“Acaban destruyendo tu vocación”. Los médicos andaluces también se manifiestan contra “el deterioro continuado” de la sanidad pública

Ana Martínez —que pide que no se dé su nombre real― inicia su jornada en un centro de salud del Campo de Gibraltar (Cádiz) con 35 citas en su agenda, entre presenciales, telefónicas y visitas a domicilio. Pronto constata, y es algo habitual, cómo el número de pacientes no hace sino crecer entre los que vienen por urgencias y los que se le derivan de compañeros que están de baja, vacaciones o se han tomado el día para asuntos propios. “A eso hay que sumar las llamadas que te entran desde el laboratorio porque te avisan de que la analítica de un paciente está por las nubes, las que te piden que ...

Ana Martínez —que pide que no se dé su nombre real― inicia su jornada en un centro de salud del Campo de Gibraltar (Cádiz) con 35 citas en su agenda, entre presenciales, telefónicas y visitas a domicilio. Pronto constata, y es algo habitual, cómo el número de pacientes no hace sino crecer entre los que vienen por urgencias y los que se le derivan de compañeros que están de baja, vacaciones o se han tomado el día para asuntos propios. “A eso hay que sumar las llamadas que te entran desde el laboratorio porque te avisan de que la analítica de un paciente está por las nubes, las que te piden que reajustes dosis de medicamentos, las de la inspección…. Con suerte te pones en 50 diarias”, explica. Pero a ella, más que la extenuación por las consultas incesantes, lo que más le preocupa es el escaso tiempo que puede prestar a sus visitas. “Te están contando algo que puede ser indiciario de un problema de salud mental y ves que tienes que interrumpir porque te suena el teléfono… Estamos halando de la salud de las personas y no están apostando por los médicos”, se lamenta.

Esa frustración que raya en la indignación es la que van a trasladar este sábado en las calles de Sevilla, Huelva, Granda, Cádiz y Algeciras que congrega a todos los sanitarios del Campo de Gibraltar los profesionales convocados por Marea Blanca a una manifestación que bajo el lema Por tu salud, quiere alertar sobre el deterioro continuado de la sanidad pública en Andalucía. La atención primaria colapsada, un tiempo de demora presencial de más de 10 días de media, más de 800.000 andaluces en lista de espera —uno de cada 10―, la renovación en el aire de los 12.000 profesionales cuyo contrato covid expira el 31 de diciembre, cuando hay déficit en la plantilla de médicos, y el incremento de las derivaciones de pacientes a la sanidad privada son las principales reivindicaciones de los promotore. Los principales sindicatos de base, los partidos a la izquierda del PSOE — cuyos dirigentes han decidido sumarse a título particular―, y una veintena de organizaciones de la sociedad civil, han secundado las movilizaciones.

“La situación no es igual a la de Madrid, porque allí el ataque a los profesionales es más intenso, pero aquí vamos por el mismo camino”, señala José Antonio Brieva, miembro de Marea Blanca y antiguo jefe de servicio del Servicio Andaluz de Salud (SAS). “Necesitamos más médicos y enfermeros en los centros de salud, pero es que también se ha perdido la medicina comunitaria. Las listas de espera se resuelven contratando a más profesionales y abriendo hospitales por la tarde, eso supone un gasto de 350 millones de euros, pero la administración prefiere destinar ese dinero a conciertos. Su decisión no es técnica, sino ideológica y política, porque quieren beneficiar al sector privado”, abunda.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, nunca ha escondido su deseo de seguir la estela de Isabel Díaz-Ayuso y equipararse con la Comunidad de Madrid en materia de política fiscal, pero cuando se hace referencia a una posible comparación en cuanto a la gestión sanitaria, rehúye cualquier tipo de símil. Días después de la multitudinaria manifestación en defensa de la sanidad pública en la capital de España, el dirigente popular pedía a los convocantes de la marcha del 26-N en Andalñucía que evitaran “contagios innecesarios o que no sean justos”, en alusión a las protestas de Madrid, asegurando que el problema “es común” en todo el país.

El modelo Ayuso avanza en Andalucía

Los datos incorporados en los presupuestos autonómicos de 2023, aprobados el pasado miércoles en el Parlamento andaluz, o los informes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) apuntan a que el modelo Ayuso avanza en Andalucía. Las cuentas regionales contemplan un considerable aumento de pacientes derivados a hospitales concertados. Para el año que viene se ha contemplado el traslado de 245.000 pacientes, un 25,16% más que en 2022 (195.745), y un 42,78% más que en. 2018, los últimos presupuestos aprobados por el PSOE. Las derivaciones para intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados también se disparan respecto de las de este año. De las 82.214 previstas en 2022 se han programado 127.782 para 2023, un 55,42% más. Un porcentaje que se eleva al 112,97% si se compara con 2018. Los estudios diagnósticos en hospitales concertados se duplican para el año que viene, pasando de 202.217 a 486.001. Las hemodiálisis concertadas se incrementan en un 58,35% para 2023, donde se prevé atender a 722.10 pacientes, frente a los 456.204 de 2022.

“La Junta ha renunciado a privatiza a lo bestia, cediendo la gestión de hospitales públicos a manos privadas, pero lo están haciendo sibilinamente”, sostiene Luis González, portavoz de la Federación de Servicios Sociales de CC OO en Andalucía, que aporta el dato de que en los últimos cuatro años se han incrementado en un 33% las partidas presupuestarias para externalizaciones y conciertos. González alerta también sobre lo efectos perversos que la derivación de los pacientes tiene para la formación de estudiantes MIR. “En Traumatología en Málaga no pueden cursarse las prácticas porque todos los pacientes están en hospitales privados y esto dificulta la formación de nuestros futuros médicos”, señala

El informe sobre la Privatización Sanitaria de las Comunidades Autónomas de 2022, elaborado la FADSP, sitúa a Andalucía entre los territorios con un grado intermedio de privatización, en el sexto lugar por detrás de Galicia en un listado que encabeza Madrid. En este último año solo ha avanzado tres posiciones, pero desde 2020 había subido ya otros siete, convirtiéndose en la región que más rápido ha escalado en este tiempo. “El deterioro de la sanidad pública está planificado y orquestado, no es nada causal”, opina Marta García Caballos, médico de familia de Granada y una de las impulsoras de la manifestación convocada este sábado en esa ciudad. Con todo, lo que más acucia a los profesionales sanitarios es el caos en la atención primaria y el limbo en el que se encuentran ahora mismo los 12.000 profesionales sanitarios cuyo contrato covid expira el próximo 31 de diciembre.

“Están haciendo juegos malabares con ellos”, afirma González. “Hay una gran indefinición por parte de la Junta, en la mesa sectorial se nos dice que depende de lo que diga Hacienda, luego que seguro que los renuevan, pero que no saben cómo, después que no habrá problema porque están en la bolsa de contratación…”, abunda. “Nos preocupa su futuro, porque forman parte de la estructura del SAS, aunque tengan contrato covid, están cubriendo otras funciones muy distintas”, abunda Brieva, que recuerda que la Junta no puede quejarse de falta demédicos, cuando en octubre del año pasado decidió prescindir de otros 8.000 facultativos.

Un plan de refuerzo fallido

Esos 12.000 profesionales se antojan indispensables para poder seguir prestando un servicio que en el caso de la atención primaria se realiza en condiciones insoportables para los profesionales. “El problema aquí es un fallo de organización brutal. Nos vamos pareciendo a Madrid, pero por la desorganización”, alerta Antonio Macias, secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de UGT Andalucía. Macías apunta al plan de refuerzo de atención primaria que la Junta anunció a principios de este año para tratar de atajar la tensión en el sector y que incluía una novedosa consulta de acogida en el que los enfermeros se encargaban de decidir, en el caso de los pacientes que acudían a un centro de salud sin cita, si debían ser atendidos por el médico o podían irse a su casa. Con ello se pretendía reducir las listas de espera de 3,4 días, que era la media, a 72 horas y el número de pacientes por médico a 1.500, además de garantizar que el tiempo medio por consulta iba a ser de ocho minutos

“No ha servido para nada, en mi centro de salud lo han suprimido. Al enfermero se le exige que haga funciones de médico y ni está capacitado ni muchas veces quieren”, explica Martínez. La médico también advierte de que la continuidad asistencial —las consultas voluntarias por la tarde― otro de los servicios estrella que abanderó el SAS para reducir las listas de espera se están pagando como horas extra, esto es muy por debajo de la hora ordinaria. “Los tiempos medios de espera de entre 10 y 15 días de media, evidencian”, de acuerdo con Macías, “el fracaso de la propuesta de la Junta”.

García Caballos considera que el programa adolece de buenos gestores que consigan descargar de todo el trabajo burocrático a los profesionales. “Si hago papeles no veo a pacientes. Si no hay dinero ni médicos, tratemos de gestionar de manera eficaz la actividad de los médicos, en lugar de adoptar medidas cosméticas”, añade. “Estas iniciativas no son malas a priori”, sostiene Eladío Jiménez, profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada. “El problema es que tenemos un déficit de médicos. Los que están en edad avanzada, que son un tercio del total y los que se van fuera porque aquí las condiciones económicas y laborales no son buenas. Hemos estado viendo la Sanidad como un gasto, cuando realmente debería ser contemplada como una inversión”, abunda.

En el manifiesto de Marea Blanca se denuncia la falta de médicos y profesionales en los centros de salud. Brieva explica que harían falta 4.000 profesionales en atención primaria: “1.200 médicos, 1.800 enfermeros y otros 1000 trabajadores en otras categorías”, enumera. Un incremento de personal que se podría sufragar con 350 millones de euros. 10 millones menos que la cantidad que Moreno aseguró a la vuelta del verano, cuando anunció la supresión del Impuesto de Patrimonio, que sería de la que podrían disponer los andaluces en sus bolsillos tras la última rebaja fiscal.

Crece el gasto farmacéutico tras la supresión de la subasta de medicammentos

El Gobierno andaluz es muy consciente de los efectos que las movilizaciones de los sanitarios pueden tener en la acción de Gobierno. No solo tienen que mirar a lo que está pasando en Madrid. Tienen muy presente que en 2018 el desgaste ejercido por las protestas por el deterioro de los servicios públicos en la comunidad a los Ejecutivos socialistas fue clave es su histórica llegada al poder. Por eso apelan al récord en inversión en sanidad pública en la anterior legislatura —en buena parte gracias a los fondos covid― y a la herencia recibida del PSOE para contrarrestar los argumentos de los profesionales de la Sanidad.

La Junta argumenta que desde que el PP llegó al poder en 2019 se ha incrementado el presupuesto de Sanidad en 4.000 millones de euros, se ha elevado el gasto por sanitario por habitante en más de 460 euros y se han contratado a 30.000 profesionales más. “Las cuentas este año se han incrementado en un 18%”, concede Brieva. “Pero lo esencial es a qué se destina, si a elementos esenciales o a fuegos artificiales”, matiza de inmediato. Entre esos destinos “de artificio” los sindicatos coinciden en apuntar al incremento exponencial en el gasto farmacéutico derivado de la eliminación de la subasta de medicamentos. El gasto este año se ha incrementado en un 14,61%, pasando de 2.239 euros a 2.566, un 33,79% más que en 2018. “Se están tomando decisiones muy caras, pero sin ningún consenso de que mejoren la salud de la gente”, advierte García Caballos.

El Gobierno andaluz también esgrime que es el que más invierte en Atención Primaria, el 17,66%, pero desde el sector se recuerda que Andalucía sigue estando en segunda posición por la cola en cuanto a gasto sanitario por habitante: 1.459,43 euros. “Sigue siendo insuficiente, más si tenemos en cuenta la dispersión geográfica”, advierte Brieva. ara los sindicatos tampoco cuela ya el apelar a la situación heredada por el PSOE. “Ellos han tenido cuatro años para cambiar las cosas y han decidido pagar la exclusividad a los profesionales que trabajan en la privada en lugar de incentivar a los de los centros de salud que están en las zonas rurales”, abunda González.

“La atención primaria se ha degradado muchísimo. La vocación te la acaban destruyendo”, resume Martínez. Ella, con más de 20 años de carrera es la más joven de su centro de salud y avisa del otro problema que se cierne en el horizonte cercano que apuntaba el profesor Jiménez: “Nadie quiere ser médico de familia en estas condiciones y en cuatro años se jubilan cinco compañeros…”