Las víctimas más vulnerables de la violencia machista: 1.862 huérfanos desde 2003, la mitad menores

Los últimos son los cuatro hijos de Catalina, la mujer asesinada por su expareja el pasado domingo en el pueblo malagueño de Benalmádena. Los últimos en quedarse huérfanos por la violencia machista y que se sumarán a la contabilidad que se lleva a cabo desde 2003, en la que se registran hasta finales del año pasado 1.862 personas que han perdido a sus madres por la violencia de género, más de la mitad menores de edad (969). Son los datos del estudio publicado este miércoles por la Fundación Mujeres, que gestiona el Fondo de Becas Soledad Cazorla, responsable de acompañar a las familias que asumen la crianza de estos niños. Para calcular estas cifras, se han tenido en cuenta los datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial y de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

“Tras la muerte de sus madres, su situación de vulnerabilidad no hace más que incrementarse”, recoge el estudio. No solo por el dolor y el trauma ocasionado, sino por todo lo que, desde ese momento, deben afrontar: el abandono de los que, hasta entonces, han sido sus hogares; el proceso penal derivado de los crímenes; los trámites sucesorios; las cuestiones relativas a su acogimiento por los familiares que se hacen cargo de ellos o la tramitación de las ayudas a las que, en su caso, tienen derecho.

Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2023 fue el año en que más menores se quedaron huérfanos: 58 niños y adolescentes perdieron a sus madres a causa de estos crímenes. Le sigue 2015, con 51 menores en situación de orfandad; 2019, con 48; 2014, con 43; 2013, con 42; 2018, con 41 y 2024, con 36. “Sin duda, el entorno de violencia en el que han vivido ha condicionado su bienestar e impedido que hayan podido desarrollarse en plenitud”, señala el estudio. La infancia es la etapa en la que son más dependientes de la figura de sus progenitores.

Por ello, en la Fundación Mujeres ven necesario que los poderes públicos configuren un marco normativo y de actuación adaptado a la situación y las necesidades de estas personas huérfanas de la violencia de género y quienes los acogen, centrada en proporcionarles el apoyo y la asistencia que requieren. La entidad denuncia que no existe una previsión de reparación del daño tras los asesinatos que aborde la situación de los hijos y la familia cercana de forma integral y adecuada a la situación que enfrentan.

Todos los partidos, menos Vox, aprobaron este lunes 460 medidas para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La Fundación Mujeres pide realizar un mejor diagnóstico de la situación de las víctimas: “Persisten las dificultades para acceder a la información sobre los huérfanos de la violencia de género, más allá del dato que hace referencia al número de menores que pierden a su madre cada año”. De la misma forma, aseguran que no existen datos evolutivos, a parte de los crímenes cometidos, ni en el ámbito social ni en el de la estadística judicial.

En muchos casos, denuncian que tampoco se hace un seguimiento específico de las políticas públicas y la respuesta institucional, por lo que la evaluación de las medidas que se han ido aprobando a lo largo de los años es complicada. Por ejemplo, los datos sobre pensiones de orfandad específicas para estos menores no se han incorporado a los informes generales de rendición de cuentas sobre políticas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Una de las primeras conclusiones del estudio es que la orfandad a causa de un feminicidio es una situación de riesgo de pobreza infantil que se manifiesta en la totalidad de los casos. Los menores habitualmente pierden a sus principales proveedores de recursos. El propio desarrollo del procedimiento judicial y de protección social hace que, incluso en los casos de familias sin especiales dificultades económicas, se bloquee el acceso a los recursos disponibles en caso de existir. La mayoría de huérfanos se quedan al cuidado de otros miembros de la familia.

“Las indemnizaciones del procedimiento judicial tienen por objeto reparar esta situación, pero tardan en llegar”, advierte el informe. Además, habitualmente no se hacen efectivas por insolvencia de los condenados. Por ello, la entidad pide mayor inmediatez en la entrega de ayudas, desde los primeros momentos, además de “subsanar ciertos problemas de acceso a las pensiones de orfandad de la Seguridad Social que, a pesar de reformas completadas, subsisten en la actualidad”.

La Fundación Mujeres considera que las mejoras que se realicen deben aplicarse con carácter retroactivo y no solo a los casos de feminicidio que se comentan a partir de la entrada en vigor de la reforma de la normativa de la Seguridad Social. “Esta aplicación e interpretación está provocando la existencia de huérfanos y huérfanas de primera y segunda clase. Es decir, aquellos que pueden acceder al régimen más favorable y aquellos que no, siendo la única justificación el momento en que se produjese la muerte de sus madres”, advierte el estudio.

Las características de las ayudas económicas que se han establecido en las diferentes comunidades autónomas son muy dispares, en cuanto a los requisitos de acceso o cuantía. La entidad pide una homogeneización de las prestaciones y una cobertura de protección hasta los 26 años si los jóvenes afectados carecen de ingresos suficientes y están estudiando. Propone, además, el desarrollo de medidas de apoyo a la emancipación y la mejora de la aplicación de la exención de tasas universitarias y concesión de becas.

De la misma manera, ruega mayor celeridad en el desarrollo de los procedimientos judiciales, más vigilancia y especial diligencia en la protección de los derechos de los menores y el entorno de las de las mujeres víctimas a lo largo de todo el procedimiento judicial y durante el cumplimiento de las penas.

“Frecuentemente, nos hemos encontrado casos de familias que no han sido informadas adecuadamente sobre el desarrollo del procedimiento, los cambios de centro penitenciario o el acceso de los condenados a los beneficios penitenciarios, de forma que no han podido ejercer sus derechos de acuerdo con el Estatuto de la Víctima”, recoge el estudio.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.