado, el republicano ha suavizado el tono sobre la expulsión de los dreamers. La experiencia de su anterior presidencia, cuando intentó cancelar el programa y el hecho de que varios Estados republicanos lo estén persiguiendo judicialmente no convence de sus intenciones. “Una vez que pongamos orden en la frontera podremos tener una conversación racional sobre los dreamers y otros”, dijo Graham.

El coste económico

Las consecuencias económicas del plan de deportaciones fueron un argumento por ambas partes. En el lado de los republicanos, los senadores acusaron a los migrantes de quitarle los empleos a los estadounidenses y de ser una carga para las arcas públicas. “Más allá del enorme coste humano que las deportaciones masivas acarrearían, las deportaciones masivas también impondrían un daño económico y fiscal extraordinario a nuestro país. Costarían a los contribuyentes estadounidenses cientos de miles de millones de dólares, con un costo estimado de una operación de 11 años para arrestar, detener, procesar y deportar a un millón de personas por año de 88.000 millones de dólares anuales”, calculó Aaron Reichlin-Melnick, socio senior del Consejo Americano de Inmigración, una organización sin ánimo de lucro. Además, alertó de la inflación, el aumento de desempleo y la pérdida de ingresos fiscales que supondría la expulsión.

También el senador demócrata Alex Padilla criticó el impacto que las deportaciones tendrían en la economía y, en particular, en la agricultura, pues gran parte de los trabajadores del sector son indocumentados. “¿Criminales violentos? La mayoría de los indocumentados han contribuido tanto a este país que merecen algo mejor”, indicó y recordó que gracias a las decisiones del presidente joe Biden los números de entradas ilegales en la frontera se han reducido notablemente.

Un asesinato brutal como argumento

La madre de la fallecida Rachel Morin, que supuestamente fue violada y brutalmente asesinada a manos de un migrante indocumentado con antecedentes penales, denunció que para las autoridades primen los intereses económicos al bienestar de los estadounidenses. “La deportación es necesaria. El pueblo estadounidense no debe vivir atemorizado en su casa”, dijo Patty Morin. El supuesto culpable es un salvadoreño acusado de matar a una mujer y violar a una niña en su país de origen y había intentado sin éxito entrar en Estados Unidos otras tres veces. “Este tipo de migrantes no debería estar en nuestro país”, y culpó a lo que calificó de “fronteras abiertas” y a que “se permite la entrada de cualquiera y no se está cumpliendo la ley” del crimen contra su hija.

Visiblemente emocionada, Morin protagonizó el momento más emotivo de la audiencia al describir cómo era su hija y describir la brutalidad con la que fue asesinada. Se hizo eco del discurso de Trump al relacionar a los migrantes sin papeles con los delitos de violencia ocurridos en el país. Reveló, además, que ella misma, cuando tenía 14 años, fue secuestrada, llevada a pie casi 100 millas hasta la frontera con Canadá y violada. Los conservadores mostraron varias fotos más de víctimas asesinadas por migrantes indocumentados.

El republicano ha justificado sus planes de expulsión masiva calificando a los indocumentados de asesinos y violadores y ha dicho que los primeros en deportar serán los que tienen un historial delictivo y una orden de deportación. Reichlin-Melnick apuntó, sin embargo, que casi el 90% de los indocumentados carece de antecedentes penales.

‘Usted se cree más listo que todos los estadounidenses’

Uno de los momentos de más tensión de la audiencia ocurrió cuando el senador John Kennedy le espetó al general retirado Randy Manner : “Usted se cree más listo que el resto de los estadounidenses (…) se cree más virtuoso que el resto de los estadounidenses”, a lo que éste respondió: “Senador, su comentario me parece insultante”. Manner acudió al Senado para explicar los efectos que tendrá el uso de las Fuerzas Armadas en las deportaciones.

Trump ha anunciado que declarará la emergencia nacional para que participen en la operación y Manner alertó de los efectos negativos que ello conlleva. El general señaló que los militares no tienen una preparación para realizar esa tarea, que recae en la Patrulla Fronteriza y en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y perjudicaría la labor de defensa nacional para la que están destinados. Además, agravaría los problemas actuales de reclutamiento y, por último, socavaría la confianza de la población en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas existen para defender el país, no para vigilar a sus ciudadanos ni imponer medidas controvertidas y partidistas políticas de inmigración”, subrayó.

A pesar de la admisión generalizada de que es necesario reforzar la frontera y reformar la política migratoria, no había ayer atisbos de alcanzar un acuerdo bipartidista. La senadora demócrata Mazie Hirono lamentó que no se aprobara el acuerdo bipartidista en el que estuvieron trabajando y que se malogró porque Trump decidió boicotearlo: “No entiendo como no podemos llegar a una forma de acuerdo para lidiar con esto (...) todo lo que pido es una política de inmigración humanitaria y racional”, dijo.

Que hay que deportar a los criminales es algo en lo que todos coinciden y una política que la actual Administración asegura que ya está aplicando, pero no hay consenso en cómo determinar el criterio del estatus migratorio. Mientras los republicanos apoyan la deportación de todos los que entraron ilegalmente en el país, los demócratas abogan por abrir un camino a la legalidad para aquellos que llevan años e incluso décadas contribuyendo a la prosperidad del país.