La Generalitat Valenciana denuncia a Fiscalía presuntas terapias de conversión sexual en un colegio valenciano

Cinco exalumnos de diferentes edades han denunciado ante la inspección de la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana a un docente del centro Madre Josefa Campos de la localidad de Alaquàs por someterles presuntamente a terapias de conversión sexual durante su etapa escolar, ocurrida hace años, según ha publicado Levante-EMV este domingo. El departamento de Educación ha confirmado que la denuncia les llegó a finales de la semana pasada, concretamente el pasado jueves, y, tras recopilar toda la información, ha decidido remitir un informe con los hechos a la Fiscalía para que investigue la posible comisión de un delito.

La investigación “debe abarcar tanto los hechos ocurridos hace años como las posibles continuaciones hasta la actualidad”, ha declarado este lunes el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy. La consejería ha reiterado su compromiso “con la igualdad de trato a todas las personas, sin importar el sexo, religión, raza o condición sexual”.

El Arzobispado de Valencia ha anunciado que también abrirá una investigación al Centro de Orientación Familiar (COF) Mater Misericordiae, dirigido por el profesor denunciado, por si ha realizado este tipo de terapias a los usuarios de esta entidad vinculada a la Iglesia, aunque no es un organismo oficial de la Diócesis. La institución eclesiástica precisa que no ha llegado ninguna queja de personas que hayan sido atendidas en el citado centro, que es una asociación pública de fieles con estatutos propios.

Según el rotativo valenciano, los casos denunciados datan de hace al menos siete años, cuando los alumnos iniciaban la etapa escolar de la ESO, a partir de los 11 o 12 años de edad. Uno de los testimonios explica que el profesor “le ofreció una pastilla para curar la homosexualidad”.

El centro educativo asegura que “desconocía la situación”. El equipo directivo del centro escolar ha indicado a través de un comunicado que se pone “a disposición de la Fiscalía para la colaboración y esclarecimiento de los hechos hasta sus últimas consecuencias”. Expone que “ante la gravedad de los hechos publicados, el colegio ha abierto un expediente disciplinario en el que el docente ha negado todas y cada una de las noticias aparecidas”.

El PSPV y Compromís han exigido al Gobierno valenciano que aparte al profesor del centro concertado investigado y que se garantice la protección de las alumnas y alumnos del colegio. Antoni Benito, secretario de LGTBI y Diversidad socialista, pide al Ejecutivo autonómico que garantice el cumplimiento de la ley LGTBI valenciana y estatal, que prohíbe este tipo de terapias de conversión. El portavoz socialista en las Cortes, José Muñoz, ha exigido incluso que se retire el concierto al centro escolar.

Los socialistas anuncian un seguimiento exhaustivo de la investigación que desarrolle el Gobierno valenciano para garantizar el cumplimiento de la ley y “fulminar la homofobia”. Según han recordado Benito, las terapias de conversión están prohibidas tanto por la legislación valenciana a través de la ley LGTBI de 2019, como por la ley para la Igualdad real y efectiva de las personas Trans del Gobierno español.

En el caso de la legislación valenciana, en su artículo 60 considera una infracción muy grave la realización, difusión o promoción de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias, y establece para las infracciones muy graves multas de 60.001 hasta 120.000 euros.

Perseguir con el Código Penal

El diputado de Compromís y portavoz en políticas LGTBI, Francesc Roig, apunta que la prioridad tiene que ser “proteger a los y las alumnas que actualmente tienen contacto con el docente apartándolo de manera inmediata de la actividad y poner en marcha una investigación desde la inspección educativa para averiguar si ha existido algún tipo de complicidad o permisividad desde alguna instancia del propio centro y tomar las medidas que correspondan”.

“Lamentablemente, las sanciones administrativas tienen sus limitaciones y por eso presentaremos una iniciativa parlamentaria para perseguir estas prácticas también a través del Código Penal”, ha manifestado Roig.