Los límites de la nueva ayuda de 100 euros al mes para madres con hijos de hasta tres años: “Debería ser para todas”

Cuatro hijos y una madre soltera en paro. Esta es la situación en casa de Raquel Micha, que acaba de estrenar los 40 y prefiere usar su segundo apellido. No están atravesando su mejor momento. Recibe alimentos de Cáritas, acude a un ropero solidario y se pasa el mes haciendo números. Si el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 sale adelante, podrá beneficiarse de una ayuda de 100 euros al mes por su hijo pequeño, ...

Cuatro hijos y una madre soltera en paro. Esta es la situación en casa de Raquel Micha, que acaba de estrenar los 40 y prefiere usar su segundo apellido. No están atravesando su mejor momento. Recibe alimentos de Cáritas, acude a un ropero solidario y se pasa el mes haciendo números. Si el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 sale adelante, podrá beneficiarse de una ayuda de 100 euros al mes por su hijo pequeño, dado que se amplían los supuestos para acceder a la actual deducción del IRPF para madres trabajadoras con niños de hasta tres años. Tendrán derecho quienes hayan trabajado al menos 30 días desde el nacimiento del niño o cobren una prestación por desempleo, como es el caso de Micha. “A esas edades, con tantos gastos, cubrirá la leche y los pañales”, celebra. Pero la ayuda no llegará a quienes no hayan cotizado nunca, como María Camila Moncada, de 24 años y con dos hijos pequeños, ni tampoco a Chaimae Bouzid, con tres hijos, que lleva años sin cotizar. Las organizaciones de infancia reclaman que la ayuda sea universal, como en otros países europeos.

Unidas Podemos había defendido la universalidad, así lo había repetido en los últimos meses Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales, al hablar de la ley de familias que recogerá esta y otras ayudas. Pero en la negociación de los presupuestos con el PSOE no se llegó tan lejos. Se decidió ampliar la deducción existente desde hace años para las madres trabajadoras. Aun así, Derechos Sociales defiende que, si a lo pactado en las cuentas para 2023 se suma el complemento de infancia que cobran de oficio quienes perciben el ingreso mínimo vital y que además pueden pedir familias que no sobrepasen determinados ingresos (33.627 euros anuales para dos adultos con dos menores), se estaría cerca de la universalidad de cero a tres años. Las organizaciones y expertos consultados lo ven insuficiente, lamentan que precisamente la población que más lo necesita se ha quedado fuera de la nueva ayuda. Y señalan que los más pobres lo tienen más difícil por los trámites burocráticos.

A Raquel Micha se le acabó en febrero un contrato de ocho meses como telefonista y ahora ingresa 443 euros por desempleo. Su hija mayor tiene 15 años y una enfermedad crónica; el pequeño apenas dos. “Nos denegaron el ingreso mínimo vital porque vivimos en casa de mi madre y mi padrastro, somos dos unidades familiares”, cuenta. Ahora asiste a un curso de Cáritas Getafe de auxiliar comercial y quiere volver a trabajar. Recibe una ayuda para los libros de los niños, la prestación por hijo a cargo (de 49 euros al mes por niño, que desapareció al crearse el ingreso mínimo vital, pero las familias que lo percibían pueden seguir haciéndolo) y otra a través de la ley de dependencia. “La situación no es fácil”, dice esta española de origen ecuatoguineano. “Los 100 euros al mes me ayudarían bastante. Mi hijo ya está dejando los pañales, pero los usaría para el cambio de ropa y zapatos, para cualquier necesidad”. De las muchas que hay cuando se tienen niños.

Actualmente, las madres trabajadoras pueden aplicar esta deducción fiscal cuando realizan la declaración de la renta, o pueden pedir el reembolso por adelantado de los 1.200 euros (100 euros al mes) y después ajustar cuentas cuando hagan la declaración. Derechos Sociales recuerda que quienes tengan un empleo parcial pasarán a beneficiarse al 100%, no como ahora, y calcula que podría haber unas 250.000 nuevas beneficiarias. Sumadas al medio millón que perciben la ayuda en la actualidad, permitiría alcanzar una tasa cercana al 90% de mujeres con hijos de cero a tres años. Hacienda cifra en 274 millones el coste de la ampliación en los presupuestos de 2023.

Pero tanto María Camila Moncada como Chaimae Bouzid se quedan fuera. La primera porque nunca ha cotizado. Llegó con su marido de Colombia hace cerca de tres años y en este tiempo, sin más familia aquí, cría a sus hijos, de dos y cuatro años, sin ayuda externa. La segunda porque hace años que no trabaja, desde que tuvo al mayor de sus tres niños, que tiene problemas respiratorios e ingresa con asiduidad en el hospital. La opción que les queda es el complemento de infancia del ingreso mínimo vital (de 100 euros al mes para niños de hasta tres años; 70 de tres a seis; 50 hasta los 18), que además será incompatible con la deducción por maternidad: es decir, o se cobra una cosa o se cobra la otra. Pero la primera ni siquiera sabía que existe este complemento. “En servicios sociales nunca me han hablado de él”, dice. La segunda lleva desde marzo esperando una respuesta. “Me paso el día abriendo el buzón. Aún no sé si tengo derecho”. Hay más de 270.000 familias que lo perciben.

Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de Unicef, insiste en que debe haber una ayuda universal, que luego se complemente con políticas focalizadas a grupos vulnerables. “Es decir, que debería ser compatible con el ingreso mínimo vital”, reclama. Dice que el Gobierno “avanza en el buen camino”, pero “sigue habiendo límites”, aunque aún es preciso “conocer todos los detalles para acceder” a la ayuda. Insiste en la necesidad de que alcance, como mínimo, a todos los niños de hasta tres años. “Se evitan problemas burocráticos, la gestión puede ser inmediata. Las personas de bajos ingresos muchas veces no conocen las ayudas”, indica. El Ministerio de Inclusión ha calculado que el 38% de los potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital no han llegado a solicitarlo.

María Camila Moncada no sabía que existe el complemento de infancia. “No hay suficiente información de las ayudas, no sé ni dónde pedirlo”, añade. Al llegar a España, pidieron asilo, pero no se lo dieron. Consiguieron la residencia cuando nació su segundo niño. Ella participa en el mismo curso que Raquel Micha, de auxiliar comercial, y no ha logrado encontrar empleo: “Es difícil cuadrar los horarios y me descartan cuando se enteran de que tengo hijos”. Recuerda que los comienzos en España fueron “muy duros”. Pidieron comida a Cáritas. Después, su marido logró un empleo como técnico de fibra óptica, con un sueldo de unos 1.400 euros al mes. Pero le acaban de despedir. Están muy preocupados. Viven en Alcorcón, pagan 680 euros al mes, más los suministros, “que están súper carísimos”. Por eso cuando se enteró de que hay “una ayuda para madres trabajadoras, y no para todas”, no lo entendió.

El desconcierto que siente Moncada también lo experimentan las organizaciones de infancia. “Esperamos que en el trámite parlamentario se pueda lograr la universalidad de cero a tres años, y un compromiso de progresión anual”, apunta Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, que analizó junto a Unicef y Save the Children otros países y regiones de la OCDE. De los 23 estudiados, 17 tenían prestaciones universales o casi universales. En Alemania, recuerda Ibarra, asciende a 219 euros mensuales hasta los 18 años. En Irlanda es de 140 euros hasta los 16, aunque puede ampliarse hasta los 18 si siguen estudiando.

El grupo de expertos que realizó un análisis para reformar el sistema fiscal español recomendó al Gobierno que se estudie la propuesta de estas ONG, es decir, lograr una deducción fiscal reembolsable universal, no a través de la deducción para madres trabajadoras (la que se ha ampliado ahora), sino reformando otra: el mínimo por descendientes. “[La ayuda] debería estar ligada a la condición de menor, y no a la de madre trabajadora”, recalca Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá y miembro de ese comité. Fuentes de Derechos Sociales explican que se optó por modificar la deducción por maternidad “por ser la de mayor facilidad de gestión”.

La OCDE, en un informe en el que analizaba la protección a las familias en España encargado por el Gobierno, también instó a que se explorara la creación de una prestación universal. El País Vasco, donde no se aplica la actual deducción por maternidad (tiene su propio régimen tributario), ha anunciado a partir de 2023 una ayuda directa de 200 euros al mes por hijo de cero a tres años (el límite de renta es de 210.000 euros brutos para dos progenitores con dos hijos).

Save the Children reconoce los avances, pero reclama más. Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política, recuerda el elevado coste que supone la crianza (672 euros al mes por hijo, según esta ONG) y critica que “penalice la inactividad [de las madres], que en gran parte se debe a la poca oferta de cuidados o su precio inasequible”.

Chaimae Bouzid (31 años) tampoco tiene una red a la que acudir para poder conciliar. Su hijo mayor tiene seis, la pequeña va a cumplir cinco meses. Los problemas respiratorios del mayor lo llevan al hospital de vez en cuando, y ella ha llegado a dormir allí con todos sus hijos. Procede de Tánger, pero vive en España desde pequeña. Trabajó desde los 16 años, recogiendo limones, cuidando a ancianos. “Pero la enfermedad de mi hijo me ha hecho imposible seguir”. El subsidio se le acabó hace tres años y su marido ingresa unos 1.200 euros al mes con los que viven los cinco en Leganés. Save the Children la ayuda con ropa, comida. Más de la mitad del sueldo va al alquiler. “Lo primero son los gastos, los niños necesitan un techo, luz, agua. Necesitamos coche porque a veces me toca salir de madrugada al hospital”. Ahora está estudiando la ESO porque quiere ser auxiliar de enfermería. Pide que tramitar las ayudas sea más fácil, sin citas que se agoten enseguida y un complicado papeleo. “Estar esperando desde marzo [por el complemento de infancia] es muchísimo”, dice. Y reclama: “La ayuda [deducción por maternidad] debería ser para todas”.