El fiscal pide 10 años de cárcel para un cura acusado de abusos en el seminario de Toledo

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El fiscal pide 10 años de cárcel, en un juici...

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El fiscal pide 10 años de cárcel, en un juicio que comienza el lunes, para un sacerdote de Toledo acusado de abusos sexuales sobre uno de los internos del seminario menor de la capital manchega, entre 2005 y 2007, cuando el alumno tenía entre 14 y 16 años. El juicio es un ejemplo del calvario judicial que pueden vivir los denunciantes de abusos, y los denunciados, pues ha tardado siete años en celebrarse desde la denuncia del caso. El joven, que también ha presentado una denuncia en el Vaticano para que investigue las negligencias y el posible encubrimiento del caso de la diócesis de Toledo, afirma que informó de los hechos a otro sacerdote en 2009, y que su madre se lo contó el año siguiente al propio arzobispo, que entonces era Braulio Rodríguez. Sin embargo, pasaron cinco años hasta que el sacerdote, P. F. R. R., fue sacado del seminario, un internado de educación secundaria y bachillerato, y enviado como rector a una iglesia y a un santuario del centro de Toledo, según reveló EL PAÍS. La propia diócesis admite, en respuesta por escrito, que no se tomaron medidas cautelares con el cura y se le apartó del contacto con menores hasta 2021, cinco años después de la denuncia, con el anuncio del procesamiento.

En el auto de envío a juicio, el fiscal explicó que la Iglesia “prefirió guardar silencio, llegando a transmitir a la madre de la víctima el arzobispo de Toledo que lo que contaba su hijo obedecía a ‘sus afectos desordenados’ y que le pondría en oración”. Pasaron 14 años desde que el exseminarista afirma que lo contó por primera vez a un cura, en 2009, y seis desde la denuncia, para que alguien le llamara desde el obispado de Toledo. Fue el pasado mes de noviembre, exactamente al día siguiente de que EL PAÍS preguntara por el caso en público al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, obispo auxiliar de Toledo, César Francisco García Magán, en su primera rueda de prensa, según consta en la denuncia que el joven ha presentado en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, informan fuentes eclesiásticas de Roma.

Con la investigación abierta en los tribunales, el cura acusado incluso pasó largas temporadas en Perú, en el seminario de Moyobamba, donde también hay menores. En 2020, ya con Francisco Cerro como arzobispo, permaneció allí al menos entre enero y mayo, según la información del propio centro latinoamericano. La diócesis de Toledo se encarga de la gestión de esta prelatura desde 2004, envía sacerdotes y, de hecho, el obispo del lugar es toledano. En el seminario menor de Moyobamba fue detenido un cura de Toledo, acusado de abuso de menores, en 2017. Era el director espiritual del centro, pero la diócesis manchega informó en 2021 que fue absuelto y regresó a España.

El arzobispado de Toledo nunca ha explicado cuándo abrió un proceso canónico para aclarar el caso que se juzga ahora, como es su obligación, y aún hoy no desvela el resultado. Siete años después de la denuncia en los tribunales, responde que “este expediente se encuentra sub iudice, bajo la competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, por lo que no se puede dar información”. Pero es que ni siquiera llamó al exseminarista para tomarle declaración o escuchar sus acusaciones, algo totalmente irregular. La diócesis afirma que “no hay constancia de que el denunciante o su madre informaran de estos hechos”. “Por ello, la permanencia del denunciado en el seminario hasta 2015 carecía de cualquier impedimento”, asegura. Sobre las razones del traslado ese año solo afirma que “en ese momento tampoco había ningún impedimento canónico para ello”.

El joven presentó la denuncia con su mayoría de edad, en junio de 2016, e incluso con la causa judicial ya abierta, el cura siguió en sus cargos, dio charlas y dirigió ejercicios espirituales. El actual arzobispo, Francisco Cerro, tampoco tomó medidas y en 2020 nombró al procesado miembro de la vicaría para el clero. Es con el procesamiento en 2021 cuando “se procede a tomar medidas cautelares contra el denunciado. Se le aparta del ejercicio público del ministerio sagrado, especialmente el trato con menores”. Antes, sostiene que “no había impedimento alguno” para tener cargos en el arzobispado.

Toda la actuación del arzobispado de Toledo está bajo sospecha, y se niega a contestar muchas preguntas sobre ello. El actual secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, es el obispo auxiliar de esta diócesis, y EL PAÍS le preguntó por el caso en su primera rueda de prensa tras su nombramiento, el año pasado. Respondió que la diócesis “ha hecho los deberes” e invitó al diario a ir a Toledo para darle las respuestas necesarias. Sin embargo, García Magán luego no aceptó la entrevista. La diócesis respondió finalmente solo por escrito algunas de las preguntas enviadas por este periódico. Fue solo entonces, al día siguiente de esa rueda de prensa, cuando la diócesis llamó por primera vez por teléfono a la víctima, según confirman fuentes eclesiásticas de Roma. Por el contrario, la diócesis toledana asegura que “se ha intentado ofrecer todo tipo de ayuda a la presunta víctima, pero ha rechazado toda comunicación y ayuda”. Pero no responde a la pregunta de cuándo se pusieron en contacto con ella.

El auto de procesamiento de la Fiscalía indica que el sacerdote era amigo de la familia, “una persona de confianza a la que apreciaban y que acudía a visitarles siempre que el menor se encontraba con ellos, hasta que conocieron lo que había hecho con su hijo”. El menor ingresó en el seminario en 2003, con 11 años, y el año siguiente hizo amistad con el cura. Se convirtió en “su director espiritual, confesor y persona de su absoluta confianza”, señala el fiscal en su acusación. También porque el alumno sufría acoso escolar de sus compañeros y buscó refugio en el sacerdote. A partir de 2005 se producen varios episodios de abusos, según el relato del ministerio público. “Los encuentros se producían de noche cuando sus compañeros se encontraban acostados, invitándolo el procesado a que se sentara en sus piernas, le abrazaba y le daba besos en la cara”. Luego se hicieron frecuentes los besos en la boca. En el Encuentro de Familias que se celebró en Valencia en julio de 2006, durmieron juntos en la playa y “le invitó a acostarse con él en un saco de dormir, comenzando a abrazarle, besarle y acariciar sus nalgas”.

Una semana después, el cura le llevó a unos ejercicios espirituales en La Bañeza, Léon, durante ocho días, y la tercera noche “le pidió que fuera a su habitación y allí le dijo que no tenía que sentirse mal por lo que había pasado en la playa, porque era normal entre personas que se querían”. Luego se desnudó, se tumbaron “viéndose el menor obligado a realizarle una felación”. “Ante la situación de desconcierto, el procesado, además de manifestarle que no era pecado, le dijo que no se lo contara a nadie”, prosigue el relato fiscal. Luego, de vuelta al seminario, “por la noche el procesado le invitó a su dormitorio donde le besó y acarició, además de masturbarle”. La situación se mantuvo hasta 2007, cuando el denunciante le dijo al cura que le gustaba una chica y no quería volver a verle. En 2009 el joven tuvo un intercambio de mensajes con el sacerdote que la policía extrajo de su móvil y en el que le recriminaba lo ocurrido. “Realmente no merezco vivir”, le contestó el cura, según consta en la documentación judicial.

El fiscal hace notar que los hechos han ocasionado al joven “un trastorno ansioso depresivo por el que ha tenido que ser atendido médicamente en numerosas ocasiones y que persiste a pesar de los tratamientos”. La defensa del sacerdote ha aportado a la causa unos escritos del menor, que el cura conservó en su poder, en los que intenta demostrar un supuesto desequilibrio mental del exseminarista porque en ellos habla con Dios y la Virgen.

Este sacerdote no es el único acusado de abusos que ha pasado por el seminario menor de Toledo, en otro caso en el que está cuestionada la actuación del arzobispado. Otro cura, José Luis Galán Muñoz, condenado a ocho años de cárcel en 2021 por abuso de menores en Talavera de la Reina, era profesor del seminario en los mismos años y fue secretario de estudios. En el proceso canónico, en cambio, fue absuelto. Una joven le acusó de abusos cuando era director espiritual de su colegio, Hijas de María Nuestra Señora, de Talavera, entre 2010 y 2014. Tras presentar una denuncia, la víctima escribió al papa Francisco y al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y solo después el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, abrió un proceso canónico y trasladó al cura como capellán a un convento en 2018. Rodríguez también desoyó los abusos de otro sacerdote en Salamanca, condenado en 2014 por un tribunal canónico, cuando era obispo de esta ciudad, entre 1995 y 2002.