Casi la mitad de los juicios por abusos sexuales a menores en España se prolongan más de tres años

Casi la mitad de los procesos por abusos sexuales a menores en España se prolongan más de tres años, lo que obliga a muchos niños a declarar en varias ocasiones y revivir las agresiones sufridas. Así lo advierte Save the Children en el informe Por una justicia a la altura de la infancia, que se presenta este jueves tras analizar 345 sentencias dictadas entre 2023 y 2024 (que han afectado a 421 víctimas). “Tener que revivir los abusos una y otra vez dificulta la recuperación de las víctimas”, señala Catalina Perazzo, portavoz de la organización, que reclama la creación de una justicia especializada en todo el territorio.

El estudio no solo denuncia la lentitud de los procesos, sino que también revela un perfil de los agresores y víctimas, con una marcada tendencia de género: el 98% de los acusados son hombres y el 82,9% de las víctimas, niñas o adolescentes con una media de 12 años. Ocho de cada diez abusos sexuales contra la infancia son cometidos por un familiar o una persona del entorno cercano.

La mayor parte de los agresores (el 41,8%) pertenecen al círculo familiar directo de la víctima —como la pareja de la madre, el padre u otros parientes—, mientras que el 38,7% son personas conocidas no familiares, como amigos de la familia o profesionales que trabajan con la infancia. El 19,5% restante corresponde a desconocidos, una cifra que ha crecido dos puntos respecto al año anterior. Save the Children subraya además que seis de cada diez condenados no tenían antecedentes penales y que, entre quienes sí los tenían, la mayoría (el 84%) no estaba vinculada a delitos sexuales, lo que evidencia “la dificultad de identificar a los agresores por sus antecedentes”, revela el informe.

Aunque en la mayoría de los casos de abusos sexuales analizados las víctimas tenían entre 10 y 14 años (51,8%), el estudio alerta de que casi tres de cada diez eran menores de 10 años. También se constata que en un 5% de los procesos la víctima tenía alguna discapacidad. En cuanto a la respuesta judicial, la mayoría de los procedimientos terminó en condena para el agresor. De las 56 absoluciones registradas, 33 se debieron a la falta de pruebas suficientes. En más de la mitad de las condenas (56,8%), la pena de prisión impuesta superó los cinco años.

Procesos judiciales largos y revictimización

El trabajo de Save the Children alerta de que el sistema judicial español no está preparado para proteger a los niños víctimas de abusos sexuales, que representan casi la mitad de todas las denuncias por delitos sexuales en el país. La mayoría de los procesos superan los tres años de duración, e incluso el 12,1% de los casos llegan a durar más de cinco. “Una correcta implementación de un sistema de justicia especializado en violencia contra la infancia podría contribuir a reducir los tiempos y a evitar que los menores tengan que declarar en múltiples ocasiones”, defiende Catalina Perazzo.

Una herramienta clave para evitarlo es la prueba preconstituida, que consiste en grabar el testimonio del menor para reproducirlo durante el juicio. Aunque es obligatoria para víctimas menores de 14 años, el informe revela que solo se utilizó en el 34,5% de los casos. En algunos procesos, incluso tras haberse realizado, los menores tuvieron que volver a declarar en el juicio. Save the Children reclama “normalizar esta práctica en todo el territorio para proteger a los niños de una exposición y revictimización innecesaria”.

Justicia especializada en violencia contra la infancia

El Gobierno ha creado, en 2025, tres centros de justicia especializada en Málaga, Barcelona y Madrid, pero la organización apunta que la medida es insuficiente. Según recalca Perazzo, “la creación de solamente tres secciones de justicia especializada en la infancia en tres localidades es claramente insuficiente para que la respuesta judicial se adecue”. Según el informe, esta medida deja fuera a la mayoría de niños víctimas de violencia, cuyos casos seguirán en manos de secciones de instrucción sin formación específica en infancia.

El estudio recuerda que la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada en 2021, prevé la creación de fiscalías especializadas y equipos técnicos multidisciplinares, pero estas medidas aún no se han puesto en marcha.

Save the Children también reclama la expansión del modelo Barnahus, implantado de forma piloto en Tarragona en 2020 y actualmente extendido a toda Cataluña. Este sistema reúne bajo un mismo techo a todas las instituciones implicadas en un caso de abuso infantil para reducir la victimización secundaria. Los profesionales coordinan la toma de la prueba preconstituida, evitando que el menor deba declarar en juicio y alejándolo así de un entorno que puede resultar hostil. “Nuestro análisis demuestra que todavía queda mucho por avanzar en cómo la justicia trata a la infancia”, concluye Perazzo.