El presidente de los obispos rechaza el informe del Defensor: “Las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El presidente de la Conferencia Episcopal Esp...

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, rechaza las conclusiones de uno de los pilares del informe sobre pederastia en la Iglesia que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó el viernes; una encuesta demoscópica a más de 8.000 personas que estima que el 1,13% de la población, más de 440.000 personas, ha sufrido abusos en entornos religiosos en España (de ellas, un 0,6%, más de 233.000 personas, a manos de un sacerdote o religioso). En su cuenta de X, ha declarado la mañana de este sábado que “las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar”. Y añade, citando el catecismo: “Ello sin perjuicio de que ‘la Iglesia es a la vez santa y siempre necesitada de purificación… Todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores. En todos, la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La Iglesia congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vías de santificación’”.

La encuesta encargada por el Defensor fue llevada a cabo por GAD3, que interrogó a más de 8.000 personas residentes en España, entre 18 y 90 años. Los resultados indicaban que el 11,7% de la población española ha sufrido abusos sexuales en la infancia y un 1,3% en el ámbito religioso. Durante la presentación del informe en el Congreso, el Defensor eludió hacer el cálculo en números redondos, algo que tampoco figura en el informe. Pero según los cálculos de este periódico, ese 1,13% de los 38,9 millones de empadronados en España en 2022 se traduce la estimación de 440.000 personas que sufrieron abusos.

España ha pasado de ser una excepción mundial entre los países católicos, como argumentaban hasta hace apenas dos años los obispos españoles, a ser el país con el cómputo de víctimas estimado más alto del mundo. Francia, que también llevó a cabo una investigación similar a la del Defensor, estimó las víctimas en 330.000 en 2021. Este estudio fue encargado por la Iglesia francesa y los resultados fueron acatados tanto por la Conferencia Episcopal del país como por el papa Francisco.

La declaración de Omella rompe un silencio de 24 horas de los obispos desde que se hiciera público el informe del Defensor. Como síntoma de la fractura interna de la Iglesia española, entre un sector que desea admitir el escándalo y otro que pretende negarlo, sus palabras chocan también con un comunicado de la Confer (Confederación Española de Religiosos, que engloba a las principales órdenes religiosas de España). En este último, los eclesiásticos valoran el trabajo del Defensor y se comprometen a estudiar las propuestas incluidas en el documento. El presidente de los obispos, no obstante, afirma en su tuit que “todos los miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse pecadores”. “No nos cansaremos de pedir perdón a las víctimas y trabajar por su sanación”, ha escrito.

La Diócesis de Vitoria ha pedido perdón a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica en la red social X (antes Twitter) y ha subrayado que los siete casos recogidos en el informe referidos a Álava “no son solo un número”, por lo que ha defendido que “lo principal es acompañarles y trabajar por la justicia”.

Ante la presentación del informe de Gabilondo, la CEE convocó el viernes una asamblea plenaria extraordinaria para el lunes. Una convocatoria con tan poco tiempo es algo absolutamente excepcional en la Iglesia. En la sesión se tratará también la respuesta al retraso de la auditoría que los obispos encargaron a comienzos de 2022 al despacho Cremades & Calvo-Sotelo para investigar los abusos. Es un asunto que ha generado una enorme tensión y malestar en los últimos meses, más aún cuando el informe de Gabilondo finalmente ha visto la luz primero. De hecho, la CEE dio al bufete un ultimátum de 10 días el pasado 10 de octubre para que entregase su trabajo, algo que no ha cumplido, y aún es una incógnita cuál será la respuesta de los obispos.

“No todos los obispos han colaborado, alguno nos ha reñido”

El informe del Defensor del Pueblo ha constatado la dificultad de obtener números concretos sobre el escándalo y por esa razón encargó también una gran encuesta. Una unidad de escucha del Defensor ha realizado entrevistas con casi 500 víctimas que han revelado “el impacto devastador que los abusos han tenido en personas concretas”. “Hay gente que se ha suicidado por estas cosas, gente que no ha recompuesto su vida jamás”, declaró Gabilondo.

Por otro lado, el estudio ha contado con la información aportada por EL PAÍS, que en la única base de datos existente contabiliza en este momento 1.036 acusados y 2.206 víctimas. Y por último, ha requerido sus datos a órdenes religiosas y diócesis, que han colaborado de manera desigual y sigue ocultando información, algo que el Defensor ha criticado abiertamente: “No todos los obispos han colaborado, algún obispo nos ha reñido”. La Iglesia no ha aportado nombres y detalles de cada caso, lo que ha hecho imposible cruzar los datos con las otras fuentes disponibles para obtener una contabilidad única y homogénea. En total, órdenes y diócesis han comunicado 1.104 casos y 1.430 víctimas (921 de órdenes y 509 de diócesis), pero ni siquiera es cifra coincide con la global aportada por la CEE, de 728 acusados y 927 víctimas.

Tanto en el informe como en la rueda de prensa, la crítica del Defensor a la Iglesia ha sido muy severa por su gestión del problema. “Durante muchos años ha predominado la ocultación de los abusos y de los abusadores”, con conductas “como el traslado de las personas abusadoras a otras parroquias o centros docentes o incluso a otros países”, precisó Gabilondo. Del mismo modo, señaló a los procedimientos canónicos, que “han mostrado importantes déficits en los derechos de las víctimas, pues hasta el momento no son parte del proceso penal canónico, y su voz no tiene el lugar que precisa y merece”. En los procesos de la Iglesia, las víctimas no tienen acceso a su expediente y ni siquiera a la sentencia. “La pura aplicación del derecho canónico ha conducido no pocas veces a la soledad, el silenciamiento, el secreto y la indefensión”.

Precisamente, la mayoría de las víctimas que han acudido a denunciar su caso a la archidiócesis de Omella, la de Barcelona, han expresado su decepción y descontento, según han explicado cinco de ellas. “Salí de allí llorando”, llegó a decir Mercedes P. A., de 70 años, que denuncia abusos en su infancia en un colegio de Hospitalet. Las críticas de las víctimas, que el arzobispado rechaza, son varias. No creen que se investigue lo suficiente y sostienen que apenas se les informa sobre lo que se sabe. Cuando el acusado es un laico, la respuesta es que no se investiga porque canónicamente no tiene recorrido.

En la mayoría de los casos no perciben que se reconozca el daño, confirmando que se les cree. Prima una visión estrictamente jurídica, pues si el acusado ha fallecido, como ocurre en la mayoría de los casos, no hay proceso canónico y se da a entender que no se puede averiguar si es verdad o no lo que dice la víctima. Por otro lado, estas personas sienten tensión y frialdad cuando se habla de indemnización, que afirman que no se les ofrece, sino que tienen que pedirla. Lamentan, en fin, que la diócesis no haga público el caso una vez conocido ni pida disculpas públicas. Los expedientes simplemente se meten en el archivo y siguen tan ocultos como antes.