Un entrenador de baloncesto de Granada, investigado por delitos contra la libertad sexual de tres menores

La habitual tranquilidad de un modesto club de baloncesto de Granada saltó por los aires el pasado 21 de enero. Esa tarde, una familia mostró a la presidenta de la entidad una serie de pantallazos de WhatsApp con conversaciones de uno de los entrenadores hacia un jugador, menor de edad. Aquello presentaba indicios de delito sexual sobre el joven y los padres tomaron la única decisión posible, denunciarlo ante la policía. El club, por su parte, abrió un protocolo de actuación al amparo de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia o ley Rhodes. Días después, la policía consideró que los indicios que tenían eran suficientemente sólidos para detener al entrenador y llevarlo delante de un juez.

Tras testificar, el 4 de febrero, el magistrado dictó libertad provisional en condición de investigado para el entrenador. Ahora, 10 días más tarde, son ya tres los menores que habrían sido agredidos, aunque el juez aún no ha definido con exactitud los delitos.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los tres menores aún no han prestado declaración judicial y se espera que sean llamados a hacerlo en fechas próximas. Por otro lado, la Fiscalía tiene aún que decidir si informa positiva o negativamente sobre la petición policial de que se vuelquen los datos del teléfono móvil del investigado en busca, previsiblemente, de mensajes similares a los ya conocidos por los agentes y el juez.

Por parte del club, este diario ha podido hablar con un miembro de su junta directiva y, a la vez, responsable de la defensa de los menores en caso de posibles casos de violencia sexual. Este directivo, que prefiere salvaguardar su nombre para proteger al equipo y a todos sus jugadores y entrenadores, explica la secuencia de lo ocurrido desde que se tuvo noticias de aquellos mensajes originales. “La presidenta me llama aquella noche para decirme que hay un problema gordo que hay que hablar en persona”.

Fue entonces cuando le comentó la denuncia de la familia apoyada en unos mensajes de móvil. Hasta ese momento, la familia del menor aún no había acudido a la policía. El club fue el primero en conocer esos indicios. “Me di cuenta inmediatamente de que había que abrir el protocolo y convoqué al entrenador”, explica el directivo. “No le dejé que me contara los detalles porque, como club, con lo que había visto ya tenía suficiente para tomar una decisión. Solo le pedí que corroborara mi impresión y me dijo que sí, que estaba en lo cierto y que estaba dispuesto a declarar ante la policía”. A partir de ahí, comenta este responsable y fundador del club, “completé el expediente interno y esperé a que la policía me dijera que podía echarlo”, lo que ocurrió en cuanto lo detuvieron, unos días después.

Los diferentes equipos del club, asegura este directivo, “siguen con su rutina y su tranquilidad, todos”. Hace unos días, enviaron una circular a sus miembros, padres y madres, informándoles de lo ocurrido. En ese comunicado dicen que, tras estudiar el asunto, llegaron a “unas conclusiones inequívocas” y que al acudir a la Policía Nacional con el primer caso, aparecieron nuevas víctimas, que son las tres que hay identificadas en este momento.

El club explica, además, que cada año informan a entrenadores y padres de la existencia de dos protocolos –contra la violencia en la infancia y la adolescencia y contra el acoso laboral–. Tras lo ocurrido, los dirigentes han tomado además la decisión de contratar una psicóloga para que imparta una charla a todos los miembros del club sobre cómo detectar comportamientos inaceptables hacia los miembros del club. En la investigación que lleva a cabo este periódico sobre abusos en el deporte se han contabilizado ya 220 casos y 1.215 víctimas.

Si conoce algún caso de abusos en el deporte español que no haya visto la luz, puede escribir a: abusos@elpais.es