Sevilla albergará el Centro Europeo para la Transparencia algorítmica
El nuevo organismo, que empezará a operar en enero de 2023, se encargará de supervisar e investigar si las grandes plataformas tecnológicas cumplen con la ley europea
España albergará el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica (ECAT en sus siglas en inglés), una de las principales herramientas de la Unión Europa para garantizar el buen funcionamiento y el control de contenidos ilícitos y perjudiciales de las plataformas digitales y brindar una mayor protección de los derechos fundamentales de los usuarios de Internet, que son los objetivos de la Directiva de Servicios Digitales (DSA), ...
España albergará el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica (ECAT en sus siglas en inglés), una de las principales herramientas de la Unión Europa para garantizar el buen funcionamiento y el control de contenidos ilícitos y perjudiciales de las plataformas digitales y brindar una mayor protección de los derechos fundamentales de los usuarios de Internet, que son los objetivos de la Directiva de Servicios Digitales (DSA), una de las grandes apuestas legislativas de la Unión Europea, que mañana entra en vigor. En concreto, el nuevo organismo tendrá su sede en el Centro Común de Investigación (JRC) que la Comisión tiene en Sevilla.
“El objetivo principal del ECAT es impulsar un mayor conocimiento y arrojar más transparencia sobre los sistemas algorítmicos que se encuentran detrás de los servicios digitales y tendrá un papel crucial en la regulación de la Comisión Europea sobre las grandes plataformas y buscadores online”, explica un funcionario de la Bruselas. El centro quiere empezar a funcionar en enero de 2023 y para ello a lo largo de esta semana se pondrá en marcha el proceso de selección de su personal, perfiles muy cualificados en el ámbito de la informática, de la economía o la ciencia asociada con el Big Data, en inteligencia artificial, en sistemas algorítmicos o en auditoría y seguimiento algorítmico. Se van a convocar 20 plazas que se sumarán a los 10 expertos que ya han sido contratados para ir avanzando en la consolidación del ECAT. Todos estarán basados en Sevilla, aunque 10 de ellos rotarán también entre Ispra (Italia) y Bruselas, según explica el funcionario de la Comisión.
El ECAT tiene tres grandes funciones: actuar como servicio de apoyo técnico de la Comisión en el cumplimiento de la DSA; ser un vehículo de conocimiento prospectivo y de investigación de alta calidad; e impulsar la creación de una red en torno a la transparencia algorítmica. “La meta es poder comprender mejor cómo funcionan los sistemas algorítmicos, por qué se nos recomienda un tipo de contenido y no otro, por qué obtenemos unos resultados en el orden particular en nuestras búsquedas online… Si hacemos eso podemos anticipar y prevenir algunos de los efectos no deseados y negativos de esos sistemas algorítmicos que pueden acabar ofreciendo contenido ilegal o dañino a determinados grupos, como los menores”, señala el funcionario europeo.
Para la Comisión la supervisión del cumplimiento de las nuevas obligaciones que la DSA impone a las grandes plataformas digitales (las que tienen más de 45 millones de usuarios y suponen el 10% del mercado potencial europeo) es uno de los ejes fundamentales del trabajo del ECAT. Los investigadores del nuevo centro de la UE deberán analizar la autoevaluación que los gigantes de Internet tienen que realizar, de acuerdo con las normas de la directiva, para conocer cuáles son los riesgos que esas plataformas tecnológicas y grandes buscadores han identificado previamente. También participarán en las auditorías e inspecciones que ordene Bruselas para comprobar que se cumple la ley y realizarán una evaluación técnica sobre el funcionamiento en la práctica de sus sistemas algorítmicos para determinar si esos riesgos identificados por las plataformas están controlados y han sido bien abordados. “Es importante dejar claro que este tipo de actuación no la van a llevar a cabo por iniciativa propia o de manera independiente, sino que siempre se actuará bajo el mandato de la Comisión”, advierte del funcionario europeo.
Bruselas también pretende que el ECAT haga de puente entre el ámbito académico, los grupos de investigación e institutos europeos y del extranjero y el sector empresarial, dentro de su faceta de investigación prospectiva. “La idea es que podamos involucrarnos tanto con la academia como con la industria para asegurarnos de que estamos definiendo bien la metodología para asegurarnos de que la transparencia algorítmica esté integrada en el diseño en los servicios que se ofrecen a nuestros ciudadanos. Porque entendemos que tener confianza en la forma en que funcionan nuestros servicios digitales también aumentará las oportunidades de negocio en el mundo digital”, señala el funcionario de la Comisión.
El ECAT también quiere tener un papel importante en la divulgación de las conclusiones derivadas de todo su proceso investigador. “Se asegurará de que la investigación derivada de su trabajo pueda estar fácilmente disponible para el público en general”, explica el funcionario.
La DSA es una norma ambiciosa y pionera, puesto que es la primera que busca establecer un marco legal para la revolución digital, obligando a las grandes plataformas tecnológicas a garantizar la transparencia en sus decisiones de moderación de contenidos y evitar que se ofrezcan productos inseguros en los mercados o que la desinformación peligrosa se haga viral o llegue a grupos de usuarios vulnerables ante este tipo de contenidos. La Unión Europea aún no ha dado a conocer qué compañías se encuentran entre lo que denomina grandes plataformas digitales (VLOP, en sus siglas en inglés), aquellas para las que la directiva exige un nivel más alto de transparencia y rendición de cuentas en esa moderación de contenidos, además de para la publicidad y los procesos algorítmicos y a las que impone la obligación de evaluar los riesgos que presentan sus sistemas para desarrollar herramientas de gestión de los mismos para proteger a integridad de sus servicios frente a las técnicas de manipulación. La UE revisará el listado de estas grandes empresas cada seis meses.
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