Sin comer, beber ni orinar. Así malvivían las 21 víctimas de explotación laboral rescatadas en Sevilla

Una de las personas rescatadas, menor de edad, que estaba embarazada, llegó a sufrir un aborto, otro saltó por la ventana desesperado para huir, muchos tenían que rebuscar en la basura para alimentarse

Un agente junto a un coche patrulla de la Policía Nacional.Europa Press

Trabajar de sol a sol no era el peor de sus problemas. No les permitían comer, ni beber -pese a estar a más de 40 grados sevillanos recogiendo fruta-, ni siquiera orinar. Tenían además que pagar por lo poco que comían, tan poco, que tenían que rebuscar de noche en la basura. Esta es la vida de inhumana esclavitud a la que estaban sometidas 25 personas, hombres y mujeres de entre 16 y 45 años de origen rumano y moldavo , captadas por un clan familiar -también de nacionalidad rumana- perfectamente organizado que ha si...

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Trabajar de sol a sol no era el peor de sus problemas. No les permitían comer, ni beber -pese a estar a más de 40 grados sevillanos recogiendo fruta-, ni siquiera orinar. Tenían además que pagar por lo poco que comían, tan poco, que tenían que rebuscar de noche en la basura. Esta es la vida de inhumana esclavitud a la que estaban sometidas 25 personas, hombres y mujeres de entre 16 y 45 años de origen rumano y moldavo , captadas por un clan familiar -también de nacionalidad rumana- perfectamente organizado que ha sido desarticulado por la Policía Nacional.

Las víctimas eran captadas en sus países de origen a través de anuncios por Internet atrayéndolas con suculentas condiciones laborales. Totalmente contrarias a las que luego  padecieron durante casi un año y medio el tiempo que duró la investigación, que se inició en abril de 2022, cuando los agentes fueron a inspecciona una finca de la localidad sevillana de Brenes por sospechas de la existencia de víctimas de trata.

El sufrimiento empezaba a las siete de la mañana, cuando llegaban a las fincas y empezaban a recoger fruta. Además de la privación de todo tipo de alimento y bebida, sufrían insultos y la completa vigilancia de sus guardianes. Cuando se iba la luz, a las ocho, regresaban a unas infraviviendas donde vivían hacinados y por las que, además, también debían pagar a sus explotadores. Colchones sucios apilados encima de palés, paredes cubiertas de moho y suciedad, cables de la luz pelados y sueltos….

Su situación de extenuación era tal que una de las víctimas se desmayó en un supermercado. No pudo pedir ayuda, porque el control al que estaban sometidos era tal, que de inmediato, uno de los miembros del clan la arrastró por el suelo bajo amenazas. El grado de explotación era tal, que otra joven, menor de edad, perdió uno de los gemelos de los que estaba embarazada por las condiciones en las que era obligada a vivir.

No solo debían pagar por la exigua comía que le daban o por la ratonera en la que vivían, tampoco recibían salario por lo que tampoco podían pagar las cantidades que debían por su traslado en autobús desde Sevilla. La desesperación de un moldavo ante la necesidad de enviar dinero a su familia fue tal, que se arrojó por una de las ventanas tratando de huir de ese tormento.

Mientras sus víctimas malvivían, sus explotadores hacían ostentación de un alto nivel de vida, conduciendo coches de lujo y mostrando relojes de alta gama. Se trata de un clan perfectamente organizado, con el patriarca a la cabeza y dos subalternos que coordinaban los trabajos en las fincas y la captación y su posterior traslado a España.

Pero sobre lo que llaman la atención los investigadores es sobre el alto grado de sofisticación del clan, que había creado hasta 10 empresas pantalla a través de las que daban apariencia de legalidad a sus actividades y con las que conseguían engañar a los empresarios agrícolas que los contrataban para administrar sus fincas. Como no abonaban ningún salario real a los trabajadores, esto les permitía ofertar condiciones de contratación más bajas que la competencia, por lo que también podrían incurrir en un delito de competencia desleal, señalan las fuentes de la investigación, que desvinculan a los propietarios de cualquier relación con la trama.

La operación culminó en noviembre del año pasado con el registro de siete viviendas de las localidades de Brenes y Cantillana y la detención de 15 personas acusadas de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de la identidad y falsedad documental. Aunque se ordenó el ingreso en prisión de los tres cabecillas, la cadena Ser ha adelantado que, semanas después, el juez decretó su puesta en libertad contra el criterio de la Fiscalía y sin tener en cuenta que el líder ya había sido detenido por hechos similares en 2022. La operación, no obstante, sigue abierta.

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