La Audiencia de Murcia suspende las penas de cárcel de cuatro de los empresarios que pagaron por sexo con menores en 2014
La Fiscalía recurrirá uno de los casos, y el tribunal continúa este martes decidiendo sobre el resto de condenados
La Audiencia Provincial de Murcia ha acordado suspender las condenas de prisión de cuatro de los siete hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales en Murcia con menores de edad en 2014, e...
La Audiencia Provincial de Murcia ha acordado suspender las condenas de prisión de cuatro de los siete hombres que pagaron por mantener relaciones sexuales en Murcia con menores de edad en 2014, en uno de los casos, con la oposición de la Fiscalía, que ha anunciado que recurrirá esa suspensión. Se trata del caso del empresario Juan Castejón Ardid, quien era vicepresidente de la patronal de Cartagena, COEC, cuando sucedieron los hechos, cuando él tenía 64 años, y que es el que acumula mayor número de delitos, cinco en total, con penas de cinco meses de prisión por cada uno de ellos (dos años y un mes en total), multa de 3.600 euros y el pago de una indemnización a las víctimas que asciende a 10.000 euros por daños morales, además de un año de libertad vigilada.
El tribunal ha optado por suspender su entrada en prisión en contra del criterio del Ministerio Público, que ha defendido que el empresario debía entrar en prisión “por los múltiples delitos cometidos”. Para el teniente fiscal Francisco Sánchez Lucerga, número dos de la Fiscalía de Murcia, esa “reiteración de los hechos” ha llevado a que las condenas acumuladas superen los dos años de duración, que es el periodo que se toma como referencia para suspender las condenas.
Además, ha insistido en que en cualquier caso, incluso cuando las penas son inferiores a dos años, suspenderlas “es una facultad del tribunal, no un derecho del reo”. El abogado defensor de Castejón Ardid, el penalista José María Caballero, ha mostrado su indignación ante lo que considera un “cambio de criterio de la fiscalía”, ya que, en el acuerdo que ha dado lugar a las condenas, ya se establecía la no entrada en prisión del empresario aplicando el criterio de la agrupación de condenas, es decir, cuando se imponen varias condenas a una misma persona, no se ejecuta la suma de ellas, sino el triple del tiempo que establece la condena más alta. En este caso, sería el triple de cinco meses, es decir, 15 meses y, por tanto, menos de un año.
El abogado ha señalado incluso que el empresario era inocente, pero asumió su culpabilidad para evitar un procedimiento judicial largo, algo que el teniente fiscal ha rechazado “de plano”: “Niego que alguien se declare culpable para conseguir un mejor beneficio cuando fuera inocente. Si el señor Castejón reconoció los hechos, fue libremente. Aquí no hay presunción de culpabilidad, sino una culpabilidad reconocida”, ha subrayado. También ha señalado la defensa del empresario a la “presión mediática” a la que se ha visto sometido el procedimiento, y que ha definido como un “tsunami” que ha comparado con la sentencia de “la manada”, a lo que el fiscal ha subrayado que toda decisión judicial “puede estar sometida a la crítica social”, pero ello no empaña el criterio de la fiscalía. El tribunal ha optado finalmente por la suspensión de la condena, que la Fiscalía va a recurrir, con la condición de que el empresario no cometa ningún otro delito en los próximos dos años, no mantenga ningún contacto con ninguna de las cinco víctimas, y se someta a un “programa de reeducación conductual en materia sexual”.
Son las mismas condiciones que se han impuesto a los otros tres condenados por haber pagado para explotar a las adolescentes que han pasado hoy por la vista judicial: Antonio Giménez Pelegrín, condenado por dos delitos de prostitución de menores a un total de 10 meses de prisión, multa de 1.200 euros y el pago de una indemnización de 3.600 euros, además de un año de libertad vigilada; José Antonio Arce López, condenado por un delito de prostitución de menores a un total de cinco meses de prisión, multa de 3.600 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros, y José Jara Albero, condenado por un delito de prostitución de menores a un total de cinco meses de prisión, multa de 540 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros.
En estos tres casos, el fiscal no se ha opuesto a la suspensión de sus condenas, como tampoco lo hizo en el caso Antonio Morales Nicolás, condenado por dos delitos de prostitución de menores, a un total de 10 meses de prisión, multa de 900 euros y el pago de una indemnización de 2000 euros, además de un año de libertad vigilada, y cuya pena había sido suspendida en una vista previa. Este martes la Audiencia decidirá si suspende también las penas de Juan Peque Álvarez, condenado por dos delitos de prostitución de menores, a un total de 10 meses de prisión, multa de 1.080 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros además de un año de libertad vigilada, y Juan Martínez Fernández, condenado por un delito de prostitución de menores, a un total de 5 meses de prisión, multa de 600 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros.
En la vista de este lunes, la Audiencia ha acordado también suspender la pena a uno de los hombres que actuaban como transportistas para trasladar a las chicas a los lugares donde eran explotadas. Se trata de Martín Galo Dorado Toledo, que fue condenado a un año y tres meses de cárcel, multa de 540 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros como daño moral por un delito de prostitución de menores con pertenencia a organización criminal. El fiscal también se ha opuesto a esta decisión por la gravedad del delito cometido y ha anunciado que la va a recurrir. Por último, ha pasado por la audiencia una de las captadoras de las menores, Ruth Karina Dorado Toledo, que es la procesada que acumula un mayor número de delitos, ocho en total, con condenas de dos años por cada uno de ellos, además de una multa de 4.320 euros y el pago de una indemnización de 8.000 euros como daño moral, además de cinco años de libertad vigilada.
En su caso, el fiscal se ha opuesto a que la condena sea suspendida, dada la gravedad de los hechos y la acumulación de los mismos, y el tribunal ha decidido tomar un tiempo para deliberar sobre su situación. Las otras dos mujeres condenadas por captar a menores para la trama, además de una intermediaria, pasarán este martes por la Audiencia Provincial, y el segundo de los taxistas lo hará el próximo 14 de octubre.