Japón, donde el hombre tiene la última palabra sobre el aborto de la mujer

La acusada estudiaba enfermería en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón, y tenía 21 años. La clínica a la que acudió cuando supo que estaba embarazada le indicó que no se le podía practicar un aborto si no tenía la autorización por escrito del progenitor. Ella había perdido el contacto con él, un antiguo compañero de escuela, y no pudo conseguir ese papel. Acabó dando a luz en un baño público. Asegura que perdió el sentido y que cuando lo recuperó el bebé estaba muerto. En pánico, abandonó el cuerpecito bajo unos arbusto...

La acusada estudiaba enfermería en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón, y tenía 21 años. La clínica a la que acudió cuando supo que estaba embarazada le indicó que no se le podía practicar un aborto si no tenía la autorización por escrito del progenitor. Ella había perdido el contacto con él, un antiguo compañero de escuela, y no pudo conseguir ese papel. Acabó dando a luz en un baño público. Asegura que perdió el sentido y que cuando lo recuperó el bebé estaba muerto. En pánico, abandonó el cuerpecito bajo unos arbustos. Fue detenida cuatro días más tarde. En el juicio, en mayo de 2021, fue condenada a una sentencia aplazada de tres años de prisión por dejación de cuidados y abandono de cadáver.

Japón permite la interrupción del embarazo en determinados casos, incluida la violación, o si el embarazo o el parto se prevén especialmente difíciles por razones fisiológicas o económicas. Pero la ley de Salud Maternal de 1948 también obliga a que la mujer cuente con el permiso del marido para poder someterse a un aborto. Un requisito que solo exigen un puñado de países en el mundo, como Arabia Saudí, Indonesia y Malawi. La Organización Mundial de la Salud y otros grupos internacionales recomiendan que se abandone esta práctica.

En teoría, la ley no aplica ese requisito a las mujeres solteras o divorciadas, algo que reiteró el Ministerio de Sanidad en 2012. Pero las clínicas suelen exigir la firma del padre del feto, ante el temor a que el hombre les lleve a juicio. Si una mujer falsifica la autorización —imitando, por ejemplo, la firma del padre— puede ser condenada a un año de prisión.

La autorización podría exigirse también incluso en el caso de que la mujer recurra a las píldoras abortivas, ilegales hasta ahora pero que el Gobierno se plantea permitir. “En principio creemos que el permiso conyugal es necesario, aunque un aborto sea inducido por un fármaco oral”, ha declarado en mayo ante un comité parlamentario Yasuhiro Hashimoto, director de la Oficina de Política Infantil y Familiar. “Es grotesco tener que pedir permiso a un cónyuge para tomar una pastilla”, contestaba la líder del Partido Social Demócrata en la misma audiencia. “¿Japón todavía vive en la Edad Media?”

“Los sentimientos de los varones importan más que los derechos de las mujeres”

“Los sentimientos de los varones importan más que los derechos, la salud o la felicidad de las mujeres”, denuncia Kazane Kajiya, de la campaña a favor de los derechos reproductivos de la mujer Safe Abortion Project Japan y autora de una petición en internet para modificar la ley nipona de modo que se elimine la necesidad del consentimiento del hombre. Hasta ahora, su llamamiento en varios idiomas —incluido el castellano— ha recabado más de 50.000 firmas.

“[Las mujeres] saben lo que quieren. Tienen el derecho de decidir qué hacer con sus cuerpos. Negarles ese derecho equivale a un abuso sexual perpetrado por la nación”, sostiene Kajiya, de 25 años, en conversación telefónica. “Japón no protege a las mujeres, lo que trata es de proteger sus cuerpos como propiedad pública y futuras incubadoras. Se nos trata como madres o futuras madres. Queremos el derecho humano de acceso a la contracepción y al aborto sin necesidad de que nadie nos dé permiso, pero Japón trata nuestros cuerpos como si fueran propiedad nacional”.

Su campaña, sostiene, ha abierto los ojos a muchas mujeres. “Sabemos que el aborto es legal en Japón, pero muchas no imaginaban que hubiera que pedir permiso al marido. Cuando se han enterado a raíz de mi petición, se han quedado boquiabiertas”.

Una de las razones por las que la ley no se ha modificado hasta ahora, considera la activista, es el escaso número de mujeres en la Dieta, el parlamento nipón. “Hay muy pocas mujeres en política. Se considera una cosa de hombres”. Aunque las cosas están cambiando —”Colaboro con varias legisladoras sobre este tema, y un partido político incluyó el cambio de la ley en su programa en las últimas elecciones”, comenta—, lo hacen lentamente, admite.

“No creemos que los hombres puedan decidir lo que las mujeres pueden hacer o no con sus cuerpos. Y debería dar igual que estén casadas o no. Debido a esta ley, hay mujeres que se han visto obligadas a seguir adelante con un embarazo no deseado porque algunos hospitales o clínicas les exigían mostrar el permiso de un exmarido, de hombres que eran depredadores sexuales o habían abusado de ellas, y ellas simplemente no podían pedirles esa autorización”, explica la activista. En esos casos, el requisito puede volver a traumatizar a las víctimas.

Víctimas de abusos

En respuesta a la creciente atención pública sobre ello, el Ministerio de Salud emitió una circular en 2019 a los médicos colegiados en la que recordaba que no es necesario pedir el permiso del hombre en caso de violación. Pero, por vergüenza, pocas mujeres denuncian a la policía que han sido víctimas: un libro blanco del Ministerio de Justicia de 2019 indicaba que solo un 14% de las víctimas de abusos sexuales lo habían denunciado a la policía en los cinco años previos.

Normalmente, según Kajiya, las mujeres que continúan adelante con el embarazo no deseado porque no cuentan con el permiso del hombre son “pobres, o muy jóvenes, que no saben a dónde acudir ni con quién hablar, y acaban dando a luz en baños públicos”, señala, en referencia al caso de la estudiante de Aichi.

En los 12 meses previos a marzo de 2019, se practicaron unos 160.000, entre ellos 13.588 a mujeres por debajo de los veinte años, según datos oficiales. En 2020 la cifra de interrupciones voluntarias del embarazo rondó los 140.000.

El permiso conyugal no es el único obstáculo para ejercer libremente el derecho al aborto, denuncia Kajiya. La píldora abortiva es aún ilegal en el país, aunque se plantea autorizar su uso. Hasta entonces, el método principal que se emplea es el raspado, para el que hay que esperar más tiempo antes de poder practicarlo, conlleva riesgos de complicaciones y es física y mentalmente más doloroso para la mujer.

La práctica, además, no está cubierta por los seguros médicos, por lo que la solicitante debe cubrir los costes de su bolsillo. Algo que no todas se pueden permitir. En el primer trimestre, las tarifas superan los 100.000 yenes (740 euros). El precio se dobla a partir de la decimosegunda semana, cuando pocas clínicas están dispuestas a practicar la operación.

Limitar el derecho al aborto no es algo que ocurra solo en Japón, recuerda Kajiya, en alusión a las iniciativas que se desarrollan para ello en países como Estados Unidos. “Los hombres intentan controlar a las mujeres para beneficiarse ellos, y utilizan la palabra ‘protección’ para que suene mejor. Pero no es mejor. Las mujeres tienen cerebro para pensar por sí mismas lo que quieren hacer y lo que les conviene. No hay nada que no puedan hacer sin un hombre. Y la sociedad tiene que entenderlo”.