La Fiscalía archiva la investigación contra Benedicto XVI por encubrir abusos sexuales cuando era cardenal en Múnich
El tribunal considera que no existen “sospechas suficientes de actuación delictiva” por parte de Joseph Ratzinger y que, en caso de haberse dado, ya habrían prescrito
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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La Fiscalía de Múnich ha archivado la investi...
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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La Fiscalía de Múnich ha archivado la investigación contra el papa Benedicto XVI por el su posible implicación en el encubrimiento de varios casos de pederastia mientras era arzobispo en Múnich y Freising, entre 1977 y 1982. La Fiscalía ha afirmado en una rueda de prensa este martes que no existen “sospechas suficientes de actuación delictiva” por parte del cardenal Joseph Ratzinger —nombre de pila del difunto pontífice— y que, en caso de haberse dado, ya habrían prescrito.
El fiscal jefe, Hans Kornprobst, ha subrayado que las investigaciones tampoco han revelado “sospechas suficientes” contra los otros responsables del obispado que también estaban siendo investigados: el por entonces vicario general de la diócesis, Gerhard Gruber, y el sucesor de Ratzinger, el cardenal Friedrich Wetter.
Los investigadores han basado su decisión en el informe sobre abusos elaborado por el bufete Westpfahl Spilker Wastl (WSW), encargado por la misma archidiócesis de Múnich y Freising y publicado en enero de 2022. Según el fiscal superior Hans Kornprobst, este documento es de “gran importancia” para la revalorización canónica y el debate social, pero que resulta ser “poco productivo” en términos de derecho penal.
El informe enumeró 235 presuntos perpetradores desde 1945 hasta 2019, incluidos 173 sacerdotes. El número de víctimas es de 497, aunque dejó claro que el número de casos no denunciados probablemente era mucho mayor. Desde el punto de vista de los abogados, 67 clérigos merecían una sanción de derecho canónico por el “alto nivel de sospecha”. En 43 casos, sin embargo, esto no se hizo. Un total de 40 de ellos continuaron empleados en el cuidado pastoral, incluidos 18 sacerdotes que habían sido condenados.
En las páginas de este estudio se señalaba a Benedicto XVI por no haber tomado medidas en al menos cuatro casos cuando era arzobispo. Benedicto, que renunció como pontífice en 2013, reconoció a comienzos de 2022 que se habían producido errores en la gestión de estos episodios y pidió perdón. Sus abogados argumentaron que él no era culpable.
Acusado ante un tribunal
En noviembre de 2022, Benedicto XVI fue acusado ante un tribunal alemán de haber ayudado a pederastas a tapar sus crímenes. Meses antes, en julio de ese año, un hombre de 38 años interpuso una denuncia donde relataba que había sido abusado por un sacerdote cuando era un niño. La víctima acusó tanto al cura, identificado como Peter H., como a Ratzinger, a Wetter, y a otro funcionario de la diócesis, estos tres por encubrimiento.
Durante la rueda de prensa, Kornprobst ha refutado las acusaciones de que la judicatura trata a la Iglesia con guante de seda. “Los miembros de la Iglesia son investigados tanto como los políticos, los famosos, los deportistas o los policías. Y la Iglesia no tiene derechos especiales en virtud del derecho penal”, ha afirmado.
Kornprobst dio fe de la “cooperación sin restricciones” del arzobispado y de su “deseo incondicional de aclarar el asunto”. Según explicó la fiscal responsable de la investigación, Angela Miechielsen, de los 45 casos enumerados en el informe de WSW, seis eran relevantes para la autoridad judicial por posibles delitos perseguibles. Entre ellos estaba el caso del sacerdote H., que había sido trasladado de Essen a Múnich en 1980. El sacerdote había sido condenado a una pena suspendida por abuso de menores por el Tribunal de Distrito de Ebersberg en 1986, pero posteriormente fue reintegrado a la atención pastoral de la parroquia.