Pactar menos cárcel para tu violador para acabar con la pesadilla: “Ir a juicio es un trago”

Alejandro Raúl P. C. lleva unos tres años en prisión provisional por la acusación de una sucesión de delitos sexuales. Estaba procesado por ser uno de los principales integrantes del grupo de cinco hombres que en 2021, además de perpetrar otras vejaciones, participaron en la violación de tres jóvene...

Alejandro Raúl P. C. lleva unos tres años en prisión provisional por la acusación de una sucesión de delitos sexuales. Estaba procesado por ser uno de los principales integrantes del grupo de cinco hombres que en 2021, además de perpetrar otras vejaciones, participaron en la violación de tres jóvenes en situación de vulnerabilidad tras invitarlas a su piso durante los confinamientos nocturnos de la covid y conseguir que se emborracharan, anulando su capacidad de reacción. En su acusación, la Fiscalía reclamaba para él 53 años de prisión; finalmente, su condena ha quedado reducida a 8 años y 3 meses. La abultada reducción de pena, proporcional en el caso del resto del grupo, es el fruto del acuerdo de conformidad al que llegaron sus abogados, los de las víctimas y la Fiscalía, en el que los procesados admitían los hechos tras negarla durante toda la instrucción (y tras cuatro peticiones para salir de prisión) y pagaban una indemnización.

Uno de los objetivos de ese tipo de pactos es evitar la denominada revictimización de las víctimas durante el juicio. Ese acuerdo de conformidad, no obstante, reabre un debate nunca cerrado sobre cómo evitar ese sufrimiento por los traumas generados por las agresiones sexuales acaba siendo un arma de doble filo que da ventaja a los acusados en su pretensión de rebajar condenas.

Apenas unas pocas horas después de conocerse el pacto del grupo, más popularmente conocido como la Manada de Castelldefels, la Fiscalía de Barcelona defendía que en la búsqueda de la conformidad “había pesado mucho la necesidad de proteger a las víctimas”. Lo mismo sostiene en su despacho el abogado de una de ellas, Manel Margarit: “Ir al juicio era un trago para ellas y una quizás no aseguraba su asistencia por su situación emocional, lo que quiere decir que el juicio se podía suspender, prolongar la situación de angustia y que ellos volvieran a pedir salir de prisión”.

En opinión de Margarit el acuerdo era la mejor opción de cerrar el caso, sobre todo por algunos antecedentes judiciales, como el del caso Alves. El exfutbolista del Barcelona fue condenado primero por agresión sexual y después absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al apuntar “una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante”. Ese in dubio pro reo lo utilizaron los abogados de los ahora violadores confesos de Castelldefels como ejemplo para presionar hacia sus intereses. Continuar con el juicio de casi dos semanas y esperar una sentencia “sin ninguna certeza de ganar” también amenazaba con perpetuar la pesadilla. Pero la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Rosa María Gil, considera, admitiendo no haber visto el acuerdo definitivo (en el que decaen dos delitos), ni los atenuantes utilizados, que la diferencia entre la petición fiscal y lo acordado es muy abultada.

En muchos casos, las mujeres no persiguen una condena de los acusados, solo un reconocimiento de la agresión. Hay ahí un deseo de querer acabar con la confusión de que el agresor sea considerado antes víctima de una acusación que no acusado. En definitiva, hay interés en demostrar que no hay duda alguna de que son ellas las víctimas y nadie más. Y ahí las conformidades pueden ser una solución, porque el acusado reconoce haber realizado la agresión sexual.

Violeta García, responsable de formación de la Asociación de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente (Aadas), subraya que las víctimas de agresiones sexuales sufren un proceso de revictimización al menos hasta el final del proceso judicial. “El proceso de duelo no llega hasta después del juicio, esos días se produce un pico de activación de pesadillas, de no poder dormir, de sentirte como cuando te agredieron”. Es justo la situación que sufría la defendida de Margarit, que la noche después de la conformidad, como la anterior, no había podido echar ojo. Al menos dos de las víctimas padecían cuadros ansioso-depresivos.

El camino hasta el momento del juicio es muy prolongado, por lo que García considera que no se puede pedir más a las víctimas: “A las personas que han padecido estas agresiones no se les puede pedir que luchen por todo el mundo. Esa no es su responsabilidad. Con denunciar ya es suficiente, es un periplo”.

Nahxeli Beas, profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del grupo de investigación con perspectiva de género Antígona de la misma universidad, considera que efectivamente la exposición al juicio puede ser “muy revictimizante”, pero que en ese proceso también puede suceder lo contrario si existe la percepción de que el fiscal o el juez te están escuchando y no lancen preguntas “fuera de lugar”. “Porque también hay gente que necesita explicar lo que les supuso la agresión en su vida”, apunta Beas, quien apunta a diferentes perfiles de víctimas en función de su aproximación al juicio. Por ello, pide flexibilidad en la Administración de la justicia para que la “superviviente” tenga garantizado si quiere declarar con un biombo delante para protegerse, hacerlo a través de un circuito cerrado de televisión o todo lo contrario. Y, en el caso de optar por la conformidad, que esté bien informada y esté de acuerdo con su redactado. Aunque, en su opinión, esta vía de acuerdo se acostumbra a utilizar cuando los acusados no ven salida al procesamiento y existen pruebas (ADN del agresor, por ejemplo), un claro beneficio para ellos. En el caso de Castelldefels, el acuerdo permitirá que los procesados salgan pronto de prisión, al haber estado encarcelados durante casi tres años.

Sensación de mercadeo

El presidente de la subcomisión de violencia sobre la mujer del Consejo General de la Abogacía Española, Fernando Rodríguez, cree que la conformidad puede llegar “a causar una sensación de mercadeo”, pero niega que sea así, si bien, como todo, cuenta tanto con ventajas como con inconvenientes. Entre las primeras, que se evita revivir los traumas del suceso y hay certeza de que los procesados cumplirán la pena acordada, porque una vez aprobada la conformidad por el tribunal, no existe vía de recurso. Y el pago de la indemnización está asegurada también, no así en casos de fallos condenatorios, en los que en muchas ocasiones los procesados argumentan incapacidad económica para no pagar por daños y perjuicios. “Abonar la responsabilidad civil es reparación del daño y se utiliza como atenuante de la pena”, explica Rodríguez.

Entre las personas consultadas no existe una percepción de que los acuerdos de conformidad hayan crecido en los últimos años y, de hecho, los consideran muy minoritarios. La Fiscalía de Barcelona cita en su memoria que el año pasado se utilizaron en el caso de delitos de violencia sexual en 54 ocasiones. Fueron 56 un año antes y 45 en 2022. La memoria las considera una “cifra muy elevada” y al alza. En el caso de Madrid no hay mención alguna. “Yo apenas las he utilizado en el 2% de los casos”, apunta la presidenta de Themis. Un estudio de 2020 del Ministerio de Igualdad señalaba que las conformidades se utilizaban en un 14% de los casos.

La indemnización es un tema que puede jugar en contra de la verosimilitud de la versión de las víctimas, como si lo que quisieran fuera la compensación económica. Gil explica que ha defendido a mujeres que han renunciado a ser compensadas con la afirmación: “Es que si no no me van a creer”. “Y el problema”, dice, “es que la víctima nunca piensa en el dinero, quiere que se acabe cuanto antes el proceso. En algún caso, incluso, en casos de absolución de los presuntos violadores, me han llegado a decir: ‘ya te dije yo que no me quería meter en esto’”.