Los cinco miembros de la Manada de Castelldefels asumen su culpa y acuerdan penas de hasta ocho años y medio

Los cinco miembros de la llamada Manada de Castelldefels, acusados de violar a tres mujeres y grabarlas sin su consentimiento para compartir esos vídeos a través de WhatsApp, han asumido este martes su culpa y han pactado con la defensa y la Fiscalía pagar una indemnización y, a cambio, reducir sustancialmente las penas respecto a la petición inicial del ministerio, de 196 años de prisión. Con el acuerdo de conformidad, que se alcanzó el pasado viernes, la condena conjunta no alcanza los 33 años de cárcel; la mayor alcanza los 8 años y 5 meses de cárcel, mientras que la menor es de 3 años y 11 meses. Las penas acordadas abren la puerta a la salida de la cárcel de los cuatro que continuaban en prisión provisional.

Los cinco acusados han utilizado su turno de última palabra para pedir disculpas. “Mi más absoluto y total arrepentimiento y pedir perdón a las víctimas de corazón”, ha dicho, por ejemplo, Alejandro Raúl P. C., alias El Cubano. Era el inquilino del piso de Castelldefels donde se perpetraron los cinco delitos y uno de los actores principales de la trama, según asumía la Fiscalía, que le acusaba de pertenencia a grupo criminal para la comisión de delitos contra la indemnidad sexual, violación y violación continuada y descubrimiento, y revelación de secretos con difusión de datos. Esos dos últimos delitos —el último se refiere a la difusión de fotografías y vídeos de los hechos—, ha quedado descabalgados del acuerdo entre las partes y de la condena.

El Cubano, para quien se reclamaban inicialmente 53 años, deberá asumir una pena de 8 años y 3 meses. La mayor es para Roberto P., con 8 años y 5 meses, aunque por los mismos delitos. Para los otros tres acusados serán de 6 años (Orlando N. y José Miguel M.) y otro de 3 años para David A. Todos ellos tienen prohibido acercarse a menos de 1.000 metros de las víctimas y de ponerse en contacto con ellas.

En el acuerdo consta una indemnización de 30.000 euros para una de las víctimas, 37.827 euros para otra y 33.315 para una tercera. Ese pago y el esfuerzo para conseguir el dinero ha sido un argumento utilizado por los acusados como muestra de arrepentimiento y asimismo lo han alegado sus defensas para pedir la suspensión de la pena de prisión, que el tribunal decidirá en las próximas semanas. En dos casos, la defensa ha argumentado también los cursos y programas realizados en prisión y problemas de alcoholismo de dos miembros.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares han mostrado su rechazo a esa suspensión de condenas solicitada, si bien a uno se le ha dado cinco días para aportar documentación que pruebe su adicción al alcohol en el momento de los hechos. Sobre la suspensión del resto no existía consenso, por lo que tomarán en los próximos días su decisión.

La Fiscalía de Barcelona ha remitido un comunicado en el que argumentan el acuerdo por que los procesados habían reconocido los hechos, han pedido perdón y han reconocido arrepentimiento, además de pagar las indemnizaciones rebajadas. En la conformidad, señala el texto, “ha pesado mucho la necesidad de proteger a las víctimas, así como la voluntad de no ser revictimizadas sometiéndoles a la presión de este juicio”. Una de ellas sufre una crisis postraumática que podría haber motivado la suspensión del juicio previsto para esta y la próxima semana, lo que podría haber agravado —según Fiscalía— el padecimiento de las víctimas: “La Fiscalía no sólo tiene por misión el ejercicio de la acusación pública, sino también, y muy primordialmente, la protección de las víctimas en el proceso penal”.

Los cinco hombres son culpables por unos hechos que ocurrieron entre marzo y mayo de 2021, en plena pandemia del coronavirus, cuando se imponían los confinamientos. Los tres episodios que protagonizaron se produjeron en 2021, aprovechando la situación de “baja estima”, según el relato de la fiscal, que padecían las víctimas, a las que buscaban para llevar al piso de Castelldefels donde se produjeron los hechos.

Allí, tras convencerlas para que acudieran de forma voluntaria, las emborrachaban para llevar adelante su objetivo una vez anuladas su capacidad de reacción, en alguna ocasión a conciencia de que su víctima requería de medicación. A una de las víctimas, tras desnudarla, la penetraron por vía anal, vaginal y bucal. A otra, mientras la obligaban a practicar felaciones a los asistentes, le introdujeron una botella por la vagina.

El vaciado de los móviles de los condenados permitió a la juez instruir la causa, una muestra en la que no solo queda clara la intención de buscar víctimas y compartir las experiencias en el grupo de WhatsApp en el que participaban, en el que había otros miembros, sino que eran conscientes de la gravedad de los hechos que estaban cometiendo y el precedente de La Manada de Pamplona, de 2016. En el escrito fiscal, se recoge una frase compartida que así lo deja claro: “Te pasaría el teléfono de una que es muy guarra y está bien, pero no me fío porque a esa sí la veo capaz de denunciarme”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.