Una mujer denuncia que le impidieron entrar a una piscina de Valencia por llevar velo: “Con esa ropa que lleváis, qué asco”

Fadila, una española de 39 años de origen saharahui —se crio en los campos de refugiados del Sáhara Occidental y lleva más de 20 años en España— nunca había sentido tal rechazo por su aspecto y origen como cuando empleados de una piscina municipal de Valencia, situada en el barrio de Benicalap, le impidieron dos veces el acceso a las instalaciones supuestamente por llevar velo. “Con esa ropa que lleváis, qué asco”, denuncia la mujer que le dijo uno de ellos. Los hechos sucedieron el pasado 4 de a...

Fadila, una española de 39 años de origen saharahui —se crio en los campos de refugiados del Sáhara Occidental y lleva más de 20 años en España— nunca había sentido tal rechazo por su aspecto y origen como cuando empleados de una piscina municipal de Valencia, situada en el barrio de Benicalap, le impidieron dos veces el acceso a las instalaciones supuestamente por llevar velo. “Con esa ropa que lleváis, qué asco”, denuncia la mujer que le dijo uno de ellos. Los hechos sucedieron el pasado 4 de agosto y, tras una investigación, la Policía ha detenido a dos trabajadores de la empresa concesionaria, de 32 y 50 años, como presuntos autores de un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas.

La víctima, según ha adelantado este viernes el diario Levante-EMV, explica que hace unas tres semanas llegó a la piscina de Benicalap con sus hijos pero sin ropa de baño, con su velo habitual, porque no iba a sumergirse. Uno de los empleados de la instalación le impidió el paso porque no llevaba bañador: “¿Vas a bañarte?’, me preguntó y le dije que yo no, que iba a acompañar a mis hijos. Y entonces me dijo ‘Fuera de aquí, fuera de aquí”. Fadila pidió la hoja de reclamaciones y la rellenó.

Volvió a acudir a la misma piscina el pasado 4 de agosto, esta vez con parte del burkini puesto y el mismo empleado, una especie de encargado, volvió a preguntarle que si iba a bañarse; ella le dijo que no y ahí se produjo, según consta en la denuncia a la policía, una escalada de descalificaciones: “Vete de aquí, no puedes venir ni ahora, ni mañana, ni nunca” y “si no sales tú, te saco a patadas”, o “iros a parir a vuestro país”. Un vigilante de la piscina se acercó al lugar de la discusión y le dijo, siempre según el relato de la denuncia, o “si avanzas un metro más, te doy una que no te levantas del suelo” o “con esa ropa que lleváis, qué asco”. Entonces, llamó a la Policía Nacional y denunció los hechos. La Jefatura ha elevado el atestado al juzgado tras tomar declaración a los dos detenidos que fueron puestos en libertad a continuación.

“Me he sentido atacada, discriminada y lo peor de todo ha sido oír a mis hijos decir que no quieren ser negros”, cuenta Fadila. “Mi hijo pequeño me tira del pañuelo para quitármelo y me dice que de qué sirve tener el DNI si no es español”, remarca.

La ONG València és Refugi ha ayudado a la víctima y ha denunciado también. La entidad ha subrayado que el personal de seguridad impidió el paso a la mujer a pesar de que les dijo que esa era su ropa de calle y llevaba burkini para cambiarse, y reprocha que no es la primera vez que le sucede. Ana Martínez, que pertenece a la ONG, ha lamentado el “componente racista y de islamofobia” de esos trabajadores.

La representante de la ONG ha criticado que, de momento, el Ayuntamiento de Valencia no se haya puesto en contacto ni con la víctima ni con la entidad, cuando han cumplimentado dos hojas de reclamaciones por comportamientos similares hacia Fadila. “En esta piscina es el pan nuestro de cada día”, critica, y añade que les constan “más quejas de otras temporadas”. La organización acompaña a la mujer en el proceso de denuncia porque, dice Martínez, la víctima tiene “miedo a las posibles consecuencias. No se puede consentir: no es normal que haya tres niños que no quieran ir a una piscina”, ha lamentado.

Delitos de odio

La fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia, Susana Gisbert, ha señalado a Europa Press que su sección asumirá las diligencias cuando las traslade el juzgado y ha destacado que, de confirmarse los hechos y si están acreditados, podrían enmarcarse en un delito de odio específico recogido en el artículo 511 del Código Penal. Este artículo hace referencia al particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Pero, además, se tendrá en cuenta si la víctima ha sufrido una humillación o menosprecio.

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado la apertura de una investigación conjunta por parte de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y la ONDIS, la Oficina de no discriminación del consistorio, para conocer los hechos y tomar las medidas oportunas que fuesen necesarias. Durante la investigación se dará audiencia a ambas partes. El consistorio subraya que la piscina municipal de Benicalap está gestionada por una concesionaria, empresa externa al Ayuntamiento, por lo que este viernes personal de la Fundación Deportiva Municipal se ha desplazado hasta la instalación y ha dado traslado de esta decisión a la compañía que la gestiona.

El Ayuntamiento de Valencia, que gobierna la popular María José Catalá, ha condenado “todo tipo de discriminación”, asegura trabajar “a diario para evitar situaciones que pudieran vulnerar los derechos de las personas”, y se ha puesto a disposición de la Policía Nacional en la investigación que está llevando a cabo sobre el tema. Los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, han instado a la alcaldesa de Valencia “a ser contundente contra cualquier manifestación de racismo en la ciudad” y ha reclamado sancionar a la concesionaria si se confirman los hechos, que han calificado de “muy graves”. El concejal socialista Javier Mateo ha reclamado que, de cara a las próximas concesiones de las piscinas municipales, “se incluya de manera clara en los contratos cláusulas por parte de las adjudicatarias contra de los delitos de odio y de los comportamientos intolerantes en las instalaciones municipales tanto en relación con la LGTBIfobia, la aporofobia o, como puede ser en este caso, también por racismo”, ha destacado.