Seis de cada diez ciudadanos viven en comunidades autónomas con servicios sociales debilitados

En España, 6 de cada 10 ciudadanos viven en comunidades autónomas que tienen unos servicios sociales débiles, según el Índice DEC 2021, un informe que ha presentado este miércoles la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Tras valorar una treintena de indicadores, el 61% con datos de 2020 y el resto de 2021, concluyen que la pandemia frenó la tendencia de recuperación que constataban desde 2016, “cuando tocaron fondo los recortes” tras la anterior crisis económica. Los servicios sociales se debilitan. Así, la puntuación media en el país, que se sitúa en 5,1, baja ...

En España, 6 de cada 10 ciudadanos viven en comunidades autónomas que tienen unos servicios sociales débiles, según el Índice DEC 2021, un informe que ha presentado este miércoles la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Tras valorar una treintena de indicadores, el 61% con datos de 2020 y el resto de 2021, concluyen que la pandemia frenó la tendencia de recuperación que constataban desde 2016, “cuando tocaron fondo los recortes” tras la anterior crisis económica. Los servicios sociales se debilitan. Así, la puntuación media en el país, que se sitúa en 5,1, baja respecto al 5,33 del anterior informe, presentado el año pasado. Tan solo cinco regiones mejoran (Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja) su calificación. La clasificación general la lidera Navarra (7,39) con la mejor puntuación y a la cola está la Comunidad de Madrid (3,07). Pese a que el gasto de las autonomías y entidades locales aumentó un 10% en 2020, algunos servicios permanecieron estancados o incluso retrocedieron. La asociación alerta de ineficiencias en el sistema y de grandes diferencias territoriales.

En el informe se puntúa, por un lado, la cobertura en una treintena de indicadores divididos en tres apartados (reconocimiento de derechos, inversión económica y cobertura de servicios), que incluyen por ejemplo el gasto público, las plazas en residencias o los acogimientos familiares de menores tutelados por la Administración. Paralelamente, se valora si alguna región es excelente en alguno de los tres ámbitos estudiados y, en ese caso, esta adquiere una mejor posición.

La calificación, por lo tanto, no es solo numérica, sino que también se ponderan otros aspectos. Por poner un ejemplo, los servicios sociales de Cantabria, Canarias, Murcia y la Comunidad de Madrid se consideran irrelevantes porque ninguna llega al cinco, ni tampoco a la excelencia en alguna de las tres dimensiones analizadas; y los de Castilla-La Mancha, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia, débiles, porque o superan el cinco sin ningún aspecto excelente, o no llegan al aprobado, pero sí son excelentes en alguna dimensión. 6 de cada 10 ciudadanos viven en alguna de estas comunidades.

En el nivel medio bajo están La Rioja, Baleares, Asturias, Extremadura, Aragón y Cataluña, y en el medio, Castilla y León y el País Vasco. Solo Navarra obtiene la calificación de alto. La asociación advierte, no obstante, de que el País Vasco aparece “desenfocado” en la foto, dado que es la única autonomía que no remitió algunos de los datos solicitados, y al no contar con esa información, probablemente se ha visto perjudicada en su puntuación.

“El sistema está estancado, o incluso en retroceso”, lamenta Gustavo García, coordinador del estudio. “El informe nos permite ver cómo salieron los servicios sociales del primer golpe de la covid, en 2020, que fue un año duro, dramático, excepcional. Hemos analizado el presupuesto liquidado: el incremento del 10% en el gasto, hasta superar los 14.600 millones de euros, no ha repercutido en un crecimiento similar en la cobertura de los servicios, posiblemente porque haya ido a atender necesidades imperiosas en aquellos momentos. Hubo que tomar medidas excepcionales que supusieron unos costes tremendos, especialmente en materia de personal, en residencias de mayores y de personas con discapacidad, y también en centros de personas sin hogar, por ejemplo”, explica. También ha habido “mayor necesidad de dar ayudas de emergencia social”, que no son servicios, “sino prestaciones puntuales a personas y familias” que lo necesitan.

José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, quien ha cuantificado en 8,5 millones de personas los usuarios del sistema, añade: “Justo cuando llega la mayor crisis social, los servicios sociales públicos, en lugar de situarse como una red o ascensor social para hacer que las personas más vulnerables tengan las garantías de una convivencia positiva y una inserción social, se debilitan. Están atrapados por la burocracia y la falta de presupuesto, porque el que hay es insuficiente”.

Esta es la octava edición del informe, la primera se presentó en 2012. Y año a año la asociación afea las fuertes diferencias entre territorios, que suponen “una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas”. La inversión en servicios sociales por habitante y año en el País Vasco (971,1 euros) triplica la de Murcia (317,4). Las administraciones públicas vascas destinan a los servicios sociales el 3,19% del PIB, el triple que en la Comunidad de Madrid (1,11%). En Asturias se dedica el 9,72% de los presupuestos de la comunidad y entidades locales del sector, mientras que en Murcia se invierte el 6,52%.

Todo ello repercute en los servicios. En Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos por cada 739 habitantes, mientras que la Comunidad de Madrid cuenta con uno por cada 5.515 habitantes, es decir, se multiplica el número de ciudadanos por 7,5. Para el conjunto del país, además, esta ratio ha empeorado en el informe de 2021 respecto al de 2020: un profesional por cada 2.064 habitantes, frente a uno por cada 1.875 un año antes.

Gustavo García se muestra preocupado por las “ineficiencias” que existen. “Gastar más no es necesariamente hacerlo mejor”, dice. “Estamos creando un sistema muy farragoso, muy complejo, y eso hace que los presupuestos a veces no se gestionen con la agilidad necesaria o que tengamos una sobrecarga de estructuras gestoras, cuando podrían dedicarse a estructuras prestacionales”. Y apunta que los mecanismos y procedimientos con los que se trabaja, en muchas ocasiones, ralentizan los plazos, como por ejemplo ocurre con la ley de dependencia.

En un año como 2020, que vivió el estallido de una pandemia que ha tenido a los mayores como el sector más afectado, puntualiza la asociación, el incremento de gasto (de una media de 406,3 euros por habitante en 2019 a 446,9 euros) no ha ido acompasado con una mejora en los servicios destinados a esta población. Las plazas residenciales financiadas por la Administración se mantienen prácticamente igual que el año anterior, como los centros de día y el servicio de teleasistencia. La ayuda a domicilio retrocede en su intensidad: 2,8 horas menos de media mensual, al pasar de 20,6 en 2019 a 17,8 en 2020.

El gasto en servicios sociales públicos alcanzó en 2020 el 1,88% del PIB, frente al 1,6% de 2019. Sin embargo, supone una menor proporción del presupuesto global de las comunidades autónomas y entidades locales, al pasar del 9,95% en 2019 al 7,78% en 2020. Esto se debe a que, por un lado, el PIB se contrajo debido al impacto de la crisis, lo cual hace que lo destinado a servicios sociales tenga más significación; y la crisis sanitaria y social hizo que el gasto de las administraciones públicas se elevara por encima del 10% de incremento en servicios sociales, de ahí que constituya un menor porcentaje.

La asociación destaca que en los últimos 10 años, cuando se han sucedido dos crisis económicas, hay una mejora en el reconocimiento de derechos, en inversión económica (el gasto por habitante y año ha aumentado un 26%) y en cobertura de servicios. Sin embargo, los servicios sociales públicos no han avanzado al ritmo requerido. Además, y pese a reconocer las mejoras presupuestarias en 2021, afea que en 2020 la Administración General del Estado no destinara “ayudas económicas extraordinarias” a los servicios sociales, en el marco del fondo de 16.000 millones aprobado por entonces, como sí se dedicaron a educación o sanidad. También critica, una vez más, la mala calidad de los datos en servicios sociales y llama a las administraciones a mejorarlos.