El acceso al porno llega al Tribunal Supremo de Estados Unidos de mayoría conservadora

El acceso a los contenidos pornográficos vuelve este miércoles a la imponente sala de vistas del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La Free Speech Coalition, la patronal del sector de entretenimiento para adultos, impugna la validez de una ley de Texas que, con el objetivo de proteger a los menores, exige una verificación de la edad para obtener acceso a sitios web con contenido sexual explícito. Alegan que se viola el derecho a contenidos protegidos por la Constitución y, con ello, la libertad de expresión. ...

El acceso a los contenidos pornográficos vuelve este miércoles a la imponente sala de vistas del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La Free Speech Coalition, la patronal del sector de entretenimiento para adultos, impugna la validez de una ley de Texas que, con el objetivo de proteger a los menores, exige una verificación de la edad para obtener acceso a sitios web con contenido sexual explícito. Alegan que se viola el derecho a contenidos protegidos por la Constitución y, con ello, la libertad de expresión. Un total de 19 Estados bajo control del Partido Republicano han aprobado leyes similares, de modo que la decisión del Tribunal, de mayoría conservadora, tendrá repercusiones en buena parte del país.

La polémica ley HB 1181 establece que “una entidad comercial que, consciente e intencionadamente, publique o distribuya material en un sitio web de internet, incluidas las redes sociales, del que más de un tercio sea material sexual perjudicial para menores, deberá utilizar métodos razonables de verificación de la edad” que se describen en la norma.

Entre las posibilidades está una copia de un documento de identidad, pero también otros sistemas digitales como un reconocimiento facial con inteligencia artificial o un registro a cargo de terceros. La ley no permite a los verificadores de identidad conservar información personal sobre los usuarios.

Los principales sitios web de pornografía, incluidos Pornhub, PornTube y YouPorn, han preferido bloquear a los usuarios de los Estados donde esas leyes están en vigor, en lugar de invertir en sistemas o servicios de comprobación de la edad. A quienes se atrevieron a desafiar la ley tejana, las autoridades les pusieron una multa tras otra.

Muy pocos han implantado un sistema de verificación. El requisito no afecta a motores de búsqueda ni a redes sociales como X, que con Elon Musk ha dado cabida a la pornografía, porque menos de un tercio de su contenido entra en esa calificación.

La ley entró en vigor en septiembre de 2023. Pornhub y otras organizaciones demandaron a Texas, obteniendo inicialmente una orden judicial que paralizó su aplicación ese mismo mes. Sin embargo, el fiscal general de este Estado del sur, Ken Paxton, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos. Primero obtuvo una suspensión de la decisión judicial en noviembre de ese año, lo que le permitió hacer cumplir la norma.

En marzo del año pasado, en una sentencia de 78 páginas, ese mismo tribunal anuló parcialmente la orden judicial original, dictaminando que los criterios de comprobación de la edad son constitucionales. “El requisito de verificación de la edad está racionalmente relacionado con el interés legítimo del gobierno en evitar el acceso de los menores a la pornografía”, dice la sentencia, que concluyó que la ley no viola la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.

La doctrina del Supremo

La patronal de las empresas del sector del porno y organizaciones de derechos civiles recurrieron ante el Supremo, que aceptó el caso, llamado Free Speech Coalition contra Paxton. La doctrina del Supremo, fijada en anteriores casos, establece que los Estados pueden restringir racionalmente el acceso de los menores a material sexual, pero que tales restricciones deben resistir un escrutinio estricto si obstaculizan el acceso de los adultos a contenidos constitucionalmente protegidos.

Por otra parte, su doctrina distingue entre contenido sexual no obsceno y obsceno, no estando este último protegido constitucionalmente. El Supremo define esa categoría de forma restrictiva como aquella que no solo “apela al interés lascivo”, sino que además “representa o describe de forma manifiestamente ofensiva una conducta sexual” y “carece de valor literario, artístico, político o científico serio”. El material obsceno está prohibido y criminalizado en Texas por otras leyes y no es objeto del recurso actual.

En casos como Reno contra la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), de 1997, y Ashcroft contra ACLU, de 2002, el Supremo dio la razón a los promotores de sitios pornográficos y asociaciones de derechos civiles. Sin embargo, la composición del Tribunal ha cambiado. Ahora tiene una supermayoría conservadora de seis de los nueve jueces que no ha dudado en separarse de precedentes asentados durante décadas en asuntos como el aborto o la discriminación positiva por raza en el acceso a las universidades.

Texas defiende que sus restricciones son similares a las que se aplican a los menores para impedir que consuman tabaco o alcohol o alquilen un coche, pero los recurrentes replican que esas no son actividades protegidas por la libertad de expresión y que tienen naturaleza diferente.

“A la mayoría de la gente no le preocuparía demasiado que se le relacionara con el alquiler de un coche o la compra de vino. Por el contrario, como concluyó el tribunal de distrito y confirma el sentido común, interponer la verificación de la edad antes de que los visitantes puedan acceder a contenidos sexuales en línea tiene un ‘efecto sustancialmente amedrentador’ y ‘disuade el acceso de los adultos’, dado el riesgo de que ‘revelaciones, filtraciones o hackeos’ puedan ‘revelar deseos y preferencias íntimas”, sostienen en su último escrito presentado ante el Supremo.

También subrayan que con la ley los menores pueden igualmente tener acceso a pornografía a través de buscadores o redes sociales (que no dediquen a la materia más de un tercio de su contenido) y que no se excluye de su ámbito siquiera a contenidos con valor cultural, científico o educativo apropiado solo para adultos. Sugieren que hay alternativas menos gravosas, como filtros de contenidos para menores que se pueden instalar en los dispositivos.

El aluvión de leyes de verificación de identidad forma parte de una oleada reaccionaria contra la pornografía de la que es claro exponente el llamado Proyecto 2025, el programa conservador de máximos diseñado para servir de orientación a las políticas republicanas ante la presidencia de Donald Trump.

“La pornografía debe prohibirse. Las personas que la producen y distribuyen deberían ser encarceladas. Los educadores y bibliotecarios públicos que la difunden deberían ser clasificados como delincuentes sexuales registrados. Y las empresas de telecomunicaciones y tecnología que facilitan su difusión deberían ser clausuradas”, dice el texto de dicho documento. Este miércoles se celebra la vista oral del caso y la sentencia puede retrasarse hasta junio, cuando se cierra el curso judicial.