La “oposición de castigo” que indigna a los médicos de Andalucía

Almudena Pérez lleva desde 2017 encadenando contratos de cuatro meses en el Hospital Carlos Haya de Málaga. Es radióloga especializada en oncología de cabeza y cuello y es la única que realiza ese tipo de biopsias en ese centro. Ha sacado la sexta mejor nota en su especialidad en las oposiciones que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) convocó en 2021. Después de una década formándose, en medio de la precariedad y hurtando horas a sus dos hijos pequeños para estudiar, creía haber alcanzado la ansiada y merecida estabilidad laboral. Sin embargo, Pérez, de 38 años, se está planteando renunciar a s...

Almudena Pérez lleva desde 2017 encadenando contratos de cuatro meses en el Hospital Carlos Haya de Málaga. Es radióloga especializada en oncología de cabeza y cuello y es la única que realiza ese tipo de biopsias en ese centro. Ha sacado la sexta mejor nota en su especialidad en las oposiciones que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) convocó en 2021. Después de una década formándose, en medio de la precariedad y hurtando horas a sus dos hijos pequeños para estudiar, creía haber alcanzado la ansiada y merecida estabilidad laboral. Sin embargo, Pérez, de 38 años, se está planteando renunciar a su plaza después de comprobar que en menos de una semana la Junta de Andalucía rectificaba el listado de destinos que había publicado en el boletín oficial —de 170 a 60―. Con esta medida, explica, el Gobierno andaluz ha reducido todas las opciones a los hospitales comarcales y a plazas de difícil cobertura donde ella, además de tener imposible la conciliación familiar, no va a poder desarrollar una actividad a la que ha dedicado toda su trayectoria.

“El trabajo que yo hago no se realiza en un hospital comarcal. Suena a que nos están utilizando para arreglar el problema que tiene el SAS para cubrir los puestos en los hospitales comarcarles, pero lo que están haciendo es despoblar a los grandes hospitales de referencia de profesionales altamente cualificados y que han invertido mucho tiempo en formarse”, se queja Pérez. “Es una oposición de castigo porque no se premia al mérito”, remacha. Esa sensación de injusticia, malestar, desilusión y rabia es compartida por casi 500 médicos que han constituido la plataforma OPE de Castigo para reclamar a la Consejería de Salud explicaciones por “los cambios repentinos y las irregularidades” en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2021 y una solución justa. A los recursos administrativos particulares y colectivos se suma la preparación de una demanda que presentarán en los próximos días contra el SAS.

La Junta convocó en 2021 oposiciones para una veintena de especialidades y entre el 9 y el 10 de enero de este año publicó los destinos para radiodiagnóstico, anestesiología, nefrología, anatomía patológica y rehabilitación. La amplitud de plazas recogida —589― en las que se incluían los principales hospitales de referencia, sorprendió a todos. Una semana más tarde, el 17 de enero, a través de su página web, el SAS informaba de una corrección en los destinos, eliminado de un plumazo 337 plazas (el 57,2%), la mayoría en los centros hospitalarios de las capitales de provincia.

“Nos dimos cuenta de que habíamos incluido por error parte de las plazas que debían corresponder al concurso de traslado y si se hubieran ofertado se hubiera mermado el proceso de los profesionales de mayor antigüedad”, explica a este diario Carmen Bustamante, directora general de Personal del SAS.

Las formas del SAS sorprendieron a los aprobados, que vieron reducidas sus opciones de la noche a la mañana y por un conducto que no era el oficial. Entre el viernes pasado y este lunes, el SAS oficializaba en el BOJA su corrección oficiosa, abocando a un centenar de profesionales a optar por aceptar una plaza a centenares de kilómetros para ejercer una actividad que nada tiene que ver con todo aquello para lo que han estudiado; renunciar a ella y a la estabilidad; o solicitar una excedencia y acabar en la sanidad privada para, al menos, poder atender a la conciliación y seguir con su formación.

“Entiendo que los profesionales estén disgustados y solo puedo pedir disculpas porque hemos creado unas expectativas que luego se han visto mermadas”, reconoce Bustamante, quien puntualiza que “es muy complicado que los profesionales que han realizado su residencia en un centro puedan quedarse en el mismo tras un proceso competitivo”. “Si ofertamos solo en las grandes capitales, descapitalizamos los hospitales comarcales y la población que vive en las zonas periféricas tiene derecho a recibir esas prestaciones sin tener que desplazarse”, abunda.

La Consejería de Salud anunció este martes un concurso de traslados extraordinario de 14.300 plazas para profesionales fijos con el que pretendía acallar el malestar de los especialistas. Estos, sin embargo, lo consideran “un chantaje” al entender que les obliga a elegir las plazas en hospitales comarcales para poder luego regresar a uno de referencia. Alegan, además, que no hay garantías de que haya destinos libres suficientes.

“Es una trampa porque nos obligan a elegir a cambio de una promesa de traslado sin saber plazas exactas ni destinos, y si renuncia, el especialista se enfrenta en la siguiente oposición a un baremo que prima la antigüedad por encima de la formación, las tesis... No somos fichas de parchís”, señala uno de los coordinadores de la plataforma. “Se está maltratando a los profesionales para resolver una situación que, sin embargo, va a ser mucho más caótica, porque muchos van a renunciar a la plaza en los comarcales, manteniendo el desabastecimiento de personal, para seguir en un puesto precario. Si hay problemas en los comarcales habrá que plantear incentivos, no utilizar la meritocracia para llenarlos”, advierte.

150 kilómetros diarios

Laura Gámez, nombre supuesto, lleva semanas deshojando la margarita y el tiempo se le acaba porque tiene que decidirse el 31 de enero. Esta almeriense de 42 años lleva 10 como anestesióloga pediátrica en el hospital Niño Jesús de Madrid. La precariedad laboral en esa comunidad y la posibilidad de regresar a su tierra y contar con apoyo familiar para cuidar de sus dos hijos la animó a presentarse a las oposiciones en Andalucía. “El 10 de enero sacaron los listados, 248 plazas. Tenía buena posición y me puse en contacto con el jefe de servicio del Carlos Haya en Málaga, hablamos hasta de incorporarme tanto a infantil como al maternal, pero una semana después y a través de la web del SAS vi que en la corrección de errores los destinos se habían reducido a 98 y se había eliminado el Carlos Haya”, explica. “Voy a tener que elegir porque, si no, me voy a quedar sin nada, pero ahora mis opciones se reducen a un hospital comarcal en Almería donde no voy a poder evolucionar en mi carrera o pedir una excedencia y seguir en Madrid”, cuenta.

Jaime Lucas (tampoco es su verdadero nombre), de 46 años, es anestesiólogo en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Él llegó a elegir destino en los días previos a la corrección en el SAS, pero las opciones que marcó, entre ellas el hospital en el que lleva desde 2016, han quedado anuladas. “Mi situación es de total angustia. Yo ya renuncié a la plaza que aprobé en 2018 por conciliar y ahora me encuentro en una inseguridad jurídica absoluta”. Para la plataforma, su caso es un ejemplo flagrante de vulneración de los principios de igualdad y no discriminación. “Los que hicieron la solicitud telemática entre el 10 y el 16 de enero pudieron realizar la selección entre las 248 plazas de los 27 hospitales de Andalucía”, explica el portavoz. “Yo ya estuve tras el MIR en un hospital comarcal recorriéndome 150 kilómetros diarios, volver a eso no me motiva”, abunda.

La situación de Ana López, también nombre ficticio, no es mucho mejor. Tiene 40 años, dos hijos y lleva ocho como radióloga en el Hospital San Cecilio de Granada. Ha sido la número uno de su oposición, pero no podrá ejercer en esa provincia, porque en ese territorio no se han ofertado plazas. El lugar más cercano es Ronda (Málaga). Tenía todas las esperanzas puestas en estas oposiciones para conseguir la tranquilidad de no tener que estar esperando a la renovación de su contrato cada cuatro meses.

Su incertidumbre y desilusión también la comparte Carlos Conde, nombre supuesto, rehabilitador de 36 años en el Reina Sofía de Córdoba. En una semana vio cómo sus 61 opciones para escoger destino se reducían a 29. “Si quiero quedarme en Córdoba tendrá que ser en un comarcal y, si no, tendré que irme a otra provincia. La decisión es complicada”, reconoce. Si todos los compañeros que han aprobado se van será muy complicado que sus especialidades sean cubiertas por profesionales cualificados. El perjuicio que el vacío de profesionales en los hospitales de referencia puede provocar en los usuarios de la sanidad pública es otro de los problemas sobre los que advierten desde la plataforma. “Cuando trasladan a comarcales a especialistas de un hospital de referencia, se está dejando un hueco asistencial”, advierte el coordinador.