La curva ascendente de la sextorsión en España: de 1.691 denuncias en 2018 a 4.460 en 2023

Los datos de Interior reflejan una crecida exponencial en los últimos años de estas infracciones penales, un chantaje que consiste en pedir a la víctima que haga algo a cambio de no publicar contenido sexual de esa persona

Una adolescente con su móvil, en Madrid, en 2023.Claudio Alvarez

El pasado septiembre, un adolescente empezó a recibir presiones de alguien que había conocido por redes sociales y a quien había enviado fotos de su cara y de su habitación sin imaginar por qué se las estaba pidiendo. Después de un tiempo, esa persona le exigió 200 euros a cambio de no difundir entre sus conocidos y sus seguidores en esas redes unas imágenes sexuales suyas, que, aunque lo parecían, no eran reales. Las había generado con inteligencia artificial a partir de las fotos que el menor le había enviado y partes del cuerpo de otras personas. Es solo un ejemplo de la realidad de miles d...

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El pasado septiembre, un adolescente empezó a recibir presiones de alguien que había conocido por redes sociales y a quien había enviado fotos de su cara y de su habitación sin imaginar por qué se las estaba pidiendo. Después de un tiempo, esa persona le exigió 200 euros a cambio de no difundir entre sus conocidos y sus seguidores en esas redes unas imágenes sexuales suyas, que, aunque lo parecían, no eran reales. Las había generado con inteligencia artificial a partir de las fotos que el menor le había enviado y partes del cuerpo de otras personas. Es solo un ejemplo de la realidad de miles de víctimas de sextorsión en España, un delito que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) define como “una forma de chantaje en el que el atacante amenaza a la víctima para que realice algún tipo de acción específica con el fin de no hacer públicas imágenes o vídeos con connotación sexual”.

Según los datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso este diario, las denuncias se han casi triplicado en los últimos cinco años. Hubo 1.691 en 2018, 1.199 en 2019, 1.923 en 2020, 2.649 en 2021, 3.219 en 2022 y 4.460 en 2023. En España, explican desde el ministerio, al no ser una tipología penal específica, está enmarcada dentro de otras infracciones penales, y añaden también que ese incremento en las cifras “no siempre refleja un aumento” de los hechos.

Como ocurre en otros delitos, como la violencia machista o la violencia sexual, en la última década ha habido una sensibilización social y unos cambios legislativos e institucionales que han ayudado a la “pérdida del miedo o el reparo a denunciar de las víctimas”. “Es decir, que no siempre el origen de las subidas es un aumento de la sextorsión, sino que las víctimas denuncian más, y esa es la única forma de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan noticia de lo sucedido y lleguen a las estadísticas”, añaden desde el ministerio.

De ese ascenso en las cifras advierten desde hace varios años cuerpos de policía y seguridad no solo de España, sino de todo el mundo. Y aunque puede sucederle a cualquiera, las principales víctimas son mujeres jóvenes y menores de ambos sexos, especialmente del masculino. En lugares como Estados Unidos y Reino Unido, las instituciones mantienen el foco puesto, sobre todo, en los niños.

En enero de 2023, el FBI publicó un comunicado en el que hablaban de una “crisis mundial” de sextorsión: “El FBI y nuestros socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley emitimos una advertencia conjunta sobre una crisis global de sextorsión financiera. Nuestras agencias han visto una explosión de incidentes de niños menores de edad en todo el mundo que fueron obligados a enviar imágenes explícitas en línea y extorsionados por dinero”. Y a principios de este año, esa misma agencia contabilizó un aumento de más del 20% entre octubre de 2022 y marzo de 2023 que respecto al mismo periodo del año anterior.

“Estos delitos pueden llevar a las víctimas a autolesionarse y han llevado al suicidio”, advertía la institución. Desde octubre de 2021 y hasta marzo del año pasado, el FBI y Seguridad Nacional recibieron “más de 13.000 informes de sextorsión sobre menores, con al menos 12.600 víctimas, principalmente niños, y provocó al menos 20 suicidios”. Y hasta el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), también de Estados Unidos, llegaron en 2023 26.718 informes de sextorsión financiera, frente a los 10.731 de 2022.

En Reino Unido, la línea de ayuda contra la pornovenganza alertaba el pasado abril de que la sextorsión sigue siendo una de las razones predominantes por las que reciben llamadas, fueron el 34% de las denuncias recibidas en 2023, y esos “casos aumentaron un 54% en comparación con 2022″. Y en Italia existe un grupo en la policía específico para combatirla creado en 2015 ante el aumento de estas denuncias y las consecuencias que este delito tiene para las víctimas: “una pesadilla de chantajes, constantes solicitudes de dinero y amenazas” que también en ese país acaba, a veces, en suicidio.

Europol, desde hace varios años, recomienda que “no se utilice el término sextorsión, ya que no transmite que el acto en cuestión implique abuso y explotación sexual de un niño, con consecuencias extremadamente graves para la víctima”, y considera que “debería utilizarse la expresión más precisa: coerción sexual y extorsión de niños en línea”. Algo que la agencia califica como “uno de los nuevos fenómenos delictivos de la era digital” y que “se ve facilitado por la expansión tecnológica, la creciente cobertura de internet y la disponibilidad generalizada de dispositivos móviles”.

Un delito también enmarcado en la violencia machista

Cuando las víctimas son menores y los perpetradores, adultos, esa agencia supranacional ha encontrado dos objetivos principales en quienes cometen los delitos: el interés sexual en esos niños, donde la motivación es obtener material o un encuentro sexual en persona, o un interés económico [la llamada sextorsión financiera], para lucrarse económicamente con el chantaje. Pero existen además otros propósitos, que dependen de quién sea el delincuente y quién sea la víctima. Por ejemplo, cuando se da en parejas o exparejas, donde lo que se busca es el daño o el control de las víctimas y que se enmarca dentro de la violencia machista.

Stribor Kuric, investigador de la Fundación Fad Juventud, explica que en los últimos años sus análisis reflejan “un incremento en las formas de violencia que tienen que ver con el control en la pareja”. Aunque no tienen datos concretos sobre sextorsión, sí cuentan con algunos relacionados: “En cuanto a la preocupación por la publicación de contenido sexual sin consentimiento, lo afirman el 42,8% de las mujeres y el 31,5% de ellos. El acoso sexual online preocupa al 34,2% de ellas y al 15% de hombres. El 40% de ellas evita subir contenidos por miedo a ser insultadas o acosadas, frente al 33,7% de los hombres, y el 46,2% de mujeres y el 35% de hombres reciben contenido sexual sin consentimiento. Vemos una brecha de género clara en estas cuestiones”.

En esa fundación, junto a la Universidad Complutense de Madrid, están ahora haciendo una investigación sobre violencia sexual digital que publicarán en los próximos meses: “Sobre la violación de la privacidad, compartir imágenes sexualizadas sin consentimiento, el daño a la reputación que suponen esos actos o las amenazas de extorsión sexual. Creemos que es un tema fundamental porque conocemos los discursos en torno a la violencia de género en el ámbito online, donde se fraguan espacios misóginos y antifeministas que se acaban diseminando y afectando al imaginario social de los jóvenes”. Hay, además, algo clave a lo que Kuric hace referencia para poner contexto a lo que está sucediendo: “Las llamadas affordances, es decir, lo que te permiten hacer los dispositivos y cómo surgen a través de esas posibilidades nuevas formas de violencia que antes de este ecosistema hubieran sido imposibles”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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