El colegio de ginecólogos del Reino Unido rechaza que se informe a la policía de los abortos autoinducidos

El Real Colegio de Ginecólogos y Tocólogos del Reino Unido (RCOG, en sus siglas en inglés) ha reclamado sentido común frente a la aplicación de una ley desfasada, que ha derivado en la investigación criminal de decenas de mujeres en los últimos meses por interrumpir su embarazo. El RCOG, en colaboración con otras instituciones médicas como la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva o la Sociedad Británica de Cuidados de Aborto, ultima una guía para profesionales en la que afirma que “nunca responde al interés público la investigación de un...

El Real Colegio de Ginecólogos y Tocólogos del Reino Unido (RCOG, en sus siglas en inglés) ha reclamado sentido común frente a la aplicación de una ley desfasada, que ha derivado en la investigación criminal de decenas de mujeres en los últimos meses por interrumpir su embarazo. El RCOG, en colaboración con otras instituciones médicas como la Facultad de Salud Sexual y Reproductiva o la Sociedad Británica de Cuidados de Aborto, ultima una guía para profesionales en la que afirma que “nunca responde al interés público la investigación de una paciente sospechosa de haber puesto fin por sí misma a su embarazo”. Al menos 60 organizaciones profesionales respaldan esta recomendación profesional.

“Estas mujeres deberían ser tratadas con delicadeza y compasión, sin juzgarlas ni trasladarles el temor a ser encarceladas. Las leyes del aborto, anticuadas y desfasadas, suponen que aquellas mujeres que hayan experimentado un final de embarazo no justificado sean susceptibles a una investigación penal, lo que coloca a los profesionales sanitarios en una posición inaceptable y bajo un escrutinio sin garantías”, ha asegurado Ranee Thakar, la presidenta del RCOG.

En el Reino Unido, los abortos deben ser aprobados por un profesional médico, y realizados antes de las 23 semanas y seis días de gestación. Como en muchos otros países, los abortos farmacológicos han aumentado frente a los quirúrgicos. Si en 2002 suponían un 14% de las interrupciones, en 2021, según datos del propio Ministerio de Sanidad del Reino Unido, ascendieron hasta el 87%.

Un aborto farmacológico requiere la ingesta de dos pastillas. Para adquirir la primera de ellas era necesaria la visita previa a un profesional, que era quien la recetaba. Sin embargo, la pandemia modificó muchos hábitos sanitarios en el Reino Unido. El Gobierno permitió que la primera píldora pudiera ser enviada por correo después de una consulta telefónica. La facilidad con que el medicamento puede ser adquirido a través de internet ha aumentado el número de ventas sin control sanitario.

Desde 2022, al menos seis mujeres han acabado frente a los tribunales británicos, acusadas de realizar un aborto ilegal, y decenas más han sido investigadas por las autoridades policiales.

Todavía sorprende a muchas ciudadanas del Reino Unido, convencidas de que el derecho a la libre interrupción del embarazo es completamente ajeno al ámbito penal, descubrir que, en determinadas circunstancias, sigue considerado como un delito. La Ley del Aborto de 1967, aún vigente, sigue siendo un modelo de excepciones o supuestos despenalizados. Para evitar que sea considerado un delito, dos profesionales médicos deben coincidir en su diagnóstico. Los supuestos incluyen el riesgo para la salud física o mental de la madre o del feto, o el riesgo serio de que el bebé nazca con una grave discapacidad. Solo un peligro elevado para la vida de la madre, o una deformidad letal del feto, permiten saltarse el límite temporal.

La presión sobre los médicos

La nueva guía del RCOG tiene como objetivo aliviar dudas y restar presión de aquellos profesionales sanitarios que puedan ser contactados por autoridades policiales para recabar información sobre sus pacientes. Salvo en casos flagrantes, como los de abusos o violencia de género, o una mutación genital, los médicos británicos, señala el colegio profesional, no están obligados a colaborar con las autoridades.

Las nuevas recomendaciones son precisas:

-No llamar a la policía o a agencias externas si una paciente divulga, o el profesional sospecha, que ha intentado provocar su propio aborto, a no ser que ella misma haya dado el consentimiento o esté justificado por su propio interés.

-No informar a la policía, salvo que el profesional tema por la seguridad de la paciente o de otras personas.

-Cualquier médico o servicio sanitario debe poder justificar la revelación de información sobre sus pacientes.

-Se prohíbe la obtención o práctica de pruebas como análisis de sangre, reclamadas por las autoridades policiales, a no ser que la paciente haya dado su consentimiento tras haber sido informada, o haya una orden judicial.

-Solo podrá darse la información que sea relevante para la investigación.

-Frente a pesquisas policiales o reclamación de información por parte de las autoridades, los profesionales deberán informar previamente a sus superiores.

“Confiamos en que con estas nuevas recomendaciones los profesionales médicos tengan la claridad necesaria respecto a sus obligaciones legales y deontológicas. Es clave que entiendan lo que se espera de ellos, así como las consecuencias potenciales de cualquier violación del deber de confidencialidad con los pacientes”, ha dicho la presidenta del RCOG.

El Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido (Crown Prosecution Service, equivalente a la Fiscalía General del Estado de España) asegura que los casos de persecución penal contra mujeres por abortos ilegales son escasos, y tratados siempre con la sensibilidad requerida.